La Cámara de Representantes tiene en agenda hoy un proyecto de ley que establece como política pública que la reunificación familiar no puede ir por encima del bienestar de los  menores.

La medida deroga la Ley de Menores de 2003, aprobada bajo la administración de la gobernadora Sila María Calderón, y crea un nuevo estatuto que se denominará Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

La pieza legislativa establece en su exposición de motivos, que la ley actual se creó para garantizar el bienestar de los menores, desde la perspectiva de la reunificación familiar, pero en su implementación el Estado “se ha percatado que la misma ofrece garantías demasiado amplias y aspectos técnicos”, que favorecen a los padres y madres maltratantes, las cuales en muchas ocasiones han ido por encima del mejor bienestar del menor.

“El Estado no puede permitir que nuestros hijos e hijas sigan siendo maltratados por los padres y las madres que anteponen sus intereses a los de sus hijos. Debemos aceptar como sociedad, que la reunificación familiar no siempre es lo más saludable”, dice la medida de la autoría de la presidenta del cuerpo, Jenniffer González Colón y suscrita por el resto de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Alega la parte expositiva del texto, que el Departamento de la Familia realiza a diario varios intentos para obtener el relevo de esfuerzos en casos donde los padres y madres maltratan de forma cruel a sus hijos.

“Por disposiciones de la Ley 177, los mecanismos que se deben utilizar requieren utilizar una serie de esfuerzos que atrasan que el Estado pueda asumir la custodia de los menores. Tal situación le ha costado la vida a más de un menor”, sostiene el proyecto de ley de 103 páginas.

Dispone que en los casos en los que la reunificación familiar no conlleve el mejor bienestar del menor, el Departamento de la Familia tendrá la obligación de comenzar el proceso de privación de patria potestad lo antes posible y promoverá la adopción de menores.

Establece además, que será política pública que en los casos donde surja un conflicto de intereses entre el custodio del menor y el mejor bienestar del menor, debe darse prioridad al bienestar del menor. La política aplicará en todos los procesos administrativos y judiciales que se lleven a cabo como consecuencia de la ley.