La vista para solicitar una orden que detenga el posible nombramiento a jueza de la derrotada senadora Liza Fernández se pospuso esta mañana ante una petición de los abogados que incoaron la petición para que el Juez Ángel Pagán Ocasio del Tribunal de San Juan se inhiba de este caso.

Antes de informar que había referido el asunto a la jueza administradora Isabel Llompart Zeno, Pagán Ocasio indicó en corte abierta que en su petición los abogados Luis Raúl Albaladejo y Artuno Nieves Huertas amparaban su petición de recusación en un caso que atendió en el 2009 cuando presidía una sala en el Tribunal de Bayamón.

Sin entrar en los detalles específicos del caso, el juez indicó que el licenciado Albaladejo recurrió una decisión suya.

En ese caso, según el magistrado, el Tribunal de Apelaciones confirmó parte de su determinación, pero devolvió el caso al tribunal inferior por otro elemento del fallo.

Así las cosas, Pagán Ocasio citó a las partes a regresar a su sala a las 3:30 p.m. En ese momento, se conocerá la decisión de la jueza Llompart Zeno.

Las abogadas que representan al Senado, Gina Jover Matos y Rebecca Acosta Pérez, no realizaron comentarios a su salida de sala. Tampoco hablaron las abogadas de la Oficina de la Administración de los Tribunales, Gina Méndez Miró y Christina Guerra Cáceres, otra parte emplazada en esta demanda.

Los licenciados Albaladejo y Nieves Huertas se reiteraron en su posición de que Fernández no cumple con el requisito de los siete años de experiencia profesional mínima como abogada que exige la Ley de la Judicatura para un nombramiento de juez superior.

Afirmaron que la derrotada senadora solo ejerció el oficio de la abogacía entre dos a tres años antes de convertirse en legisladora a tiempo completo.

La Ley de Legislador a tiempo completo prohíbe el ejercicio de cualquier profesión que no sea ejercer el cargo de legislador.

Fernández, por su parte, insiste en que tiene los años de servicio y asegura que durante parte de este cuatrieno presidió la Comisión de lo Jurídico y Ética de la Cámara de Representantes.

La polémica legisladora, que impulsó el proyecto de Ley que eliminó la colegiación obligatoria de los abogados y quien confundió al laureado escritor puertorriqueño Enrique Laguerre con un productor de telenovelas, llegó a la cámara alta en una elección especial tras la abrupta salida del senador Roberto Arango.

 “Si no resuelve no es académico porque el nombramiento de un juez no consiste de un solo punto dado. Eso es un proceso que tiene diversas etapas. Si el Senado la confirmara mañana, el Senado no la está nombrando, el Senado ejerce una función constitucional de consejo y consentimiento a la designación que hace el gobernador. Las estapas son designación por el gobernador (Luis Fortuño), consejo y consentimiento del Senado. Tiene que regresar al gobernador para que firme el nombramiento. Tiene que referirse al juez presidente del Tribunal Supremo (Federico Hernández Denton) para que la Rama Judicial le tome juramento, y es entonces que ella queda investida con la autoridad de juez. Este injuction está diseñado de tal manera que ese proceso puede ser interrumpido en cualquiera de esas etapas”, afirmó Albaladejo.