Physician Correctional, la empresa a la que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) le busca un sustituto tras irregularidades que se destaparon el pasado año, realizará una inversión de $1 millón para lograr que los confinados sean atendidos por médicos especialistas sin salir de la cárcel y a través de la telemedicina.

El anuncio lo realizó el presidente de Villalobos Healthcare, corporación base de Physician Correctional, el doctor Raúl Villalobos.

El galeno inició su discurso al aludir a que citó a una conferencia de prensa para “poder comunicar al pueblo las cosas que hemos estado haciendo y que quizás no hemos sido muy eficientes en comunicar en los pasados meses”.

Primera Hora le cuestionó, de inmediato, si su interés de revelar la inversión que realizan para mejorar la salud de la población correccional se debe a que el DCR ya está en el proceso de entrevista a los 12 contendores que buscan obtener el millonario contrato que poseen. Villalobos se limitó a reiterar que “simplemente, quise señalar el hecho de que hemos sido tímidos en comunicar todas las cosas que se hacen dentro del sistema correccional y creemos que es una obligación nuestra”.

La inversión principal que hace la empresa está centrada en ubicar en las cárceles una especie de vagón, en el que el presidiario tendrá varias herramientas tecnológicas a su mano, para hacer una consulta con un médico que le observaría desde otra pantalla. Incluye, por ejemplo, equipo para hacer análisis del ojo y la prueba de oximetría de pulso, además de la conexión cibernética con el médico.

Las primeras dos máquinas adquiridas, a un costo de $75,000 cada una, se ubicarán este mes en las instalaciones de Bayamón y Ponce, donde están la mayoría de los reclusos. Sin embargo, estas pueden ser movidas a otras instituciones, según la necesidad, y en lo que llega el resto del equipo.

Según explicó Villalobos, cada prisión tiene un área de emergencias con médicos generalistas y enfermeras. Pero, aquellos reos que necesiten verse con un cardiólogo, dermatólogo, neurólogo u otro especialista podrían hacerlo sin tener que salir de prisión. En esta evaluación, el médico podría determinar si se requiere una revisión en persona o se pudiese emitir un tratamiento a distancia.

“Nuestro contrato está vigente”

Sobre el proceso que lleva el gobierno para buscarles un sustituto, Villalobos reiteró que el contrato de Physician Correctional es hasta el 30 de septiembre de 2028.

Además, indicó que hay demandas en los tribunales, por lo que no podía dar detalles sobre el asunto.

No obstante, manifestó que “nuestro contrato está vigente y nuestra responsabilidad nos obliga a continuar trabajando ‘as usual’. Respetamos mucho esa determinación del Ejecutivo. Sabemos que ellos lo harán partiendo de cuestionamientos razonables. Pero, en muchos de ellos diferimos respetuosamente, como ya lo hemos expresado. El estado de derecho nos permite hacer reclamaciones legales que están ahora mismo paralelamente viéndose y, sobre eso, no podríamos decir nada más”.

Aceptó, sin embargo, que entrar en un proceso de transición con una nueva empresa es “complejo”.

“Son muchos factores de servicios, de tecnología, de récord médico electrónico, de derechos de pacientes. No es un proceso sencillo”, afirmó, sin querer informar cuánto tiempo demoraría.

Corrección sigue buscando sustituto

Por su parte, el secretario de Corrección, Francisco Quiñones, informó, a través de su portavoz de prensa, Yvonne Guadalupe, que no concedería una entrevista a Primera Hora para reaccionar a lo expuesto por Villalobos. Emitió, sin embargo, unas declaraciones escritas en las que reiteró que la agencia realiza entrevistas a las 12 empresas que han solicitado sustituir a Physician Correctional.

Precisó que el proceso inició el pasado 3 de marzo y que continuará hasta el 3 de abril. El comité a cargo de la evaluación está presidido por el secretario auxiliar de Programas y Servicios del DCR, Alex J. Torres Guzmán. También incluye a Ivette Rivera Zayas, secretaria auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Laborales; a Julio C. Ortiz Álvarez, secretario auxiliar de Presupuesto y Finanzas; Ulrich Jiménez López, secretario auxiliar de Gerencia y Administración, y a Jesse L. Vázquez Álvarez, director auxiliar en Planificación.

“El DCR mantiene firme su compromiso de garantizar servicios de salud de la más alta calidad para la población correccional. Nada ni nadie nos va a detener en este esfuerzo”, indicó Quiñones.

Las movidas para terminar el contrato con Physician Correctional ocurrieron tras la consternación ciudadana por el incidente registrado en el caso de Hermes Ávila Vázquez, quien cometió un feminicidio contra Ivette Joan Meléndez Vega mientras disfrutaba de un pase extendido concedido por Corrección por unas condiciones médica que no padecía, como ser paciente de SIDA y ser parapléjico.

En la investigación del caso, trascendió que un panel de médicos de Physician Correctional analizó el caso. Nunca detectaron que el hombre podía caminar y no sufría de enfermedades terminales.