El expresidente de la Cámara de Representantes Jaime Perelló Borrás dijo hoy que un regreso suyo al ruedo político no está atado al caso que tiene pendiente junto a otros coacusados en relación al contrato por $482 mil otorgado el pasado cuatrienio a la empresa 3 Comm Global del exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD) Anaudi Hernández, para cambiar el cuadro telefónico de la cámara baja.

“En la vida las cosas terminan cuando terminan, pero la realidad es que nada de lo que está pasando aquí (en el caso) está ligado para yo tomar una determinación política. Aquí lo que esto significa es devolverle la tranquilidad a mi familia, obviamente, aquí está el apellido de mis hijos, al fin y al cabo. Así que eso es lo más importante ahora. Después Dios definirá dónde uno está, pero no tiene nada que ver con eso (el caso)”, dijo Perelló, tras comparecer a una vista sobre el estado de los procedimientos del caso en la sala 605 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Lo acompañaba su esposa, Rosa Vicente.

Contra Perelló pesan cinco cargos de intervención indebida en las operaciones gubernamentales, uso del cargo para beneficio propio, malversación de fondos públicos y violación a la Ley para el Financiamiento de Campañas. 

El exlegislador indicó que confía en que prevalecerá y dijo que el caso, que se radicó en 2017 y que está pendiente de vista preliminar, ha sido largo y duro.

“Yo no he cometido delito y jamás he defraudado al erario público, pero el proceso no deja de ser muy duro para mí y para mi familia. Es como que la vida no termina de entrar a su curso nuevamente, pero nada, los tiempos no son de uno y, al fin y al cabo, nosotros estamos muy tranquilos y no importa lo que dure, sea un año o tres años, el resultado va a ser el mismo”, sostuvo Perelló.

Tras su salida del gobierno, el afiliado al Partido Popular Democrático (PPD) labora como vendedor en el sector privado.

Mientras tanto, la vista preliminar sigue detenida por dos apelaciones ante el Tribunal Supremo. En una, el fiscal especial independiente (FEI) Ramón Mendoza impugnó el dictamen del Tribunal de Apelaciones a favor de Glen Rivera Pizarro, uno los coacusados, quien alegó que las acusaciones estatales en su contra constituyen doble exposición porque fue convicto en el foro federal por los mismos hechos.

La segunda apelación fue instada por Ángel Muñoz Nolla, otro de los coacusados, quien cuestionó la jurisdicción del FEI porque no es funcionario público.

Hoy, la jueza que tiene asignada la vista preliminar, Ada López Santiago, reprogramó otra vista sobre el estado de los procedimientos para el próximo 27 de agosto, a las 2:00 de la tarde, en espera de que para esa fecha el Tribunal Supremo haya resuelto las controversias de derecho.

El FEI Mendoza y la fiscal delegada, Leticia Pabón, sostienen que “no hay doble exposición ni cosa juzgada” porque los delitos que le imputan a Rivera Pizarro a nivel estatal “son distintos”.

La defensa de Perelló, encabezada por el licenciado José Andreu Fuentes, alega que “por estos mismos casos las autoridades federales investigaron al expresidente de la Cámara y determinaron que no había cometido ningún acto ilegal”.

El FEI le imputó a Perelló otros cinco cargos por no reportar a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) un donativo de $10 mil en efectivo que el convicto Lutgardo Acevedo alega que le dio en una bolsa al exlegislador para su campaña política de 2012, pero fueron desestimados.

Los coacusados en la vista preliminar son: Glenn O. Rivera Pizarro, José M. Carrión y Xavier González Calderón, quienes enfrentan cargos por extorsión, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento injustificado e intervención indebida en las operacionales gubernamentales. A Muñoz Moya, quien era parte del comité de finanzas de Perelló, se le acusa de aportar $10,000 a la campaña del exlegislador, el mismo día en que firmó un contrato con la Cámara.