El gobernador Pedro Pierluisi explicó este viernes que decidió vetar un proyecto de la mayoría popular de la Cámara de Representantes que intentaba despenalizar las protestas, porque a su juicio deben ser las agencias gubernamentales o los tribunales los únicos con el poder para detener alguna obra o construcción en curso.

“En realidad, en Puerto Rico se respeta el derecho a la libre expresión y a las protestas, pero lo que no puede ser es que se obstruya o se interfiera con obras en curso, ya sean públicas o privadas. Para eso están las agencias y los tribunales. Si hay que paralizar una obra, pues son las agencias y los tribunales las que la deben paralizar. Pero, una protesta no debe llegar a ese extremo. Así que por esa razón es que no la firmé”, indicó el mandatario tras participar de la convención del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar.

La medida que rechazó el ejecutivo es el proyecto de la Cámara 2, que derogaba los artículos 200 y 247 del Código Penal. El primero tipifica como delito grave y con una pena de hasta tres años de prisión el que se impida las construcciones, ya sean públicas o privadas.

El artículo 247, entretanto, cataloga como delito menos grave la obstrucción al acceso a las labores en entidades que ofrecen servicios gubernamentales al público.