El gobernador Pedro Pierluisi emitió hoy, miércoles, un veto a la medida que buscaba enmendar la Reforma Educativa de Puerto Rico y exigirle al Departamento de Educación realizar un estudio sobre el cierre, consolidación o reorganización de una escuela pública que esté disponible un año antes de implementar dicha determinación.

El primer mandatario envió una misiva al presidente de la Cámara de Representante, Rafael “Tatito” Hernández y a su homólogo en el Senado, José Luis Dalmau, donde recalcó que aunque el Proyecto de la Cámara 17, de la autoría de la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara Baja, cuenta con propuestas que pudieran facilitar la administración de recursos de la agencia educativa, un análisis ponderado de la medida resultó mostrar lo contrario.

La propuesta legislativa vetada incluía insertar vistas públicas a los requisitos que debe cumplir el Departamento de Educación al momento de proponer el cierre de un plantel escolar. Además, la misma obligaba a la agencia a considerar todas las partes de la comunidad escolar para presentar sus observaciones sobre un posible cierre.

Igualmente, Pierluisi expresó que la pieza legislativa presenta un vicio de inconstitucionalidad “que resulta insalvable”.

“Se trata de la enmienda que propone otorgar deberes adicionales a los psicólogos escolares (Artículo 2.13) que no fue incluida en el título de la pieza legislativa, pues no se describe su intención y solo se hace mención nominal de la misma”, establece el comunicado de prensa de La Fortaleza.

“Esto tiene el efecto que dicha enmienda propuesta sea nula, según la sección 17 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico”, agregó.

Igualmente, esto se suma que al momento de redactar el proyecto no se consideraron las funciones que actualmente realizan los psicólogos escolares, así como la cantidad de estos en los planteles escolares.

Además, en el comunicado de prensa de La Fortaleza, se reiteró que “en esta administración no habrá cierre de escuelas por baja en la matrícula ni por ahorros administrativos”.

Firma medida para atajar el uso problemático de los medicamentos con opioides

Por otro lado, Pierluisi convirtió en ley el Proyecto del Senado 189, que enmienda la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente para que los médicos discutan con sus pacientes los riesgos asociados a la utilización de fármacos basados en opioides recetados.

Dicha ley forma parte de una de las 137 medidas que forman parte de la agenda del primer mandatario.

Según dispuesto en ley, los galenos deberán orientar a sus pacientes sobre los riesgos de adicción y consecuencias adversas a la salud incluyendo depresores del sistema nervioso central. También, tendrán que orientarle sobre las razones por las cuales la prescripción es necesaria. Igualmente deben educar sobre los tratamientos alternativos que pueden estar disponibles en sustitución al opioide y los riesgos asociados con el uso de los medicamentos que se prescriben, tales como el riesgo de desarrollar una dependencia física o psicológica de la sustancia peligrosa controlada, e insuficiencia respiratoria mortal. De igual forma, sobre posibles consecuencias que podría acarrear que el paciente descontinúe o interrumpa el tratamiento sin que el médico intervenga en esa descontinuación, interrupción o variación de este, entre otras especificaciones.

“Como parte de nuestra misión y política pública está empoderar a los pacientes, pues es su derecho contar con la información correcta y completa sobre los tratamientos que reciben. A la firma de esta medida, se unen iniciativas que estamos realizando en el Gobierno mediante la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), para adiestrar a miles de personas sobre el manejo adecuado de una sobredosis. Hasta el momento ASSMCA ha adiestrado a unas 14,529 personas y entregado 26,118 kits de naloxona intranasal, que es un medicamento para ayudar a reducir muertes por sobredosis de opioides. Además, se realizan campañas educativas y actividades de impacto comunitario que ayuden a prevenir la adicción y fallecimientos como consecuencia del uso de opioides” sostuvo el gobernador.

Esta pieza legislativa fue acogida por el Departamento de Salud, la Administración de ASSMCA y el Departamento de Justicia.