El Centro de Servicios al Conductor (CESCO) de Mayagüez está cerrado hasta nuevo aviso.

El anuncio lo hizo el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, en un comunicado de prensa.

Explicó que las instalaciones fueron cerradas “de manera indefinida”. Informó que una inspección de las instalaciones detectó daños y deficiencias estructurales que pudiesen representar un peligro a la seguridad de la ciudadanía.

Se detalló, de hecho, en la comunicación que la determinación se tomó como medida preventiva y en aras de salvaguardar la seguridad de empleados y ciudadanos que diariamente visitan la oficina para realizar sus gestiones.

“Ante cualquier señalamiento que pueda comprometer la seguridad de nuestro personal o de los ciudadanos, actuamos con responsabilidad y diligencia. Esta es una decisión preventiva mientras se completan las evaluaciones técnicas correspondientes”, expresó el secretario.

Informó que se busca identificar un local temporero en la región oeste para restablecer los servicios a la mayor brevedad posible. El sitio sería informado una vez se tengan detalles concretos sobre la ubicación y fecha de reapertura.

En lo que reubican al CESCO, los ciudadanos pueden realizar sus trámites en otros CESCO y en los Centros de Servicios Integrados (CSI) cercanos.

Se exhortó a los ciudadanos a verificar disponibilidad de citas y servicios en línea antes de acudir a cualquier oficina.

“Incertidumbre, desorganización y preocupación”

El exrepresentante Joel Sánchez Ayala cuestionó la manera en que la ciudadanía y los mismos empleados fueran informados del cese de operaciones sin notificación previa ni orientación oficial sobre su reubicación.

Según la información recibida, los trabajadores fueron sorprendidos con la orden de desalojo sin que se les haya comunicado a qué otro CESCO serían trasladados, cuándo deberán presentarse a sus nuevas funciones ni bajo qué plan administrativo se ejecutará el cierre.

Sánchez Ayala aludió a que “esta situación ha generado incertidumbre, desorganización y preocupación entre el personal”.

“Resulta inaceptable que servidores públicos sean notificados el mismo día del cierre de su centro de trabajo, sin planificación ni comunicación oficial. Ningún empleado debe enfrentar incertidumbre laboral por decisiones improvisadas. El gobierno tiene la responsabilidad de actuar con organización, respeto y transparencia hacia quienes sostienen los servicios al pueblo”, expresó el exlegislador.

Sánchez Ayala recalcó que, aunque los empleados no pueden ser cesanteados, el gobierno tiene la obligación de garantizar una reubicación ordenada, clara e inmediata, sin afectar sus derechos laborales ni la continuidad de los servicios a la ciudadanía.