El Colectivo Una Sola Lucha exigió este martes la derogación de la Ley 171-2018, que consolidó la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) y el Programa de Parques Nacionales (PPN) bajo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Según denunciaron, esta reorganización ha provocado una crisis técnica y administrativa que amenaza seriamente la protección del ambiente y los recursos naturales de Puerto Rico.

“Desde su creación en 1972, el DRNA fue diseñado para salvaguardar la naturaleza y los ecosistemas de Puerto Rico. Sin embargo, la sombrilla impuesta por la Ley 171 no ha logrado eficiencia ni mejoría. Por el contrario, ha debilitado las agencias, ha generado más burocracia, y ha desviado el enfoque ecológico del DRNA”, explicó Hernaliz Vázquez, portavoz del colectivo, a través de declaraciones escritas.

Entre los problemas identificados, el grupo mencionó la lentitud en los trámites de fiscalización ambiental, la falta de personal técnico y científico para atender emergencias, y la aprobación de proyectos sin evaluaciones ambientales rigurosas. “La absorción de agencias con funciones regulatorias y operativas sobrecargó al DRNA y desvió su misión original. Además, se han generado gastos excesivos en empleos de confianza y contratos, sin resultados tangibles”, denunció Juan Camacho, otro portavoz del colectivo.

Graciela Martínez, de Vínculo Animal, señaló que esta estructura consolidada también ha afectado la protección de especies vulnerables como los manatíes y el coquí, además de obstaculizar el manejo de especies invasoras como las culebras exóticas, ante la falta de personal especializado. “La lentitud del DRNA impide campañas efectivas de erradicación que son cruciales para proteger nuestros ecosistemas”, advirtió.

Asimismo, las organizaciones denunciaron el posible traspaso de parques nacionales como Isla de Cabra y Cerro Gordo, y alertaron sobre intentos de privatizar el Parque de las Cavernas del Río Camuy. También criticaron la inacción en casos como el de la comunidad Ranchos Guayama en Salinas, donde no se han emitido sanciones por daños ambientales luego de más de tres años, lo que atribuyen al colapso institucional causado por la fusión.

El colectivo —integrado por más de una decena de organizaciones ambientales, comunitarias y políticas— hizo un llamado al gobierno a restaurar la autonomía técnica y fiscalizadora de cada agencia. “Es indispensable devolverle al Estado la capacidad de proteger el ambiente con ética, ciencia y personal especializado. Derogar la Ley 171 y desmantelar la sombrilla del DRNA es el primer paso para lograrlo”, concluyó Víctor Alvarado Guzmán, secretario de Asuntos Ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño.