El Senado dio paso este miércoles a un proyecto de ley que extendería el plan médico que cobija a los empleados de agencias del gobierno y los municipios a las parejas de hecho, sin importar si sus componentes son del mismo sexo.

De esta forma, el gobierno y los ayuntamientos seguirían la tendencia marcada por algunas instituciones del sector privado, así como otras entidades públicas como la Universidad de Puerto Rico (UPR), y más recientemente el Municipio de San Juan, que han ampliado la cubierta de los planes de salud de sus trabajadores para que aseguren también a los cohabitantes en un núcleo familiar.

El proyecto de ley de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) derogaría el inciso que define "miembro de la familia" en la Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos para establecer que incluirá también a las "personas cohabitantes", definidas como aquellas "sujetas a convivencia sostenida y vínculo afectivo, lo cual se refiere a personas solteras, adultas, con plena capacidad legal, que cohabitan de manera voluntaria, estable y continua".

La definición vigente limita los beneficios del plan médico a los cónyuges, cualquier hijo y a familiares del empleado gubernamental o su cónyuge que residan permanentemente bajo el mismo techo y que dependan del sustento familiar.

La pieza legislativa fue aprobada durante la sesión con 22 votos a favor, dos en contra y una abstención.

"Si bien la Ley Núm. 95 (Ley de Beneficio de Salud para Empleados Públicos) reconoce como miembros de la familia del empleado al cónyuge y sus familiares, es preciso dejar claro de forma expresa, el alcance amplio del estatuto, de manera que no quede duda que este cobija a las personas cohabitantes y sus dependientes", reza el informe suscrito por el senador popular José Luis Dalmau, presidente de la Comisión de Salud y Nutrición, quien recomendó la aprobación de la medida.

El proyecto de ley es cónsono con una orden ejecutiva firmada en febrero por el gobernador Alejandro García Padilla, que ordenó a la Administración de Seguros de Salud (ASES) a reglamentar el proceso de contratación de los planes médicos "de forma tal que se incluya a las personas cohabitantes en las cubiertas a ser seleccionadas por los empleados de la Rama Ejecutiva".

Según la pieza legislativa, será el asegurado -y no el gobierno- quien asumirá los aumentos en la prima al añadir personas al plan de salud.

Además, el Senado ratificó una medida que dejaría sin efecto un requisito impuesto a los miembros de la Asamblea Legislativa por la Ley de Reforma Fiscal del 2006, que los obliga a obtener una certificación del Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) al tramitar cualquier medida que requiera alguna asignación de fondos públicos.

La medida, con coatuores de la delegación del PPD y la minoría del PNP, con 22 votos a favor, y tres en contra.

Al defender el proyecto, el senador Aníbal José Torres, uno de los coautores de la pieza, afirmó que esa condición a la que está sujeta la Legislatura transgrede la separación de poderes dispuesta por la Constitución del Estado Libre Asociado.

Torres, portavoz de la mayoria parlamentaria, argumentó que en el balance de poderes, corresponde al Gobernador -y no a las agencias públicas- aprobar o rechazar un proyecto mediante la firma que lo convierte en ley, devolviéndolo a la Asambela Legislativa o vetándolo.

"Esto no es una carta abierta para que ahora los legisladores nos volvamos locos sometiendo legislación... Es nuestro deber proteger la institución que representamos en esta Asamblea Legislativa, y procurar a través de nuestros actos que no se altere el balance de poderes necesario en la ejecución de las decisiones de las ramas Ejecutiva y Legislativa", sostuvo Torres.

El presidente senatorial, Eduardo Bhatia, recordó que la Ley de Reforma Fiscal, que impone como requisito la referida certificación, fue aprobada durante uno de los momentos más críticos de las finanzas del gobierno y buscaba controlar al extremo el gasto público.

 "El problema donde surge es que se le exige a la Asamblea Legislativa que tiene que tener un certificado para poder legislar, y es bien fácil para el Ejecutivo decir 'yo no te envío el certificado y tú no puedes legislar', y crea un problema de separación de poderes. La Constitución prohíbe eso", subrayó el líder senatorial.

Bhatia resaltó que, para atender los asuntos presupuestarios durante el trámite legislativo, el Senado aprobó un proyecto para crear el Centro Legislativo de Innovación y Presupuesto, que contaría con personal especializado que trabajaría para ambas cámaras con el fin de asesorarlos en materia económica, fiscal y presupuestaria.

Esa medida no ha sido aprobada por la Cámara de Representantes.