Washington. Las elecciones de mitad de mandato ya han dado un vuelco a la política nacional. Debido al número de gobiernos estatales que han pasado a estar bajo control demócrata, también podrían cambiar la forma en que Estados Unidos elige a su presidente.

El repentino cambio a color azul en tantas otras legislaturas estatales abre la puerta a que un número suficiente de estados se sume a otros 18 estados gobernados por demócratas en un acuerdo que, en la práctica, neutralizaría el Colegio Electoral. Esto transformaría la contienda por la presidencia en una competencia por obtener la mayor cantidad de votos a nivel nacional, en lugar de que los candidatos se concentren en media docena de estados indecisos.

Los estados que se han sumado al llamado Pacto Interestatal del Voto Popular Nacional suman 222 votos del Colegio Electoral. Una vez que el número de estados participantes alcance los 270 necesarios para ganar la presidencia, este acuerdo exigiría, en la práctica, que un candidato ganara el voto popular nacional para obtener la mayoría en el Colegio Electoral.

No está claro si la estrategia cuenta con el apoyo de todos los legisladores y gobernadores recién elegidos en los estados clave, y es casi seguro que enfrentará impugnaciones legales por parte de grupos conservadores. Si finalmente se lleva a cabo, podría llegar ante la Corte Suprema, de mayoría conservadora.

Sin embargo, la oleada de victorias demócratas en las elecciones para gobernador y en las legislaturas estatales tiene optimistas a los partidarios del plan. En las elecciones del martes, los demócratas obtuvieron el control total en seis estados que representan 71 votos del Colegio Electoral: Arizona, Michigan, Minnesota, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Minnesota, con sus 10 votos electorales, se había sumado al pacto cuando estaba bajo control total demócrata en 2023.

Algunos gobernadores expresan su apoyo, mientras que otros se mantienen evasivos

“Podemos eliminarlo”, dijo el nuevo gobernador demócrata de Wisconsin, David Crowley, refiriéndose al Colegio Electoral, ahora que, por primera vez en 16 años, la legislatura está en manos de su partido. “Me interesa tener esas conversaciones con la legislatura estatal”.

Durante el fin de semana, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, quien probablemente se postulará para la candidatura presidencial demócrata en 2028, dijo que le gustaría que su legislatura, ahora de mayoría demócrata, tomara medidas para que el Colegio Electoral quedara obsoleto.

“Creo que el voto popular nacional tiene sentido. Mi opinión al respecto no ha cambiado”, dijo Shapiro en un podcast liberal. “Trabajaré con los legisladores para determinar cuál es el mecanismo adecuado para avanzar en ese tema”.

Si Pensilvania y Wisconsin respaldaran el pacto, bastaría con que dos de los tres estados restantes —Arizona, Míchigan y Nevada— cambiaran de bando para alcanzar el umbral de 270 y hacer que la victoria en el Colegio Electoral dependiera de ganar el voto popular.

Pero no todos los gobernadores demócratas están apoyando esta iniciativa, al menos por ahora. En una entrevista televisiva el lunes, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, se negó a decir si estaba a favor de que su estado se sumara al pacto.

“Mira, te diré que, para mí, lo más importante —según lo que he escuchado al hablar con los votantes de todo el estado— es abordar los problemas de asequibilidad, seguir buscando formas de reducir los costos, asegurar la frontera, proteger nuestros recursos hídricos y seguir protegiendo la educación pública”, dijo Hobbs, cuya oficina se negó a hacer más comentarios.

La experiencia previa de Nevada con este tema también sirve de advertencia para quienes lo apoyan.

En 2019, el entonces gobernador demócrata Steve Sisolak vetó una medida que habría comprometido a Nevada a sumarse al pacto, después de que esta fuera aprobada por mayorías demócratas en ambas cámaras de la Legislatura. Sisolak afirmó en ese momento que la idea del voto popular reduciría la influencia de los estados con menor población, como Nevada, en las elecciones nacionales.

Los demócratas aprobaron otra medida para sumarse al pacto en 2023, pero no pudieron encontrar la manera de sortear al entonces gobernador republicano del estado. La administración entrante de su nuevo gobernador demócrata, Aaron Ford, no respondió a las solicitudes de comentarios, al igual que la nueva gobernadora demócrata de Míchigan, Jocelyn Benson.

Dos presidentes, con 16 años de diferencia, perdieron el voto popular

La idea de pasar a un sistema de voto popular nacional ganó fuerza entre los demócratas después de que el republicano George W. Bush ganara las elecciones presidenciales de 2000 al superar por un estrecho margen al demócrata Al Gore en el Colegio Electoral, a pesar de haber perdido el voto popular. El impulso se intensificó después de que los republicanos volvieran a ganar la Casa Blanca de esa manera en 2016, con la victoria de Donald Trump sobre la demócrata Hillary Clinton.

Según el plan del Voto Popular Nacional, el candidato que gane el voto popular a nivel nacional recibiría los votos del Colegio Electoral de los estados que se hayan sumado al pacto.

“No hay nada intrínsecamente partidista en la idea”, afirmó Patrick Rosenstiel, un estratega republicano de Minnesota que se desempeña como consultor principal del movimiento a favor del voto popular. En ocasiones, las cámaras legislativas con mayoría republicana, incluido el Senado de Oklahoma, han aprobado propuestas para sumarse al pacto, pero los proyectos de ley no han avanzado más allá de eso.

Dijo que su propio voto presidencial carece prácticamente de importancia porque Minnesota ha votado sistemáticamente por los demócratas en las elecciones presidenciales desde hace décadas, lo que le deja sin influencia alguna en el resultado y hace que la gran mayoría de la atención de los candidatos se dirija a otros lugares.

“No creo que haya tenido nunca influencia alguna en el resultado de unas elecciones presidenciales”, dijo. “El voto popular nacional obliga a las campañas a enfocarse en cada votante que se pueda convencer en cada distrito electoral de todo el país”.

Rosenstiel dijo que la campaña a favor del voto popular nacional se ha estado intensificando para impulsar el tema cuando las nuevas legislaturas estatales demócratas se reúnan a principios de año. Agregó que la organización ya ha conseguido patrocinadores legislativos.

El acuerdo podría generar inquietudes constitucionales

Los republicanos ya no tienen el poder de detener el cambio en los estados controlados por los demócratas, pero algunos grupos conservadores están listos para la lucha. El cambio “priva de sus derechos a los votantes en los estados miembros si se aprueba, viola la Constitución de los Estados Unidos y socava la intención de los fundadores de Estados Unidos”, escribieron en septiembre los analistas del America First Policy Institute, un centro de estudios pro-Trump.

Tampoco hay garantía de que las propuestas se aprueben. Derek Muller, un profesor de derecho de Notre Dame que se muestra escéptico ante la idea, dijo que algunos podrían recapacitar ahora que ha pasado de ser un voto de protesta simbólico a una posibilidad real. Agregó que también habrá inquietudes constitucionales que probablemente darán lugar a impugnaciones legales.

La Constitución permite que los estados organicen las elecciones, y la Corte Suprema, en un caso derivado de unos electores que intentaron encontrar un sustituto para Trump en 2016, ha dictaminado que los estados pueden exigir a los electores que voten por el candidato presidencial al que se han comprometido a apoyar.

Muller señaló varios posibles obstáculos legales para el plan del voto popular. Los estados tienen la facultad de organizar sus elecciones, pero no de establecer reglas que determinen el resultado de las contiendas en otros estados. Además, cada boleta electoral estatal es diferente, y en algunas podrían aparecer candidatos de terceros partidos que no figuran en otras, lo que provocaría una dilución del peso del voto a favor de un demócrata o un republicano en un estado en comparación con otro.

Eso podría violar el requisito de la 14.ª Enmienda de que todas las personas tengan “igual protección ante la ley”. La Suprema Corte de los Estados Unidos también podría decidir que los estados no pueden adherirse a un pacto para modificar una de sus obligaciones constitucionales fundamentales, a menos que cuenten con la aprobación del Congreso.

“Creo que el Tribunal Supremo se interesará por el asunto”, dijo Muller.