El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) informó este miércoles que archivó el caso contra Rafael Rodríguez Mercado, exsecretario del Departamento de Salud, y Glorimar Andújar Matos, exsecretaria del Departamento de la Familia, en relación a unas presuntas ilegalidades que fueron referidas al Departamento de Justicia por la inspectora general Ivelisse Torres Rivera.

Dicho referido alegaba pagos ilegales en nómina a empleados de Salud con fondos de Medicaid con el propósito de hacer tareas no relacionadas a ese programa. El referido también incluyó un pago ilegal con fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) a un empleado identificado como Gian J. Vale del Río, asignado en destaque en Salud.

La secretaria de la Familia, Glorimar Andújar Matos, indicó que la agencia trabaja para armar el protocolo necesario para atender a víctimas de agresión sexual. (Archivo / GFR Media)
Glorimar Andújar Matos, exsecretaria del Departamento de la Familia.

La investigación preliminar que realizó la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia arrojó que no hay prueba de que Andújar Matos tuviera control sobre el manejo de los fondos debido a que las operaciones de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) le competen a su administrador.

Tampoco hubo prueba que vinculara a la exsecretaria con el desembolso ilegal de fondos del PAN para pagarle a Vale del Río durante su destaque en Salud, ni que por estos hechos la Adsef perdiera fondos públicos.

La pesquisa, además, concluyó que no existe causa suficiente para entender que Rodríguez Mercado cometió malversación de fondos públicos. Se señaló esto tomando en cuenta que los fondos Medicaid son custodiados por el gobierno federal hasta que son solicitados y los errores administrativos que provocaron que se tuvieran que reembolsar. Se mencionó que Concepción Quiñones de Longo, exsubsecretaria de Salud, tampoco violó la ley.

La gobernadora Wanda Vázquez junto a Concepción Quiñones de Longo. (GFR Media)
Wanda Vázquez Garced y Concepción Quiñones de Longo.

De igual forma, se determinó que Surima Quiñones Suárez, exadministradora de Adsef, tampoco incurrió en delito. Contra la exfuncionaria también se alegó que se llevó su expediente de personal de la Adsef, pero no surgió prueba de esto ni tampoco de que algún empleado de Familia o de la Adsef le pidiera que lo devolviera.

La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor recomendó no designar un Fiscal Especial Independiente para investigar a fondo estas alegaciones. Dicha recomendación fue acogida entonces por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

Se ordenó archiva el caso sin trámites ulteriores.