Un panel de tres jueces federales ordenó hoy al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y al Departamento de Justicia de Estados Unidos a someter al tribunal en un plazo de dos semanas un reporte conjunto detallado sobre los servicios de salud mental que están recibiendo los menores recluidos en instituciones juveniles en la Isla.

Con la vista de hoy, realizada de forma virtual, los jueces Gustavo Gelpí y Francisco Besosa, del Tribunal de Distrito Federal en San Juan y David Barron, del Primer Circuito de Apelaciones de Boston comenzaron el proceso de evaluar la posibilidad de que jóvenes ingresados sean liberados, ante la alegada falta de servicios adecuados de salud mental.

En la vista se consideró un informe sometido por la monitora federal, Kim Tandy, impuesta al Negociado de Instituciones Juveniles (NIJ), que concluyó que en el último cuatrimestre aumentaron los incidentes de salud mental en las instituciones de detección juvenil. El Departamento de Justicia federal, pidió más tiempo al tribunal para evaluar los hallazgos del informe y los alegatos del DCR.

La secretaria del DCR, Ana Escobar Pagán ripostó que los hallazgos del informe corresponden a la pasada administración y reclamó que la agencia contrató un nuevo proveedor de servicios de salud mental, Phisician Correctional.

“Tenemos un compromiso genuino, tanto esta servidora como nuestro gobernador (Pedro Pierluisi) de asegurarnos de ofrecer las ayudas y todos los programas y servicios para cumplir con el 100 por ciento de las estipulaciones en este caso y tenemos como meta cerrarlo este año”, dijo la funcionaria en español, en unas breves expresiones al finalizar la vista.

El reporte conjunto debe ser sometido al tribunal el próximo 22 de febrero. Los jueces convocaron a las partes a una nueva vista sobre el estado de los procedimientos del caso, en un plazo de 60 días.

Escobar Pagán dijo que en diciembre pasado hubo un caso de hospitalización de un menor por problemas de salud mental, pero sostuvo que bajo su administración “no ha habido ninguna”.

“No hay ninguna determinación de los jueces en estos momentos de excarcelar a los menores. Nosotros hemos cumplido a cabalidad con las estipulaciones en lo que es el área de salud mental y cuando el panel de jueces vuelva a reunirse en la próxima vista evaluará lo que estamos trabajando”, reclamó en declaraciones a Primera Hora.

La Secretaria indicó que el Hospital Capestrano tuvo un contrato del 12 de diciembre al pasado 31 de enero. “De entender que necesitaremos nuevamente los servicios de San Juan Capestrano, estaremos contratando los mismos”, sostuvo.

Dijo que cuentan con los servicios de dos psiquiatras especialistas en adolescentes, dos psicólogos a tiempo completo, cinco psicólogos a tiempo parcial, otros psicólogos en internados, dos especialistas en sustancias controladas y terapistas.

Detalló que actualmente hay 82 jóvenes (80 varones y dos féminas) recluidos en las dos instituciones juveniles, en Ponce y Villalba. Añadió que según trascendió en la vista, probablemente este año, unos 40 de estos menores cumplan con las medidas dispositivas y salgan en libertad.

El caso está ante el Tribunal Federal por una demanda que radicó en 1994 el gobierno de Estados Unidos contra el gobierno de Puerto Rico por violaciones a los derechos en las instituciones juveniles.

En 1997, las partes transaron el pleito, allanándose el gobierno de Puerto Rico a un acuerdo para tomar las medidas correctivas.

En su informe la monitora federal alega que ha habido falta de continuidad en los servicios de salud mental y seguimiento de los casos.

“Aunque la cantidad de hospitalizaciones bajaron desde el último cuatrimestre, el número de incidentes aumentó”, indica el informe de Tandy, al citar la información provista por la doctora Miriam Martínez, quien es su consultora de salud mental en cuanto al cumplimiento de estos servicios por parte del NIJ.

Consignó que los jóvenes que no fueron hospitalizados, necesitaban estar en vigilancia constante y les fueron colocadas batas de papel. Dice el documento, que uno de ellos, relacionó las batas de papel con “abuso” debido a la fría temperatura en la institución “y algunos jóvenes se han ofrecido como voluntarios que negarán la ideación suicida para evitar la bata de papel”.

Según Martínez, “durante el último cuatrimestre, un total de 36 incidentes de ideación suicida, intento y gestos y auto mutilación ocurrieron, cuatro más que el cuatrimestre pasado”.