El representante José “Conny” Varela entregó al Departamento de Justicia un referido solicitando la evaluación e investigación de las transacciones de inversión realizadas por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) relacionadas con la compañía The Phoenix Fund (TPF), el fondo de capital privado intervenido por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y que el lunes se declaró en bancarrota.

En la comunicación oficial dirigida a la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, el legislador destacó la gravedad de la situación y la necesidad de una intervención independiente.

Según informó el martes El Nuevo Día, la petición de quiebra de TPF detalla que el fondo adeuda por lo menos $400.9 millones a sus acreedores. La deuda garantizada asciende a $139.5 millones, mientras que las reclamaciones no prioritarias sin garantía suman casi $261.4 millones y las reclamaciones prioritarias sin garantía otros $8,420.

Se indicó que la mayor deuda de TPF es, precisamente, con la CFSE agencia a la que le debe $99.5 millones.

La corporación pública presentó el pasado 18 de febrero una demanda para poder cobrar la millonaria cifra adeudada. Sin embargo, al TPF solicitar la quiebra, el tribunal podría detener toda gestión de cobro hasta tanto se complete el proceso.

La administradora de la CFSE, Enid Inalbis Ortiz Rodrígue, indicó al diario que también realizó un referido a Justicia.

En la carta a la titular de Justicia, Varela advierte que este colapso “ha levantado serias interrogantes sobre la prudencia, legalidad y cumplimiento de los parámetros estatutarios y reglamentarios que rigen el manejo de fondos públicos por parte de la CFSE”.

El representante subrayó que las inversiones bajo cuestionamiento, unido a la naturaleza fiduciaria de la CFSE, exige una evaluación rigurosa y solicitó que Justicia determine si existen bases suficientes para iniciar una investigación formal que permita esclarecer si se cometió algún delito o irregularidad administrativa.

Según expresó en el documento, es indispensable “garantizar que no haya mediado violación alguna a las leyes de Puerto Rico, incluyendo —pero sin limitarse a— disposiciones relacionadas con la administración de fondos públicos, la responsabilidad fiduciaria de los funcionarios y la integridad en los procesos de inversión”.

Varela afirmó que la transparencia y la confianza pública requieren una acción inmediata. “La magnitud de los recursos involucrados y la importancia de proteger los fondos públicos obligan a que este asunto sea atendido con la mayor seriedad y prontitud”.

No hubo sorpresas para OCIF

Por su parte, la comisionada de Instituciones Financieras, la licenciada Mónica Rodríguez Villa, aseguró que la decisión de TPF de radicar un recurso ante el Tribunal de Quiebras en Estados Unidos era anticipable y manifestó que colaborarán con el proceso.

“La petición de quiebra radicada por Phoenix es un escenario que habíamos contemplado desde el inicio, por lo que el mismo no representa una sorpresa para la OCIF. La radicación de un recurso de quiebra constituye un derecho que Phoenix puede ejercer y, por lo tanto, acataremos plenamente los fallos y/o instrucciones que emita el Tribunal de Quiebras, al tiempo que le daremos seguimiento al proceso y continuaremos ejerciendo los derechos y obligaciones reglamentarias de la OCIF conforme a derecho”, sostuvo Rodríguez Villa mediante comunicado de prensa.

La funcionaria indicó que el proceso de quiebra, en todo caso, “añade un nivel adicional de supervisión judicial, de transparencia y de participación de los acreedores y/o partes con interés, ya que Phoenix no sólo tendrá que responder ante la OCIF como agencia reguladora, sino que ahora también tendrá que cumplir con las disposiciones de reorganización o liquidación del Código de Quiebras, según disponga el tribunal federal”.

“Sin embargo y no obstante, el enfoque principal de la OCIF se mantiene inalterado: preservar los activos, proteger a las partes interesadas y evitar un mayor deterioro en el sector al que regula”, subrayó.