El senador y salubrista José Vargas Vidot denunció hoy que no se está cumpliendo con la orden ejecutiva que instruye a los secretarios de Familia, Vivienda y Salud a establecer centros para asistir a las personas sin hogar en Puerto Rico durante la emergencia del COVID-19.

“Estoy agradecido de que la gobernadora (Wanda Vázquez Garced) haya presentado formalmente su orden ejecutiva 2020-25, pero le he pedido a los compañeros del Senado que me apoyen en una legislación de emergencia que le dé operacionabilidad a ese papel porque para mí esa orden no ha tenido ni siquiera el ánimo de ser ejecutada”, expresó Vargas Vidot en entrevista telefónica con Primera Hora.

La orden ejecutiva, que fue promulgada el pasado 17 de marzo, dispone que estos centros de asistencia deberán proveer como mínimo, diagnósticos y cuidados médicos básicos, instalaciones para aseo personal, lavado de ropa, alimentación y otros servicios a las personas sin techo en el País.

El senador independiente dijo que Iniciativa Comunitaria fue consultada para la orden ejecutiva y que algunos de sus recomendaciones fueron incluidos, pero destacó que “eso no ha tenido ninguna consecuencia”.

“A mí no me gustaría pensar que estaba premeditadamente destinada a quedarse en el papel porque no me acordé en ese momento que a quien esa orden hace responsable del cumplimiento de la misma es al Departamento de la Familia, que para mí es inexistente, y al Departamento de Vivienda, que no tiene que ver nada con las personas sin hogar, sino con las personas en vivienda pública”, sostuvo.

“Nuestro grupo, incluyéndome a mí, hemos estado en las calles todos los días, asumiendo la responsabilidad que se supone que se asuma a través de esta orden, inclusive arriesgándonos y también hemos tenido algunas dificultades con la Policía porque algunos no entienden que por esa orden los que trabajamos en Iniciativa Comunitaria tenemos el espacio abierto para hacer intervenciones porque somos un proyecto de control de epidemias desde hace 37 años. Nosotros surgimos con el VIH. Hemos trabajado Hepatitis, Hepatitis B, C, Cólera y Malaria en otros países”, relató el salubrista.

Dijo que trabaja en legislación de emergencia para que las disposiciones de la orden ejecutiva se establezcan mediante ley y se incluya a las organizaciones de base comunitaria en la coordinación de los servicios. Añadió que espera radicar la medida en la próxima sesión del Senado programada para el martes próximo. “Lo que espero es que no me hagan lo mismo que me han hecho en estos días que es desbaratarme mis piezas para luego recomponerlas a nombre del PNP”, expresó.

Vargas Vidot dijo que la orden ejecutiva estima que en Puerto Rico hay unas tres mil personas sin hogar, pero sostuvo que por su experiencia en las calles la cifra debe rondar entre 20,000 a 23,000 personas.

La orden ejecutiva dice que, conforme al conteo requerido por el Departamento de la Vivienda federal, en 2019 en Puerto Rico había más de 2,535 personas sin hogar y que gran parte de este grupo de personas tiene más de 60 años.

Dispone que las necesidades de esta población se deberán tener en consideración de manera sensible, al momento de hacer cumplir el toque de queda vigente, de 9:00 de la noche a 5:00 de la mañana, y se ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Departamento de Hacienda a liberar cualquier fondo disponible, según identificado, para reembolsar y sufragar los gastos relacionados con estas disposiciones.

La orden establece que el Secretario de la Familia, en estrecha coordinación y colaboración, con los secretarios de Salud y Vivienda, establecerán un protocolo para la provisión de servicios médicos a las personas sin hogar que pudiesen padecer de COVID-19, al igual, que espacio para cuarentena y aislamiento de las personas sin techo de los que se tenga sospecha o evidencia de contagio con la enfermedad.

También ordena al Departamento de la Familia a trabajar en coordinación con las agencias e instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico, las organizaciones comunitarias, los gobiernos municipales, el gobierno federal, el tercer sector, el sector privado y organizaciones sin fines de lucro para desarrollar iniciativas que permitan la adecuada y pronta implementación de las disposiciones establecidas en el decreto ejecutivo.

También, se autoriza al Departamento de la Familia a llegar a acuerdos con entidades sin fines de lucro o del tercer sector, instituciones educativas, agrupaciones, colegios profesionales.

“El gobierno de Puerto Rico tiene el férreo compromiso de velar y proteger a todos los componentes de nuestra sociedad de la posible propagación del COVID-19, particularmente entre los grupos más vulnerables como lo son las personas sin hogar. Guiado por este compromiso, resulta imperativo ordenar el establecimiento de centros de ayuda, servicios y refugio para personas sin hogar en nuestra Isla”, sostiene la orden ejecutiva.