Los legisladores pipiolos María de Lourdes Santiago y Denis Márquez refirieron hoy al Departamento de Justicia una denuncia en torno a un presunto esquema que abarca a 22 municipios, una empresa de bienes raíces y un bufete legal, vinculados al manejo de las declaraciones de estorbos públicos y los trámites de expropiación.

A partir del examen de expedientes judiciales y otros registros públicos, los legisladores sostuvieron hoy que los 23 ayuntamientos han cedido a la empresa Universal Properties Realty Government Services LLC las facultades de identificar propiedades que puedan ser consideradas estorbos públicos, generar los expedientes dirigidos a realizar las declaraciones correspondientes, realizar inspecciones, notificar a las partes afectadas y proceder con las ejecuciones.

Los municipios señalados por la senadora Santiago y el representante Márquez en el referido son Humacao, Cidra, Canóvanas, Arroyo, Arecibo, Juncos, Patillas, Toa Alta, Guayanilla, Loíza, Santa Isabel, Las Piedras, Aibonito, San Germán, Ponce, Dorado, Guayama, Luquillo, Río Grande, Caguas, Guánica y Morovis. En el caso, de Caguas, además del contrato otorgado a Universal Properties, también mantiene un acuerdo con el bufete Francis y Gueits que le asigna las mismas funciones.

De los 22 pueblos, 15 son dirigidos por alcaldes del Partido Popular Democrático y siete, del Partido Nuevo Progresista. Los contratos en Arecibo, Cidra, Canóvanas y Humacao fueron cancelados en este cuatrienio, según se desprende del referido.

“Además de la comisión de delitos y de fallas severas en el manejo de fondos públicos, hay que plantearse cómo la privatización de estos procesos, en lugar de contribuir al grave problema que vemos en todo el país, de casas sin gente y gente sin casa, se ha convertido en una oportunidad comercial que sólo añade a las sombras sobre las administraciones municipales”, sostuvo Santiago.

La senadora subrayó que, tras una expropiación forzosa, los municipios pueden recurrir al mecanismo de subasta pública o completar una venta directa a un postor interesado. En el segundo escenario, el precio debe ser fijado conforme al valor de tasación de la propiedad. Sin embargo, a este costo –que representa la cantidad que recibirá el titular expropiado– se le deducen los gastos en que haya incurrido el municipio, incluyendo los pagos a las entidades contratadas.

Santiago agregó que, del análisis realizado de documentos públicos, surge que Universal suele facturar cantidades que exceden los $20,000 por cada propiedad que es declarada estorbo público y expropiada. Asimismo, puntualizó que la empresa tiende a someter facturas uniformes a los municipios, independientemente de las características de la propiedad intervenida.

“Yo creo que (la facultad de declarar estorbos públicos y expropiarlos) es una facultad reservada a los municipios. Sobre todo, porque estamos hablando de enormes cantidades de fondos públicos. Una vez una persona dice que quiere adquirir una propiedad y que, para adquirirla, va a utilizar la facultad del Estado de obligar alguien a vender aunque no quiera, para que otro pueda comprar (…) en el momento en que se entrega ese dinero son fondos públicos, no pueden estar corriendo cheques de gerente a nombre de Universal o Francis & Gueits y de nadie. De lo que hemos visto, solamente en un contrato del municipio de Caguas se dispone que habrá una cuenta especial para depositar esos fondos”, acentuó la senadora independentista.

“Las agencias de gobierno a las que referimos este escandaloso esquema tienen la obligación de investigar todos y cada uno de los aspectos que hemos señalado en nuestro referido, la posible comisión de delitos, las violaciones al debido proceso de ley y las violaciones a leyes que rigen estos procesos. De lo contrario, estarán renunciando a su obligación frente a todo el país”, afirmó, por su parte, el representante Márquez.

Específicamente, Santiago y Márquez consideran que en los trámites de declaración de estorbos públicos y expropiación se pudieran estar configurando al menos cuatro delitos: fraude, falsificación ideológica, apropiación ilegal y apropiación ilegal agravada.

De acuerdo con los líderes pipiolos, Universal, con la anuencia de los municipios, ha requerido y cobrado dinero a cambio de vender propiedades con el conocimiento de que no son expropiables, pues, por ejemplo, pertenecen al Departamento de la Vivienda y no figuraban en el inventario de estorbos públicos.

Los legisladores también aludieron a demandas en las que titulares han reclamado que no han sido notificados adecuadamente del proceso en su contra, como un propietario que alegó que Universal se comunicó mediante un mensaje a su cuenta de Facebook. Mientras, mencionaron un caso sobre una propiedad de Caguas perteneciente al Banco Popular, que Francis & Gueits alegadamente inició el trámite para declarar estorbo público sin notificación alguna y a pesar de que se encontraba en buenas condiciones.

En tanto, Santiago mencionó que, en Humacao, el municipio llegó a requerir los expedientes de 80 propiedades declaradas estorbos públicos, pero que Universal y la abogada reclutada por la empresa se negaron a proveerlos hasta que un tribunal validó los planteamientos del ayuntamiento.

Además del referido a Justicia, los legisladores harían llegar sus hallazgos a la Oficina del Contralor, la Asociación de Alcaldes, la Federación de Alcaldes, la Junta de Corredores de Bienes Raíces y las comisiones legislativas pertinentes.

Santiago reconoció que, de momento, no cuentan con un estimado de las propiedades que se han declarado estorbos públicos o expropiado en procesos tramitados por Universal o Francis & Gueits. “Son cientos, pero no tenemos un número exacto”, dijo la legisladora.