El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia insistió hoy ante la Legislatura en una versión ajustada de su presupuesto para el próximo año fiscal, en un intento por echar a un lado las restricciones impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que buscan limitar los gastos del gobierno central en $10,100 millones.

Pierluisi Urrutia, con su propuesta, contempla un gasto del gobierno central de $10,345 millones, esto es $355 menos que su propuesta inicial de $10,700 millones, la cual fue rechazada por el organismo que controla las finanzas del país.

Del mismo modo, insistió en mantener las transferencias actuales a los municipios y a la Universidad de Puerto Rico. La JSF ha rechazado en varias ocasiones esta posibilidad y ha reiterado que estas instituciones deben emprender reformas que permitan su autosuficiencia a largo plazo. Sin embargo, Pierluisi Urrutia aseguró que dichas partidas son necesarias para asegurar una continuidad en los servicios.

“La UPR ya ha sufrido recortes significativos y ha tomado medidas difíciles para afrontar sus retos fiscales, por lo que me opongo a que la Junta le haga recortes adicionales y propongo que se mantenga su asignación anual en la suma de $560 millones. De hecho, recortes adicionales a la Universidad pueden poner en peligro los fondos asignados en la Ley del Plan de Rescate Americano, la cual especifica que esos fondos de asistencia por pandemia no son elegibles para suplantar recortes”, dijo el mandatario en su primer mensaje de presupuesto.

El gobernador repitió en varias ocasiones que el presupuesto que recomendó la Junta “se quedó corto” en la partida de gastos. Desglosó algunos ejemplos. Dijo, por ejemplo, que necesitan $24 millones adicionales para reparar carreteras, $15 millones para aumentar los sueldos en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, $2.8 millones para reclutamientos en el Departamento de Justicia y $3.2 millones para añadir personal en el Departamento de la Familia.

Continuó afirmando que necesitan $7 millones para atender la población con discapacidad intelectual, $5 millones para cubrir la nómica actual del Departamento de Salud, y $1.2 millones para contratar a un cirujano cardiotorácico en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico. Puntualizó que el presupuesto impulsado por la Junta no asigna recursos para un proyecto piloto para incentivar el trabajo entre jóvenes, no provee para los salarios de los delegados o cabilderos por la estadidad, ni asigna fondos un proyecto piloto para reclutar a servidores públicos jubilados en los departamentos de la Familia, de Educación, de Hacienda y en la Policía.

“Nuestra postura ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera ha sido firme pero al mismo tiempo pragmática. Cuando hemos tenido que enfrentarla para evitar recortes contraproducentes e innecesarios, lo hemos hecho por Puerto Rico. Ahora bien, cuando hemos visto a la Junta trabajando para reestructurar la deuda pública y lograr grandes ahorros para nuestro gobierno a corto y largo plazo, hemos colaborado”, afirmó Pierluisi.

La Cámara de Representantes es el cuerpo legislativo que, por disposición constitucional, tiene la mayor responsabilidad en el análisis del presupuesto. El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, aseguró recientemente que su intención es de alcanzar consensos con el gobernador y la JSF de modo que se apruebe un presupuesto que pueda ser avalado también por el organismo que desde el 2016 controla las finanzas de Puerto Rico.

Estos consensos, sin embargo, no han existido desde el año fiscal 2017-2018 cuando la JSF impuso unilateralmente su voluntad presupuestaria por encima del gobierno central y de la Legislatura. Desde entonces, todos los presupuestos han sido obligados por la Junta.

Ese consenso que evoca Hernández Montañez en la actualidad es más complicado alcanzar dado que la legislatura está controlada por la delegación del opositor Partido Popular Democrático (PPD) pero ambos cuerpos los votos están divididos entre cinco delegaciones. De hecho, la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana no participó del mensaje por entender que la Legislatura ha actuado como un “sello de goma” del gobierno central y de la JSF en los pasados presupuestos, explicó el grupo en declaraciones escritas.

La esperanza, sin embargo, es que la necesidad de legislación para concretar los acuerdos incluidos en el plan de ajuste de la deuda del gobierno central podría abrir el debate a nuevos entendimientos.

Hoy, Hernández Montañez indicó que por el momento comenzarán con el análisis del presupuesto de la Junta y que, si el gobernador radica formalmente su esquema de ingresos y gastos, será también analizado. De lo contrario, dijo, se concentrarán en examinar las diferencias que están contenidas en el mensaje.

“Él (el gobernador) agotó sus remedios allá (con la JSF). No los convenció, aunque fue su abogado. El presupuesto no tiene para el bono de navidad. No tiene partida para poder acoger a los contratos que se haga con LUMA Energy (para la privatización de la transmisión y distribución de electricidad), ni para la delegación del Congreso”, destacó Hernández Montañez. “Vamos a sentarnos a hablar con todos”, añadió.

Durante el mensaje, algunos legisladores desplegaron mensajes para el mandatario. Uno subió una pancarta en objeción al contrato con LUMA Energy. Otro criticó con una pancarta que no se hayan habilitado todavía las escuelas en la región suroeste, la zona más afectada por los terremotos de inicios del 2020.

La propuesta inicial, Pierluisi Urrutia era de $10,700 millones, en lugar de los $10,100 millones que había impuesto la JSF como límite. Después de una revisión detallada de cada una de las partidas que aumentaban el presupuesto por encima de los márgenes, la Junta adoptó algunas de las propuestas del mandatario que, entre todas, generaban gastos de cerca $270 millones de dólares. Sin embargo, la JSF ajustó también las partidas en otras áreas de modo que todo se mantuviera dentro de los límites requeridos.

El 27 de abril, la JSF emitió una comunicación en la que le informaba al gobernador que la propuesta presupuestaria no cumplía con el plan fiscal vigente y detalló una serie de cambios que se le tendrían que hacer al documento para que pudiera ser avalado por el organismo fiscal. Pierluisi Urrutia, sin embargo, no adoptó los ajustes pedidos por la Junta, por lo que el organismo fiscal terminó imponiendo su criterio y enviando su versión presupuestaria para la revisión de la Legislatura.

El límite impuesto por la JSF implica un aumento de $55 millones en comparación con el presupuesto vigente (año fiscal 2021). En el año fiscal 2019-20, el presupuesto fue de $9,600 millones.

Desde el año fiscal 2017 la JSF ha impuesto unilateralmente su versión del presupuesto.