El gobernador Pedro Pierluisi apoyó este miércoles que los audios de las vistas judiciales en las que Andrea Ruiz Costas solicitó sin éxito órdenes de protección ante el Tribunal de Primera Instancia de Caguas sean divulgados públicamente.

“Pienso que sería bueno que haya transparencia en esto. Es un caso de tanta notoriedad. Ella ya pasó a la vida eterna. Sería bueno que todo el mundo sepa lo que ocurrió en cada una de esas vistas”, afirmó el primer ejecutivo mientras participaba en el anuncio de la expansión del centro de distribución de Selectos.

Los audios, sin embargo, no podrán ser divulgados por el Departamento de Justicia, ya que el juez Ricardo Marrero, del Tribunal de Caguas, emitió una orden de mordaza para evitarlo.

Actualmente, un comité designado por la jueza presidente del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, evalúa las razones por las que dos jueces de Caguas optaron por no proteger a Andrea. Esta fue asesinada por su pareja, Miguel Ángel Ocasio Santiago, quien confesó los hechos.

Asimismo, Pierluisi indicó que le duele hablar tanto de este caso de violencia de género, como el de Keishla Marlen Rodríguez Ortiz. Ambas mujeres fueron asesinadas la semana pasada por sus parejas en hechos que conmocionaron al país.

“Yo sé que es algo que todos queremos que no se repita”, sentenció.

Sobre el caso de Keishla, quien se alega fue asesinada por el boxeador Félix Verdejo, el gobernador habló cuando se le cuestionó por la seguridad que tiene el puente Teodoro Moscoso. Es que desde allí fue lanzada el pasado jueves a eso de las 8:30 a.m. hacia la Laguna San José.

Pierluisi aceptó que desconoce cómo funciona el puente Teodoro Mosoco, el cual es administrado por una empresa privada mediante una Alianza Pública Privada con el gobierno. Sin embargo, dijo que “mi corazón está con los familiares de Keishla, que sé que tienen que estar sufriendo muchísimo y lo que espero es que las autoridades cumplan su deber, hagan justicia, para que respondan los que tienen que responder”.

En otros temas, el mandatario acogió con beneplácito que la Junta de Supervisión Fiscal asignará $7 millones para combatir la violencia de género. En el presupuesto actual, solo se había asignado a estos fines unos $200,000.

“Lo importante es que tengamos recursos adecuados para cumplir la misión de PARE. PARE lo que está haciendo es identificando las áreas del gobierno en las que tenemos que mejorar la ejecución. Por ejemplo, en Justicia (se necesitan) más fiscales, más personal de apoyo. Lo mismo ocurre en el Departamento de la Familia, la Oficina de la Procuradora de la Mujer. Tenemos que mejorar la tecnología en esta área y las estadísticas para que sean más confiable y en todo momento sepamos cómo está la situación desde el punto de vista de violencia de género”, manifestó.