El presidente de la Cámara, Jaime Perelló, dijo esta mañana que se encargará de que las personas responsables de archivar miles de querellas de maltrato a menores durante la pasada administración "le respondan al país" por haber dejado a esos niños y niñas indefensos.

"Esto no puede quedar impune y cualquier funcionario del gobierno pasado, empezando por la ex secretaria del Departamento de la Familia (Yanitsia Irizarry) y todo el personal que confabuló para esconder estas estadísticas poniendo en peligro la vida de miles de niños, y habiendo permitido que ese abuso continuara para presentar estadísticas frívolas rumbo a una elección, tienen que responderle al país y van a responderle al país", dijo Perelló a este medio.

"Y yo me voy a encargar desde la Cámara, que le respondan al país", puntualizó el líder legislativo luego de que trascendiera que el 11% de los casos investigados en la primera fase de la pesquisa sobre las querella de maltrato sin atender ante el Departamento de Familia (DF), fueron validados por trabajadores sociales de la agencia.

De 42,143 querellas que a principios de este año estaban sin atender ante el DF, la agencia ya ha investigado 4,605, de las que 570 fueron validadas como incidentes o patrones de maltrato, según publica hoy El Nuevo Día en su edición impresa.

"Es algo totalmente indignante que todo un gobierno y toda una agencia de gobierno llamada a proteger la vida y la integridad de los niños haya puesto por encima la politiquería para tratar de proyectar que son responsables escondiendo cifras cuando la realidad es que pusieron en peligro la vida de miles de niños en Puerto Rico, que incluso aumentaron su agonía de ser maltratados por quien se supone que los protegiera simplemente por esconder unas estadísticas que demostraban su fracaso en esta agencia de protección", puntualizó Perelló.

El líder cameral explicó que la investigación que realiza el DF ha sido posible, en parte, por una asignación de $1.5 millones hecha por la Cámara para la contratación de trabajadores sociales y otro personal necesario.

"Nosotros dividimos esto en dos áreas. Hicimos la famoso alianza 42 K, el task force en el que unimos a la secretaria de la Familia (Idalia Colón), los alcaldes, los tribunales, e identificamos $1.5 millones. $1 millón del presupuesto de la Cámara y medio millón que le dio la Administración de Derecho Laboral. Con ese dinero ellos contrataron gran parte de estos trabajadores sociales y equipo técnico que son los que están investigando estas querellas", indicó Perelló.

Como parte de ese esfuerzo, la Comisión de Bienestar Social y para la Erradicación de la Pobreza, presidida por la representante Luisa "Piti" Gándara, comenzará mañana, martes, una investigación sobre las más de 42,000 denuncias o querellas de maltrato que no se investigaron en la pasada administración.

Perelló adelantó que la actual secretaria de la Familia será la primera deponente. "Vamos a indagar sobre los responsables con miras a que cualquier persona que haya formado parte de este esquema, que es indignante, va a tener que pagar por sus acciones, que pusieron en peligro la vida de miles de niños y extendieron su agonía por la incapacidad y por la visión, hasta cierto punto politiquera, de los pasados ejecutivos o miembros del DF empezando por la ex secretaria", puntualizó.

La resolución 106 que faculta esta investigación fue radicada por Perelló el pasado 9 de enero y aprobada por la Cámara el 19 de febrero.

 La Cámara también creó un task force o grupo de trabajo para atender la problemática del abuso sexual de menores. Ese task force tendrá mañana su tercera reunión enfocada en la creación de un protocolo uniforme para atender este tipo de casos.

 "Actualmente, la Policía, el Departamento de Salud, el Departamento de Educación, el Departamento de la Familia, cada cual tiene protocolos diferentes para atender un caso de posible patrón de abuso infantil. En muchas ocasiones un niño tiene que pasar por 10 entrevistas para explicar lo mismo y se extiende la agonía", señaló.

 Agregó que ese task force también creará una campaña mediática de servicio pública sobre cómo identificar patrones de abuso infantil. "Y ya pronto deberemos tener una serie de legislación de consenso para atender el problema", indicó.

De igual forma, indicó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) le otorgará $4.5 millones adicionales al DF "para contratar técnicos y trabajadores sociales para atender estos casos de maltrato y abuso de niños".