El gobernador Pedro Pierluisi presentó este jueves una ambiciosa propuesta de presupuesto para el año fiscal 2022-2023 ascendiente a $28,785 millones que, entre otras cosas, proyecta cubrir a partir de julio los millonarios gastos de nómina con el aumento prometido a servidores públicos de varias agencias gubernamentales, así como garantías para mejorar sus pensiones.

En el plan -que está $7,000 millones por encima del vigente presupuesto- también se prometen asignaciones adicionales para la Universidad de Puerto Rico (UPR), incluyendo salvar la acreditación del Recinto de Ciencias Médicas, así como medidas para proteger el Fondo de Equiparación de los municipios.

“Luego de años de recibir recortes y reducciones de presupuesto, este año podemos volver a invertir en Puerto rico y en nuestro capital humano”, dijo el Primer Ejecutivo en una conferencia de prensa en la que participó el director ejecutivo de la Ofician de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco; el secretario de Estado, Omar Marrero; y el secretario de Hacienda, Francisco Parés.

Se detalló que del presupuesto consolidado de $28,785 millones se incluyen $12,573 millones del Fondo General, $4,976 millones de fondos especiales y $11,236 en fondos federales. El gobernador acotó que la partida del Fondo General es compatible con los que la Junta de Supervisión Fiscal había recomendado. El ente federal debe revisar y aporobar la propuesta presupuestaria presentada hoy por el gobierno.

El gobernador destacó que los millones proyectados del Fondo General se subdividen en $5,462 millones para gastos operacionales; $3,355 millones en gastos de nómina, $2,297 millones en pagos de pensiones; $1,100 millones para el Fideicomiso de Reserva de Pensiones; $771 millones en el servicio a la deuda; $413 millones millones en servicios profesionales; y $268 millones en gastos de obras de capital. En cuanto a la pensión de los maestros dijo que hay un litigio pendiente que fue incoado por la Asociación de Maestros, cuyo desenlace hay que esperar. Sin embargo, acotó que al igual que ocurre con los policías la pensión de los educadores debe ser mínimo el 50% de su salario, y no el 75% como se disponía el recién congelado plan de pensiones definidas. Agregó que vislumbra que el dinero para las pensiones de los maestros pudiera obtenerse de algún sobrante del Fondo General y tras la aprobación del plan Build Back Better.

De hecho, según Pierluisi en la propuesta de presupuesto el área principal de recores es en contratos de servicios profesionales. Se estipuló que en este renglón el ahorro es de un 13% o el equivalente a cerca de $67 millones. Según el director ejecutivo de OGP, durante los pasados meses se trabajó en identificar áreas de transición en las que se está invirtiendo en recursos humanos para empezar a prescindir de contratos profesionales, particularmente en puestos de finanza y tecnología.

“Quiero destacar que como política pública de mi administración estamos en el proceso de reducir los gastos en contratos de servicios profesionales, y a la vez aumentar las partidas de nómina para lograr que sean nuestros servidores públicos los que realicen el trabajo. Por lo tanto, tenemos un aumento del 20% en la nómina pública, al tiempo que reducimos en 13% las contrataciones de servicios profesionales. También aumentamos las asignaciones para mejoras capitales y garantizamos los aumentos a las pensiones de los policías”, expesó el gobernador.

Un esperanzado Pierluisi dijo estar “positivo” en que el presupuesto anunciado sea aprobado por el ente federal , pues “trabajamos de verdad hombro con hombro con el personal de la Junta”. “No anticipo mayores conflictos en esta ocasión entre la Junta y la Rama Ejecutiva”, insistió el gobernador.

Firme en aumentos de sueldos a servidores públicos

Asimismo, el gobernador defendió la inversión en aumentos de sueldo y en la revisión de escalas salariales en la mayoría de los renglones del gobierno mediante un nuevo Plan de Retribución al que se le destinarán $68 millones para que se revise la paga de 45,000 personas que laboran en 66 agencias gubernamentales. El ajuste en la revisión de escalas está pautado para implementarse a partir de enero de 2023, pero está condicionado por la JSF a que se cumplan con ciertos requisitos, incluyendo un sisema de ponchadores digitales en las agencias.

“Estamos destinando $396 millones para el aumento de $1,000 mensuales a nuestros maestros, de los cuales $153 millones provienen del Fondo General y $241 millones vienen de los fondos ESSER. Ya hemos ido identificando las partidas a futuro de las cuales podremos asegurar que todo el aumento sea del Fondo General. Que quede meridianamente claro, los aumentos a nuestros maestros están garantizados de forma permanente. Además, ya identificamos como parte del presupuesto, todos los demás aumentos con los que me he comprometido, liberando así Fondos del Plan de Rescate Americano (ARPA) para otras iniciativas”, precisó el gobernador.

Sus palabras hicieron referencia a los $50 millones para los aumentos a los Oficiales de Custodia del Departamento de Corrección y $3.6 millones para los aumentos a paramédicos y técnicos de emergencias médicas. También, $14.9 millones para los aumentos adicionales a los bomberos y $3.7 millones para el aumento a los enfermeros del sistema de salud pública. Asimismo, $2.7 millones para el reclutamiento y los aumentos en el Instituto de Ciencias Forenses.

Igualmente, el gobernador Pierluisi destacó que se está invirtiendo en academias de reclutamiento en áreas clave como una academia de la policía para reclutar 400 nuevos cadetes; una academia de bomberos para reclutar 300 bomberos adicionales; y una academia de Vigilantes de Recursos Naturales para reclutar 200

vigilantes, ya que desde el 2004 no se realiza una.

Promete estabilidad financiera a la UPR

En cuanto a la Universidad de Puerto Rico, el primer ejecutivo anunció que la asignación alcanza unos $620 millones. Esto incluye la asignación base de $500 millones, $51 millones para el Fondo de Becas establecido el pasado año, $59 millones de asignaciones especiales, y una reserva de $10 millones para garantizar los fondos necesarios para proteger la acreditación del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR.

A preguntas de la prensa el gobernador dijo que a los $10 millones que mencionó se agregan $10 millones adicionales de fondos ARPA que cubrirían la deficiencia de $17 millones que tiene el RCM, según lo estipuló la presidenta interina de la UPR, Mayra Olavarría.

Trascendió esta semana que la agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education emitió una advertencia al recinto de Ciencias Médicas de la UPR ante la posibilidad de que su acreditación esté en riesgo debido a posible incumplimiento con los estándares de la institución. La agencia resaltó que la institución debe demostrar un manejo fiscal responsable, debe tener un presupuesto para el año fiscal corriente y debe completar anualmente auditorías financieras externas.

Mantienen Fondo de Equiparación a los Municipios

Sobre los municipios, el presupuesto presentado mantiene la aportación al Fondo de Equiparación en $88 millones, descartando el recorte de $44 millones que proponía la JSF.

También,se destinan $164 millones para cubrir la aportación de los municipios al Plan Vital y se garantizan los $58 millones para el Fondo Extraordinario para el Recogido de Desperdicios Sólidos que requiere la Ley 53-2021.

Impacto a Educación, Salud y Seguridad

Mientras que en Educación, entre los fondos federales y estatales, se está destinando $197 millones para el Programa de Horario Extendido en sobre 700 escuelas. Además, se asignan $163 millones para ampliar los programas de escuelas Montessori, Deportes, Bellas Artes , STEM y las Escuelas Bilingües, $188 millones para la Educación Vocacional y Técnica, $7.2 millones para la revisión curricular y $155 millones para servicios de Educación Especial.

Asimismo, en el sector de Salud hay partidas importantes como $2.5 millones a un fondo para servicios de salud mental y para la acreditación de hospitales psiquiátricos. Igualmente, se asignan $5 millones para iniciativas de ACUDEN y ASSMCA de salud mental de niños y adolescentes, $8 millones para el pago del Plan Vital para policías retirados, $10 millones para el Centro Comprensivo de Cáncer, $15 millones para mejoras a

los hospitales públicos y $1 millón para la gerencia del Hospital de Vieques.

En el tema de Seguridad Pública, además de las academias para los Negociados de Policía y Bomberos, se asignan $8.7 millones para equipo, ambulancias y mejoras a las estaciones de bomberos, $20 millones para los cuarteles de la policía y $3.5 millones para el Albergue de Testigos. Se asignan otros $7 millones para restituir subvenciones de fondos VOCA que se han reducido para organizaciones que sirven a víctimas del crimen, y $2.4 millones para reclutar fiscales para las Cortes de Droga y los empleados del Albergue de Testigos.

Otras asignaciones en el presupuesto son $10 millones para el sistema de contabilidad centralizado o ERP; $26.3 millones para iniciativas de transformación tecnológica e interconectividad del Gobierno a través de PRITS; $3 millones para innovación gubernamental para herramientas como Cesco Digital, VacuId y otras.

Asimismo, $13 millones para el sistema de Time & Attendance en las agencias y $2 millones para la Unidad de Manejo de Fondos Federales y $1.5 millones para adelantar las iniciativas a favor del trato igual en programa federales como Medicaid, Asistencia Nutricional.

Conoza otras iniciativas incluidas en el presupuesto del gobierno

• Restituir el Programa de Mantenimiento de Carreteras con $48 millones

• Mejorar el portal de permisos con $1.4 millones

• $5 millones para iniciativas de innovación, digitalización y competitividad

• $2 millones para un programa piloto de adiestramiento vocacional para empleos relacionados a la

reconstrucción

• $17.5 millones para los incentivos que buscan estabilizar el precio de la leche

• $60 millones para mitigar el impacto inflacionario en la operación gubernamental

• $7 millones para combatir la violencia de género

• $1.5 millones para reclutar intercesores que acompañen a víctimas en los procesos judiciales como exige mi política pública y la Ley 32-2021

• $10 millones para suplementar aumentos en el plan de retribución del Departamento de la Familia que promueva el reclutamiento de trabajadores sociales

• $3.7 millones para iniciativas contra la pobreza infantil

• $1.6 millones para el pago de primas de seguros de inundaciones a familias de bajos ingresos

• $5 millones para modernizar las operaciones de ADSEF con miras a transicionar de PAN a SNAP

• $2 millones para establecer el programa de retorno al trabajo que promueve el retorno al trabajo

• $300 mil para la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda

• $2 millones para el Programa de Subsidio de Renta para Veteranos

• $13.2 millones para la construcción y rehabilitación de viviendas en comunidades especiales

• $3 millones para iniciativas que atienden emergencias ambientales relacionadas al cambio climático y la erosión costera

• $1.2 millones para el Comité de Expertos sobre el Cambio Climático

• $17 millones para el pareo del proyecto del dragado del Caño Martín Peña

• $4 millones para la academia de vigilantes de Recursos Naturales