El gobernador Pedro Pierluisi adelantó que buscará “consejos” con los jefes de agencias como el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Departamento de Justicia (DJ), si llegara a su escritorio la medida que busca flexibilizar la Ley de Armas de 2020, la cual permitiría, entre otras cosas, que una persona con licencia pueda portar más de una pistola.

“No he tenido oportunidad de revisar ese proyecto”, dijo el Primer Ejecutivo en referencia al recurso sustitutivo de los proyectos de la Cámara 575 y 382, el cual fue avalado por la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Baja y ahora tiene que llegar al pleno de ese cuerpo para votación. El presidente de la Comisión, Luis “Narmito” Ortiz Lugo, dijo que la pieza legislativa tiene los votos tanto en la Cámara como en el Senado.

La nueva pieza de ley facilita los procesos de obtención de armas, aumenta la cantidad de armas que se pueden portar a la vez y reduce las penalidades por violaciones a la Ley de Armas. También se propone una reducción del seguro de las armerías para que, en vez de tener una cubierta de $500 mil, sea de $250 mil.

Ante las enmiendas propuestas el gobernador se mostró sigiloso en estudiar responsablemente la medida que busca enmendar diversos artículos de la Ley de Armas, entre ellos, el Artículo 2.02 para permitir la portación de dos armas, en vez de una; aumentar de cinco a 15 la cantidad de armas que activa el requisito legal de custodiarlas bajo llave, y para permitir que una persona con hasta tres violaciones de portación ostentosa, pueda solicitar nuevamente una licencia. También dijo que se propone enmendar el Artículo 3.02 para reducir a la mitad la cuantía del seguro de responsabilidad pública de los clubes de tiro; el Artículo 4.04 para limitar las inspecciones de las armerías a una inspección anual y el Artículo 6.08 para reducir las cuantías de multas ante incumplimientos de renovación de licencias.

“Yo sé que el área de uso, de posesión y de portación de armas está altamente reglamentada en Puerto Rico. Tendré que ver eso en el detalle, pero si llega a mi despacho voy a pedirle consejo al secretario de Justica (Domingo Emanuelli), al secretario Seguridad Pública (Alexis Torres) y al Comisionado de la Policía (Antonio López), entre otros, y parto de ahí”, puntualizó Pierluisi.

Esta semana el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, puso reparos con el proyecto y acotó a Primera Hora que nadie había conversado sobre el particular con él.

“No ha sido conversado con este servidor, no sé si lo ha conversado con otros legisladores. No he visto el proyecto y todos estos proyectos que alteran el estado vigente del Código Penal y la Ley de Armas, hay que estudiarlos con mucha determinación y con mucha responsabilidad, antes de tomar juicio sobre ellos”, dijo Dalmau Santiago.

El líder senatorial indicó que quiere ver la medida en su totalidad. “Quiero ver bajo qué circunstancias uno tuviese que tener dos revólveres. Eso me recuerda a ‘Bonanza’ (una antigua serie de televisión de vaqueros), la Ley del Revólver”, agregó.

Por su parte, la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), que impulsó las enmiendas a la Ley de Armas de 2020, salió en defensa de la medida y calificó de detractores a los legisladores que han expresado reservas. Se amparó en que los ciudadanos deberían portar más de un arma de fuego para estar a la par con los delincuentes.

“Antes de opinar en contra de la medida, que le den al pueblo una solución de cómo eliminar la criminalidad, sin son tan duchos en la materia. El delincuente anda con varias armas ilegales, entra a los establecimientos, roba, mata y, lamentablemente, el representante Dennis Márquez no tiene un proyecto en contra del delincuente y sus acciones delictivas, pero sí se opone a que las personas decentes podamos equipararnos para poder defendernos”, reclamó en declaraciones escritas el presidente de CODEPOLA, Ariel Torres Meléndez.

El líder de la organización la emprendió contra el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y contra el representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez Reyes, quienes objetaron el proyecto sustitutivo.