El gobernador Pedro Pierluisi solicitó este martes al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que emita una Declaración de Desastre Mayor para activar la asistencia federal para individuos en los municipios de Toa Baja, Toa Alta, Cataño, Vega Baja, Vega Alta, Dorado y San Juan, esto a raíz de las lluvias que afectaron la isla en febrero.

Según informó Primera Hora ayer, otros municipios podrían añadirse posteriormente via enmienda a la solicitud del primer ejecutivo.

“Luego de recibir toda la información requerida por parte de las agencias y municipios, solicito hoy al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se solidarice con todas las familias puertorriqueñas particularmente las de los municipios de Toa Baja, Cataño, Vega Baja, Vega Alta, Dorado y San Juan afectadas por las lluvias que afectaron la Isla desde el 4 hasta el 6 de febrero pasado. Como gobierno tomamos todas las medidas apropiadas y necesarias incluyendo la implementación del Plan Estatal de Respuesta, la activación de la Guardia Nacional, la Orden Ejecutiva 2022-08 en la que declaré un Estado de Emergencia y se coordinaron las ayudas de respuesta y rescate. También, junto a los municipios y ciudadanos se facilitó el acceso a carreteras afectadas por escombros y deslizamientos de tierra y se habilitaron refugios. Sin embargo, para que la recuperación sea más efectiva, recurrimos al gobierno federal para que con la asistencia disponible le hagamos justicia a los ciudadanos afectados”, aseveró el gobernador Pierluisi.

En la misiva enviada al presidente de Estados Unidos, Pierluisi explicó que actualmente hay 503 residencias afectadas en estos municipios: Toa Baja (180), Cataño (165), Dorado (65), Vega Baja (40), Vega Alta (37), Toa Alta (11) y San Juan (5). El costo estimado de daños para las casas de ese grupo de damnificados es de $2,338,408 millones.

Por su parte, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3, por sus siglas en inglés), Manuel Laboy Rivera, indicó que “en el COR3 estaremos atentos a la aceptación de esta Declaración de Desastre bajo el Programa de Asistencia Individual de FEMA para asistir en lo necesario a los damnificados por estas fuertes lluvias. A través de este programa federal, unas 503 familias afectadas podrían solicitar ayuda para una vivienda provisional o temporal, así como fondos para la reparación o reemplazo de sus hogares, además de propiedad personal, vehículos y gastos médicos, entre otros”.

Laboy Rivera, reconoció que la presentación de esta Declaración de Desastre fue posible gracias al trabajo en equipo entre los municipios, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), FEMA y COR3. De paso, destacó que continúa la evaluación de daños en otros municipios que eventualmente pudieran incluirse en la petición al gobierno federal.

El Servicio Nacional de Meteorología informó que, durante estas fechas, Puerto Rico recibió hasta 16 pulgadas de lluvia, principalmente en los pueblos del Norte, lo que provocó severas inundaciones, derrumbes y que varios ríos se salieran de su cauce causando daños a estructuras públicas, privadas y residencias.

El gobernador aclaró que la Declaración solicitada no incluye el programa de asistencia pública de FEMA y que para eso se utilizará el Fondo Estatal de Emergencia, el cual cuenta con $450 millones.

“Vamos a continuar trabajando arduamente y directamente con los alcaldes y alcaldesas para que con los fondos estatales que tenemos disponibles podamos atender las necesidades y daños provocados por las lluvias”, señaló.

El presidente de Estados Unidos puede emitir la Declaración en virtud de la ley federal Robert T. Stafford de Alivio y Ayuda en Emergencias.

El 8 de febrero, el gobernador firmó una orden ejecutiva para declarar un estado de emergencia en 15 municipios que sufrieron daños a consecuencia de las inundaciones que dejaron a decenas de puertorriqueños desprovistos de alimentos, ropa, bienes y de la seguridad que habían empezado a recuperar tras la pesadilla del huracán María.

Los pueblos afectados y mencionados ese día fueron: San Juan, Guaynabo, Cataño, Dorado, Toa Baja, Toa Alta, Vega Baja, Vega Alta, Naranjito, Aguas Buenas, Patillas, Humacao, Bayamón, Naguabo y Trujillo Alto. En cambio, posteriormente, el mandatario agregó a Maunabo, elevando los municipios afectados a 16.

El decreto dio paso a que los alcaldes pudieran realizar compras de emergencias para alivianar los daños y respaldar a las familias afectadas. Sin embargo, una aprobación de declaración de desastre por parte del presidente de Estados Unidos permitiría al gobierno estatal recibir reembolsos federales por trabajos realizados para cubrir la emergencia en los pueblos que sufrieron mayores daños.

Este diario solicitó al NMEAD la cifra general de familias afectadas por las inundaciones, pero al momento la información no ha sido entregada. También se pidió el informe de daños preliminares que presentó cada municipio con costos aproximados, pero tampoco se han ofrecido esos datos.

Días después de ocurridas las torrenciales lluvias los daños se estimaban de manera preliminar en decenas de millones de dólares.

Por ejemplo, en el caso de san Juan, la oficina de prensa del alcalde Miguel Romero habían estimado $19.5 millones en daños. Mientras, en Vega Baja, el mandatario Marcos Cruz adelantó que los daños podían ascender a entre $8 y $10 millones.

De otra parte en Toa Alta, el alcalde Clemente Agosto estimó los daños en $7.4 millones y urgió la semana pasada al gobernador a solicitar al gobierno fedreal declarar zona de desastre su municipio.

En Vega Alta, la alcaldesa María Vega, estimó los daños por las constantes lluvias en $2.5 millones

Indicó que los daños en Vega Alta consistieron en roturas de carreteras y edificios municipales, el colapso de una verja de cemento que mide más de 150 pies en la urbanización Golden Village -la cual colinda con carreteras estatales-, deslizamientos alrededor del municipio y daños en hogares.