La jueza Lauracelis Roques Arroyo dejo apercibida a la presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández, a que tiene hasta las 2:00 p.m. de mañana para entregar un plan que permita el acceso al recinto de Río Piedras en 24 horas, o la presidenta se expone a ser arrestada y encarcelada.

Ese plan debe estar avalado por la Junta de Gobierno de la UPR, enfatizó la jueza.

Un incumplimiento de Fernández a la orden del Tribunal de Apelaciones para que se reabran los portones, emitida hace 12 días, será penalizado, advirtió la jueza.

“Puede incluir su arresto. Es un desacato civil, no hay fianza, la llave la tiene en el bolsillo”, dijo la jueza.

Agregó que la orden emitida por el Tribunal de Apelaciones ofrecía opciones para dar cumplimiento a la directriz, y dijo que la presentación del recurso de mandamus, que pretendía obligar a la Policía a darle apoyo a la UPR para reabrir los portones.

La jueza fue enfática en que las acciones tomadas hasta ahora no son suficientes, incluyendo el mandamus radicado ayer contra la Policía para abrir los portones.

A las afueras de la sala, el presidente del Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), José Torres, hizo un llamado a los estudiantes a “buscar alternativas” y aprobar los preacuerdos del Comité de Diálogo Institucional a los que los estudiantes quieren hacer cambios.

Por otra parte, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (Appu) José Rivera Caballero, insistió en que las conversaciones están muy adelantadas y que la negociación podría tomar muy poco tiempo.


Antes de que la jueza tomara la decisión, el abogado de la UPR preguntó a Fernández Hernández si aplicar sanciones administrativas, un proceso de mediación o su encarcelación garantizaría la continuidad de las labores académicas. “No lo garantizaría”, fue su respuesta.

Sin embargo, para el abogado de los estudiantes demandantes, Pedro Vázquez, “vemos a diario muchas cosas que no se cumplen hasta que haya un arresto o una amenaza de arresto. Yo creo que así sería efectivo”. La funcionaria se expone hasta a seis meses de cárcel.

En su interrogatorio a la presidenta interina, la funcionaria admitió que no se ha iniciado ningún proceso porque no han podido identificar a los huelguistas, en ocasiones porque "siempre hay alguien distinto" y en otras por el uso de capuchas.

Según Fernández Hernández, es la rectoría a quien le corresponde documentar y recoger la evidencia para iniciar cualquier acción administrativa. "Hay todos unos procedimientos".

Sin embargo, Vázquez insistió en que si la presidenta interina reconocía que la ley exige que se garantice la labor académica y que cualquier reglamento va por debajo de ley. 

Fernández Hernández admitió que no le pidió a la pasada rectora de la unidad riopedrense, Carmen Rivera Vega, que identificara a los manifestantes para iniciar el proceso contra los estudiantes, profesores o empleados en los portones.

En medio de un receso, el presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), insistió ante preguntas de la prensa en que su matrícula no está en huelga y que no hay razón para que se les sancione.

Mientras tanto, entre los preacuerdos alcanzados el pasado fin de semana por el Comité de Diálogo Institucional está garantizar que no se tomarán medidas disciplinarias contra los manifestantes.

Al regreso del receso, el abogado de la UPR, Enrique Figueroa, inició el interrogatorio a la presidenta cuestionando la efectividad de posibles sanciones a los efectos de cumplir con la orden del Tribunal de Apelaciones para abrir los portones.

Fernández Hernández dijo que no hay garantías. El interrogatorio continúa.