Varios legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño instaron hoy al Gobierno a oponerse a dar información a las autoridades federales para rastrear a miles de inmigrantes con la intención de ser arrestados y deportados.

El pedido de los representantes Denis Márquez, Adriana Gutiérrez y Nelie Lebrón surge luego de que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas pidieron al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) datos de unos presuntos 6,000 inmigrantes que han obtenido sus licencias de conducir.

“El Gobierno de Puerto Rico no puede seguir siendo cómplice y hacerse de la vista larga mientras se mancilla la dignidad de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico, que ya están integradas plenamente en nuestra sociedad, y contribuyen en todos los ámbitos de nuestras vidas”, afirmó Gutiérrez.

Ante ello, Gutiérrez y los demás legisladores independentistas pidieron a la gobernadora Jenniffer González “a que imparta instrucciones claras a la Secretaría del DTOP a no proveer ninguna información al Gobierno federal para rastrear y perseguir a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes”.

“Le recordamos al actual Gobierno que toda persona tiene derecho a la protección de su información privada y confidencial. Acceder a lo solicitado por las autoridades federales sin una orden judicial es contraria a su deber de proteger ese derecho”, explicó.

En tanto, Márquez y Lebrón mencionaron que, en febrero pasado, la delegación del PIP radicó el Proyecto de la Cámara 331, que propone proteger derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico, por petición de la Unión Americana de Libertades Civiles.

“La protección de los derechos humanos de todas las personas independientemente de su estatus migratorio u origen étnico o nacional, debe ser una prioridad de la Asamblea Legislativa, mediante la búsqueda de protecciones a los hermanos y hermanas emigrantes que son parte integral de la sociedad puertorriqueña”, dijo Márquez.

“Este proyecto de ley es una propuesta, para proteger su vida y sus derechos en sus espacios de convivencia, salud, educación, entre otros”, enfatizó.

Según precisaron los tres legisladores, en una nota recogida por la Agencia EFE, la medida legislativa establece los parámetros legales bajo los que se regirán las interacciones entre las autoridades locales y las federales de emigración para que sea en cumplimiento con el Estado de derecho, estatal y federal vigente.

Lebrón, por su parte, sostuvo que las órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “cambiaron las prioridades en la ejecución de las leyes de inmigración, pero no las protecciones constitucionales como el derecho a no ser arrestado sin una orden judicial”.

“Una traición imperdonable”

De igual manera, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) condenó cualquier colaboración del gobierno con el ICE para perseguir a inmigrantes en Puerto Rico.

En un comunicado de prensa, la colectividad expresó “nuestro más enérgico rechazo a cualquier forma de colaboración de las autoridades locales con este tipo de acciones”.

“Las licencias de conducir para personas inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio, existen en muchísimos estados y fueron creadas en Puerto Rico bajo el amparo de la Ley 97 de 2013 como una herramienta de justicia social y seguridad pública. Su propósito era garantizar que toda persona que reside en la isla pudiera conducir de forma segura y legal, accediendo al mismo tiempo a una vida con mayor dignidad. Utilizar ahora esa información para propiciar detenciones y deportaciones es una traición imperdonable a la confianza de miles de personas que actuaron de buena fe. También genera responsabilidad del gobierno porque se creó la expectativa de intimidad y protección a dicha información”, indicó por escrito el MVC.

“La entrega de información protegida por nuestra legislación local a ICE, sin una orden judicial válida, vulnera derechos fundamentales, fomenta el miedo en nuestras comunidades y expone a cientos de familias al trauma de la separación, la incertidumbre y la violencia institucional. Es aún más preocupante que esta colaboración haya resultado en el arresto de personas sin antecedentes penales, lo que evidencia que se trata de una política de persecución y no de seguridad”, añadió.

De esta manera, la colectividad reclamó al gobierno local que “evite la entrega de información personal y protegida por nuestro marco legal a ICE sin orden judicial; adopte protocolos de protección de datos para las personas con licencias al amparo de la Ley 97; y se pronuncie públicamente a favor de salvaguardar los derechos humanos de todas las personas residentes de Puerto Rico, sin importar su estatus migratorio”.

“Puerto Rico no puede convertirse en cómplice de políticas crueles que deshumanizan a nuestras comunidades. Debemos ser un país que protege, no que persigue. Que da la mano, no que señala. Que construye desde la empatía, no desde el miedo”, finalizó el MVC.