Personas cuadrapléjicas en silla de ruedas, otros ciegos, utilizando bastones realizaron hoy en la plazoleta norte del Capitolio lo que denominaron como el “Maratón de la justicia”, en reclamo de ser escuchadas y de que se hagan cumplir las leyes que les cobijan.

La emotiva actividad fue organizada por la Coalición Amplia de Diversidad Funcional por la Igualdad (CADFI), que agrupa a varias organizaciones representativas de personas con impedimentos físicos.

Reclamaron al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que nombre a los tres representantes del consejo directivo de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) y a la Asambla Legislativa que investigue sus denuncias en torno a la Administración de Rehabilitación Vocacional.

“Nos cansamos ya de decirle al gobierno qué era lo que tenía que arreglar. Cada año venimos con protestas y propuestas, pero no se atienden. Nosotros decidimos hacer un acuerdo colaborativo con un bufete de abogados federales, Vélez Law Group, para que se lleven acciones a nivel federal. Ya se han radicado nueve casos por barreras arquitectónicas, entre ellos, (contra) la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), el Municipio de Toa Alta y algunas empresas privadas que incumplen con la Ley ADA (Ley de Estadounidenses con Discapacidades)”, dijo el presidente del CADFI, David Figueroa en una conferencia de prensa frente al Capitolio.

“Estamos haciendo lo que no hace la Defensoría de Personas con Impedimentos (DPI), lo que no hace el gobierno, nosotros que no recibimos ni un solo centavo a nivel federal ni a nivel estatal, hacemos todo el trabajo voluntario y ese es el mensaje contundente que queremos llevar hoy. Vamos a seguir fiscalizando porque el gobernador de Puerto Rico tiene un deber y una obligación al amparo de la Ley 158 de 2015 de hacer tres nombramientos a la DPI y no lo ha hecho. Esta oficina está descabezada al no tener un consejo directivo debidamente constituido se encuentra por la libre, archivando nuestras querellas y nuestra población, desamparada. Esa es la responsabilidad del Gobernador”, sostuvo.

También dijo que a la Legislatura le han solicitado varias investigaciones, pero tampoco se han hecho.

“Escogimos este lugar porque esta es la casa de las leyes y se supone que aquí se hagan las leyes y que se hagan valer las leyes. Nosotros no estamos pidiendo que se hagan leyes, estamos pidiendo que se hagan valer las existentes, que no lo hacen y que llevamos años reclamando”, indicó Figueroa.

Reclamó que la Ley ADA, la Ley 232 (Carta de Derechos de Personas con Impedimentos) y la Ley 158 de la DIP “no se están cumpliendo”.

La ley 158 establece que entre el consejo directivo de nueve personas se nombre una terna de personas que trabajen con la comunidad de personas con diversidad funcional. “Esas personas no se han nombrado desde hace años. El consejo directivo es el que fiscaliza la DIP y al tener un director interino con un nombramiento vencido esa agencia está al garete como dicen por ahí”, agregó,

“Cabe señalar que cuando se habla de esos nombramientos para la Defensoría, el señor Gobernador no puede negar que tiene conocimiento porque esa información se le hizo llegar por escrito solicitándole que esos tres nombramientos para que esa oficina, que tiene el deber ministerial de velar y proteger los derechos nuestros, se cumplan y al día de hoy después de haberle enviado toda la información ha hecho caso omiso”, reclamó Mirta Colón Pellicier, en representación de las personas con diversidad funcional de Vivienda Pública y secretaria del CADFI.

También dijo que han solicitado de la Legislatura una investigación sobre la Administración de Rehabilitación Vocacional. “Hemos estado compartiendo información con algunos legisladores los cuales han citado a vistas oculares, pero no ha habido frutos”, sostuvo Colón Pellicier. Agregó que no se ha aprobado una resolución para dar paso a la investigación.

Edwin Cintrón, del programa radial Pa,lante Sin Barreras dijo que la DPI incumple “con su deber ministerial pues en 30 años solo ha llevado un caso a nivel federal”. Indicó que hay varios municipios que están en incumplimiento con las calles y aceras libres de barreras y mencionó que actualmente, está activa una demanda contra el municipio de Toa Alta..

Dalia Vázquez, una mujer de 49 años, a quien una bala perdida dejó cuadrapléjica “por vida”, denunció que a pesar de su condición se le requiere renovar su carnet de persona con impedimentos físicos cada cuatro años.

“Es mucho lo que tenemos que pasar… En el área de transportación tenemos unos carnets, pero deben tener unas clasificaciones. Si yo tengo una condición de por vida, que ya yo llevo 27 años, por qué me someten a una evaluación con un especialista para que certifique mi condición para poder renovarlo. Digitalmente no me lo hacen, yo tengo que personarme al lugar. En mi caso me requieren renovarlo cada cuatro años y son gastos. Ahora mismo, yo hice tres citas, en dos de ellas, el personal tenía COVID y para la tercera me dieron un boleto que tuve que pedir una cita en el tribunal para que me consideraran eliminar la infracción”, sostuvo Vázquez.

Relató que el 9 de abril de 1996, un domingo de Pascua a las 4:00 de la tarde, se encontraba en el Malecón de Guánica con su hija y sus padres cuando fue impactada en el cuello por una bala perdida le partió la carótida y la fracturó las cervicales.

Como parte del maratón hubo competencias, en las que los ganadores, serían premiados con pavos. Hubo carreras entre personas con impedimentos visuales, utilizando bastón en la Plaza de la Democracia, mientras que en la avenida que discurre frente al Capitolio, las carreras eran entre personas en sillas de ruedas eléctricas y manuales.

El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Persona con Impedimentos Físicos, pero los miembros del CADFI decidieron adelantar la conmemoración para hoy, 22 de noviembre “con el Maratón de la Justicia”.