El Departamento de Educación ofreció versiones distintas en una vista pública hoy en la Cámara de Representantes sobre un proyecto de ley que busca aumentar a $2,700 el salario base de los maestros a partir de julio de 2022.

El salario base actual de los educadores del sistema público es $1,750 y no se revisa desde 2008, cuando el magisterio recibió el último aumento salarial bajo la gobernación de Aníbal Acevedo Vilá.

La nominada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos no compareció a la vista pública y envió una ponencia por conducto de la jefa de la División Legal de la agencia, Yaitza Maldonado Rivera, en la que no asumió una postura clara en torno al Proyecto de la Cámara 513. Aponte Santos dejó el análisis de la propuesta en manos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Fiscal (AFFAF) y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), quienes expresaron reparos al impacto económico de la medida.

Unas dos horas después, Maldonado se personó a la vista pública que se desarrollaba en el salón de audiencias I en el sótano del Capitolio, en compañía de la directora de Recursos Humanos del Departamento, Iraida Abarca y se expresó a favor de la medida.

Interrogada por el representante independentista Denis Márquez Lebrón, la jefa de la División Legal del Departamento de Educación alegó que la ponencia había sido enviada a la Comisión de Educación por la OGP y que se trataba de un borrador. Luego trascendió en la vista pública que la ponencia fue enviada a la comisión legislativa por el propio Departamento y no por la OGP.

A las preguntas del legislador pipiolo, Maldonado reclamó además, que tenía una ponencia enmendada favoreciendo la medida, aunque no la presentó por escrito en la vista.

Dijo que la ponencia enmendada solo elimina un párrafo relacionado con la carrera magisterial. “El resto se queda igual y culmina diciendo la posición del Departamento y la secretaria es que se le pueda establecer un salario base que supere el actual de los $1,750 mensuales”, indicó Maldonado.

No obstante, aceptó que la nueva ponencia tampoco endosa específicamente el proyecto de ley bajo evaluación en la comisión de la Cámara. “La Secretaria nos pidió que se le hiciera referencia a AFFAF y de la OGP”, sostuvo.

“Aquí no dice en ningún momento que es un borrador”, cuestionó el representante Márquez Lebrón.

“La ponencia original se remitió a OGP y ellos la remitieron junto con la de ellos”, alegó Maldonado.

Pero, la presidenta de la Comisión de Educación, Deborah Soto Arroyo antes de finalizar la vista dejó claro en el récord que la ponencia de la Secretaria de Educación, enviada ayer martes a la comisión legislativa no fue remitida por la OGP, sino por secretaria auxiliar de Asuntos Legales y Política Pública de la agencia, Awilda Orozco Betancourt.

“Aunque estoy consciente de que ustedes están en la mejor buena fe de estar aquí como representantes del Departamento y han dicho para récord que la Secretaria designada avala esta proyecto, me da la impresión de que ustedes no tienen comunicación en ningún momento porque desde que comenzamos no tienen los números…. Nos merecemos respeto de las personas que ocupan puestos en el Departamento de Educación”, sostuvo la legisladora, quien era maestra del sistema público antes de ser elegida a la Cámara por el Partido Popular Democrático (PPD).

Maldonado ni la Jefa de Recursos Humanos del Departamento de Educación tampoco pudieron proveer a preguntas del representante Márquez Lebrón el número de maestros permanentes y transitorios que componen la plantilla de la agencia.

Maldonado pidió 24 horas a la comisión legislativa para proveer la información y recibió el auxilio del presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez, quien se encontraba en el salón de audiencias.

Bonilla Sánchez dijo que según el convenio colectivo del sindicato, actualmente hay 21,932 maestros en puestos regulares y probatorios y otros 4,655 en puestos transitorios.

Por su parte, el director ejecutivo de la OGP, Juan Carlos Blanco Urrutia dijo que el presupuesto para el nuevo año fiscal no contempla el propuesto aumento salarial. “Recomendamos ser sumamente cuidadosos al momento de evaluar medidas que aun cuando son loables, pudieran afectar negativamente el Fondo General e incidir sobre el plan fiscal certificado (por la Junta de Supervisión Fiscal”, sostuvo Blanco Urrutia.

Por su parte, el sub director de Asuntos Legales de Affaf, Hecrian Martínez Martínez que la OGP y el Departamento de Educación “son las entidades apropiadas para llevar a cabo un análisis efectivo en términos del impacto presupuestario de la medida”.