La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aclaró esta tarde que el Negociado de Ciencias Forenses solo ha solicitado la transferencia de $78,000 para el pago de nómina de los empleados y no cumplió con la petición de información que le hicieron en diciembre pasado para justificar dicha asignación.

La información salió a relucir en una misiva publicada por la Junta en las redes sociales para aclarar todo lo relacionado a los pedidos de dinero que ha hecho el Negociado para poder operar.

Según informó la directora de la Junta, Natalie Jaresko, se ha implicado que la reducción de presupuesto que realizó la JSF al Negociado limitó su habilidad operacional. Además, destacó que existe una confusión de se hizo una petición de fondos que el ente federal no ha atendido.

Para clarificar, Jaresko informó que el Departamento de Seguridad Pública no ha entregado información a la JSF referente a la implementación del plan fiscal. Destaca que solo ha cumplido la Policía.

“Es importante notar que el único reajuste que se ha recibido durante el año fiscal 2019 del Instituto (de Ciencias Forenses) es una transferencia para nómina de $78,000, de la cual nosotros pedimos información adicional en diciembre pasado. Hasta hoy, no hemos recibido una notificación tuya”, destacó Jaresko.

Expuso que hasta que la información requerida no se provee, no se le podrá aprobar nada al Negociado. Les dio hasta el 5 de febrero para hacerlo.

Esta tarde, el suboficial de finanzas del gobierno (Chief Financial Officer - CFO), Francisco Peña, aceptó que el gobierno esperaba una expresión de la Junta al respecto. Dijo, sin embargo, que la situación se subsanaría con una petición que le enviarán esta noche para asignarle $1.2 millones de la reserva del fondo general a la entidad para que pueda contratar nuevos empleados.

Por su parte, el gobernador Ricardo Rosselló dijo al mediodía en una conferencia de prensa en la que anunció que Ricardo Llerandi será el nuevo secretario de la Gobernación, que el asunto del acumulamiento de los rapekits en el NCF será también atendido como una prioridad. 

Tras insistir en que le corresponde a la Junta de Supervisión Fiscal asignar los recursos para que el Departamento de Seguridad Pública -que tiene en su sombrilla al NCF- atienda esos asuntos, aseguró que Maldonado también buscará una solución a esta problemática.

“Ya el secretario Maldonado, entrando en las funciones más granulares de lo que sería el Chief Financial Officer va a estar buscando soluciones de manera proactiva para este y otros problemas que tenemos dentro de la ejecución gubernamental para que se puedan adquirir esos recursos”, sostuvo.

Al insistir en que el gobierno lleva casi diez meses solicitándole a la Junta que asigne los fondos para atender los problemas del NCF,  los exhortó a que “acabe y conteste si le va a dar los recursos que el pueblo de Puerto Rico necesita para el DSP”.

Por otra parte, el secretario de Seguridad Pública, Héctor M. Pesquera, indicó en expresiones escritas que “ha dirigido los planteamientos de necesidad fiscal a la Junta a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto en octubre de 2018 y nuevamente a mediados de enero. Cada planteamiento contiene la distribución presupuestaria y las necesidades en cada negociado”.