Resueltas las diferencias que dejaron al descubierto el fraccionamiento dentro del Partido Popular Democrático (PPD), el liderato de la colectividad se concentrará en los próximos días en evaluar el contenido del proyecto de enmiendas al “Código Electoral 2020″ aprobado en la Cámara de Representantes, en vías a determinar si la propuesta puede ser el vehículo que “garantice” el derecho y deseo de cada votante puertorriqueño.

“Me reafirmo en que si el Partido Nuevo Progresista (PNP) lo que quiere es hacer unas enmiendas que no van a los problemas que desde el 2020 se han señalado como problemas fundamentales, pues no vamos a hacerle el juego al PNP. ¿Si este es el vehículo que nos va a dar la oportunidad de atender unos temas importantes? Eso está por verse”, señaló el presidente de la Pava, Jesús Manuel Ortiz.

Hoy más temprano, Ortiz anunció que él y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, habían alcanzado unos acuerdos que ponían fin a la controversia surgida la semana pasada luego que el líder legislativo aprobara -con el aval de otros 13 representantes populares y la delegación de la Palma- el Proyecto de la Cámara 1822, en violación a una resolución de la Junta de Gobierno de la colectividad que establecía que cualquier negociación en torno al Código Electoral debía estar encabezada por Ortiz.

Como resultado, el presidente del PPD ordenó la suspensión de Hernández -quien ha sido acusado de aliarse al PNP para lograr la aprobación de la medida- de todos sus cargos políticos y refirió a los otros 13 representantes populares a una Junta Ejecutiva de Oficiales Examinadores de nueva creación. Todas estas sanciones fueron levantadas como parte del acuerdo. También se anunció que ya no se convocará el Consejo General del PPD, que había sido citado para el 10 de septiembre.

“Con humildad, reconozco la importancia de este acuerdo en beneficio del futuro de nuestra institución, y con madurez, rectifico las deficiencias de nuestra comunicación durante este proceso”, dijo el presidente de la Cámara.

El grupo de 14 legisladores penalizados incluía, además de Hernández, a José “Conny” Varela, Ángel Matos García, Edgardo Feliciano Sánchez, Ángel Fourquet Cordero, Gretchen Hau, Jesús Hernández Arroyo, Lydia Méndez, Luis “Narmito” Ortiz Lugo, Jorge Alfredo Rivera Segarra, Joel Sánchez Ayala, Jesús Santa, Deborah Soto y Domingo Torres García.

“Al final del camino, lo importantes es que se superan las diferencias. Llegamos a caminos comunes y logramos el bien superior que es atender nuestro sistema electoral y garantizar un sistema confiable; y en términos partidista, que las posiciones institucionales sean guía en este asunto... el Partido Popular puede ahora, luego de finalizada la controversia, enfocarse en lo verdaderamente importante que es evaluar lo que está sobre la mesa en materia electoral y hacer el trabajo que nos corresponde por el país”, aseveró Ortiz en un aparte con los medios de comunicación.

El acuerdo establece que el presidente de la Cámara no le dará paso a ninguna medida que no incluya la posición institucional del PPD y el Senado, por su parte, no atenderá la legislación en el hemiciclo hasta que el Partido la evalúe, como manda la resolución de la Junta de Gobierno del PPD que “coloca la posición institucional como eje de toda esta discusión”.

Como próximo paso, Ortiz dijo que iniciará conversaciones dirigidas a analizar con detenimiento el contenido de la medida legislativa y se sentará con el presidente del Senado, José Luis Dalmau, para mirar la agenda del cuerpo hermano. El proceso puede incluir también reuniones entre los legisladores populares y Ortiz, convocatorias de la Junta de Gobierno para discutir el proyecto y la formación de grupos de trabajo para mirar posibles enmiendas.

“El resultado final podría ser la aprobación de un proyecto con algunas enmiendas o podría ser que no lleguemos a un acuerdo y no se apruebe nada”, advirtió.

Ortiz indicó que para él sigue siendo importante que la medida integre las preocupaciones de otras colectividades fuera del PPD y el PNP. Dijo, además, que ha identificado algunas áreas del proyecto que le “preocupan” y las cuales “no avalaría”, pero prefirió no adelantarlas, ya que son motivo de discusiones futuras. “Me interesa mucho escuchar también la posición de presidente del Senado porque no lo he escuchado en los méritos, porque hemos estado hablando de otra cosa”, aseveró.

José Luis Dalmau -que, según Ortiz, fue una pieza fundamental en las negociaciones- señaló que el proyecto 1822 seguirá su curso en ese cuerpo, contando con el aval de Ortiz. “El Partido va primero que cualquier otra consideración y nosotros vamos a atender eso de forma comunicada”, sentenció Dalmau al señalar que el proyecto será referido a la Comisión de Gobierno, presidida por el senador Ramón Ruiz.

El proyecto, entre otras cosas, presentado por el presidente cameral reduce a 60 años la edad mínima para solicitar el voto adelantado –una exigencia del PNP–; reforma la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), incluyendo la creación del puesto de subsecretario que sería designado por el PPD; y obligaría a los partidos a postular al menos tres candidatos por acumulación, disposición cuya constitucionalidad ha sido cuestionada.

Llamado al gobernador

Ortiz le hizo un llamado al gobernador Pedro Pierluisi a sentarse dialogar de “buena fe” sobre los posibles cambios al Código Electoral y le recordó que el hecho de que el PNP mantenga el control de la gobernación no significa que son “dueños y señores del proceso de mejorar el sistema electoral”.

“Tenemos una Comisión (Estatal de Elecciones) sin un presidente y sin una presidenta en propiedad, en momentos en que se están tomando decisiones sobre el ciclo electoral que se acerca y mi llamado es a que se siente a negociar con seriedad”, aseveró Ortiz.

El líder de la Pava cuestionó, además, la designación del juez Jorge Rafael Rivera Rueda para la presidencia de la CEE. “No es un nombramiento serio. Es una persona que ya ha sido rechazada dos veces, que sabía que no tenía el aval de los comisionados electorales, ni lo tuvo en la Asamblea Legislativa. Es una demostración de que no han tomado en serio las enmiendas y la atención al Código Electoral”, dijo Ortiz.

En 2021, Pierluisi ya había designado Rivera Rueda al mismo cargo, junto a Edgar S. Figueroa Vázquez como presidente alterno. Los cuerpos legislativos, sin embargo, no actuaron sobre los nombramientos.

“El Partido Popular tiene que tener un compromiso que cuando ganemos las próximas elecciones derogar este código, si no se logra enmendar ahora, y volvamos a tener una ley justa y que garantice un sistema que electoral confiable”, subrayó el líder de la Pava.