La Cámara de Representantes le solicitó al Departamento de Justicia que investigue a su ex secretario Roberto Sánchez Ramos, por presunta omisión y negligencia en el cumplimiento del deber relacionadas con las irregularidades en el Programa de Comunidades Especiales.

El referido cameral fue hecho a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, al igual que el de la ex coordinadora de Comunidades Especiales, Julia Torres, y otros ex funcionarios del PCE.

Los legisladores avalaron el referido durante la sesión extraordinaria de hoy, en la que se aprobaron dos informes preliminares relacionados con la pesquisa que realizan las comisiones de Asuntos de Familias y Comunidades, y de Gobierno.

“Roberto Sánchez, como secretario de Justicia, fue negligente al no realizar una investigación seria y profunda sobre los actos de corrupción que ocurrieron en el Programa de Comunidades Especiales y que (fueron) referidos a su oficina tanto por la Cámara de Representantes, como por la propia coordinadora general en aquel entonces, Julia Torres”, reza el tercer informe parcial, aprobado durante el cierre de la sesión extraordinaria.

Al igual que el ex Secretario de Justicia, Torres fue referida a Integridad Pública por posibles violaciones a los artículos del Código Penal sobre omisión en el cumplimiento del deber y negligencia, pero contra la ex coordinadora general se recomienda investigar, además, por malversación de fondos públicos.

Por esos tres delitos, fueron referidos también para investigación la ex directora de la Oficina de Desarrollo Comunitario del Departamento de Transportación y Obras Públicas María Burgos Hernández, y el ex gerente general del Programa de Comunidades Especiales Magdiel Pérez González, según el cuarto informe parcial.

El tercer informe, en tanto, refiere a Justicia a los ex directores regionales de Vivienda de la región de Humacao, César Martínez y el ahora senador Jorge Suárez Cáceres, así como el pasado director regional de esa agencia en la región de Caguas, Wito de Jesús. El referido incluye también a un empleado que solo fue identificado como Omar Figueroa.

Esa pesquisa, según el documento, debería estar enmarcada dentro del contexto de posibles violaciones al Código Penal por los artículos de aprovechamiento por funcionarios de trabajos o servicios públicos, soborno, encubrimiento, omisión y negligencia en el cumplimiento del deber.