La propuesta limitación del derecho constitucional a la fianza hecha por el gobernador Luis Fortuño fue repudiada hoy por el liderato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

En una conferencia de prensa conjunta, el secretario General del PIP, Juan Manuel Dalmau, y la vicepresidenta de la colectividad política, María de Lourdes Santiago, acusaron al gobernador Fortuño de querer coartar los derechos civiles del pueblo limitando  el derecho constitucional a la fianza.

“La intención del gobernador Fortuño es parte de la  superficialidad que ha caracterizado su gobierno desde el comienzo del cuatrienio. Ante  su  incapacidad  para atender el problema de la criminalidad, que es un asunto serio y complejo,  recurre a  reprimir los derechos fundamentales del pueblo”, puntualizó Dalmau.

A su juicio, la actual administración es otro ejemplo vivo del fracaso en la gestión pública sobre el problema de la criminalidad.

“Por eso, agregó, le dedica los recursos humanos y fiscales  del país a políticas cuasi militares,  vigilancia electrónica  y la limitación del derecho a la fianza. Parece que ni siquiera conocen  las estrategias de prevención primarias para atender los factores de riesgo que estimulan la violencia y el crimen”.

Por su parte, la ex senadora Santiago destacó que  las verdaderas raíces del crimen y la violencia son la marginación, la desigualdad, la pobreza, las deficiencias educativas, la falta de oportunidades de empleo y de movilidad social,  la dependencia y  el consumismo desenfrenado, entre otras.

“Es fundamental  que el gobierno adopte  un enfoque integral al problema  de la criminalidad   para trabajar preventivamente con las causas  y, a la vez, atender sus efectos inmediatos” manifestó Santiago.

Precisó que en  la prevención es fundamental alterar dramáticamente el acercamiento al problema de la adicción a las drogas  cuyo uso y trasiego  están detrás del 80% de los delitos violentos que se cometen en nuestro país.

"El  PIP hace tiempo viene proponiendo un enfoque  salubrista ante el problema de la drogodependencia”, apuntó la ex legisladora pipiola.

Santiago también urgió atender las deficiencias del sistema educativo  mediante una verdadera reforma educativa  que atienda los reclamos legítimos de los maestros en materia de salarios y condiciones de  empleo, la necesidad de materiales y equipos didácticos  y que atienda las necesidades de  nuestros niños y jóvenes con planes individualizados para el máximo provecho de su potencial.

“La prevención mediante la educación tiene que promover  los valores de una cultura de paz  desde los grados primarios”, consignó Santiago.