El Partido Popular Democrático (PPD) anunció este domingo que, temprano el lunes, estará radicando “varias querellas” ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE), contra dependencias del gobierno de Puerto Rico, por anuncios publicados recientemente que, a su entender, violan la veda electoral vigente.

Según explicó la comisionada electoral del PPD, Karla Angleró González, están presentando las querellas en aras de preservar “un proceso electoral justo y equitativo”.

“Es claro que el gobernador (Pedro Pierluisi) intenta aprovecharse de los fondos públicos para hacer campaña política a su favor. Eso está prohibido por la Constitución y también por la Ley de Financiamiento de Campañas que administra la Oficina del Contralor Electoral”, denunció Angleró, quien hizo el anuncio acompañada por el secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz.

Una de las querellas, detalló la comisionada, va dirigida contra la Junta de Planificación (JP) y su presidente, Julio Lassús Ruiz, por la publicación de anuncios en enero pasado en dos periódicos de la Isla. Aclaró que, aunque dichos anuncios tienen un número que representa el aval de la OCE, los mismos no pasaron por las manos de la Junta Evaluadora de Anuncios y fueron directamente a la aprobación de la OCE.

Angleró recordó que, el 2 de enero pasado, la OCE “emitió una determinación en la cual se prohibió al gobierno de Puerto Rico usar la frase ‘Haciendo que las cosas pasen’, tras concluir que la misma viola la veda electoral que comenzó el 1 de enero de 2024″. En dicha determinación, agregó, se expresa que “no se podrán usar frases o contenido referente a logros, realizaciones, programas, proyecciones o proyectos de una entidad gubernamental ni de ningún funcionario electo, aspirante o candidato, salvo que una disposición legal así lo requiera”.

“El pasado miércoles 24 de enero, contrario a las prohibiciones de la veda electoral, en El Nuevo Día, y en el periódico regional El Expreso, se publicó un anuncio de la Junta de Planificación, en el cual resalta dramáticamente varias tonalidades del color azul, color oficial del Partido Nuevo Progresista (PNP), acción que está violando la veda electoral. De igual forma el anuncio expresa el lema, ‘Así se hace’. Sin importar su previa utilización, tiene el propósito político de distinguir y destacar positivamente la ejecución y administración actual, vis a vis otras administraciones. Finalmente, el anuncio enfatiza en ‘la gran reconstrucción de Puerto Rico’, y ‘trabajamos para que toda la población tenga estructuras más seguras y resilientes’. Lo que el gobernador no hace con obras, lo quiere hacer con anuncios”, denunció la comisionada popular.

Agregó que el anuncio no cumple fin público alguno, “que no sea resaltar una alegada buena obra”.

Dijo, además, que el anuncio no pasó por la evaluación de la Junta Evaluadora de Anuncios, sino que fue “directamente aprobado por el Contralor Electoral, haciendo uso del mecanismo de aprobación expedito”.

Explicó que, según el reglamento, para que un anuncio sea evaluado para un trámite expedito, debe cumplir con unos requisitos claramente especificados, entiéndase, “anuncios expresamente que lo requiera una ley, edictos y notificaciones o convocatorias para vistas públicas, los que se produzcan como parte de un estado de emergencia, las campañas de la Compañía de Turismo, las campañas de la Lotería de Puerto Rico, campañas de orientación del Departamento de Hacienda, la distribución de fondos de acuerdo a fondos federales, el cobro de ingresos a través de amnistías, o aquellos anuncios pagados con fondos federales”.

“Evidentemente, el anuncio que presentamos no cualificaba para ser evaluado por el trámite expedito. Aun cualificando para ser evaluado mediante este trámite, el mismo no podía haber recibido el aval del contralor electoral, ya que a todas luces es un anuncio que resalta logros, predomina el color azul, resalta lemas y no presenta ninguna información importante para la ciudadanía”, afirmó, exigiendo que se respondiera a la ciudadanía “cuál es el fin público de este despilfarro de fondos públicos”.

Angleró exigió que la situación no quede en un mero incumplimiento, y en cambio se atiendan las querellas y se investigue por qué el anuncio “con todas las características de no cumplir con la ley” no pasó por el análisis de la Junta Evaluadora de Anuncios.

Solicitó además “que se proceda a prohibir al querellado a continuar publicando anuncios en los medios de difusión del país, pagados con fondos públicos, para resaltar lemas de una supuesta ejecución positiva del primer ejecutivo”; que se imponga la multa administrativa de $10,000 por cada infracción; y “que se informe el costo de producción y publicación del anuncio, para que el mismo sea descontado de la campaña de Pedro Pierluisi y al Partido Nuevo Progresista de su partida del Fondo Especial, ya que este anuncio constituye un gasto de campaña política pagado con fondos públicos”.

Por su parte, el secretario general del PPD anunció que están trabajando en una apelación, ante el Tribunal Apelativo, en el caso de las querellas que radicaron contra el gobernador Pierluisi, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, y otras agencias del gobierno, por el uso de la frase “Haciendo que las cosas pasen”, al tiempo que gastan “millones de dólares para realzar su imagen política (del gobernador) de cara al ciclo electoral del 2024″, en violación a la Constitución.

“El uso de fondos públicos para enaltecer la imagen, o el uso de una frase política, está vedado los cuatro años, las 24 horas al día”, afirmó Cruz.

El Comisionado afirmó que, además de la querella antes explicada, el PPD radicará otra, ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por violación a la Ley de Ética, específicamente el Artículo 4.2 B, que “prohíbe a un funcionario utilizar su cargo público para beneficiar a un tercero en un asunto que no le está permitido por ley”.

Cruz resaltó que la OEG “ha opuesto ese artículo a varios funcionarios públicos en asuntos de naturaleza política”, por lo que esperaba que actuara sobre la querella que presentarán, en la que denuncian que, por el pasado mes de enero, “tanto La Fortaleza, como el DTOP, sabiendo de toda esta controversia, inclusive sabiendo que le estaba prohibido el uso de la frase ‘Haciendo que las cosas pasen’, mantuvieron en su página, en la web tanto de Fortaleza como de Obras Públicas, anuncios y videos de mensajes de logros, incluyendo la frase ‘Haciendo que las cosas pasen’”.

Explicó que, en el pasado, cuando comenzaba la veda electoral, agencias y gobierno tenían que apagar sus páginas en redes sociales hasta tanto recibir el aval de la Junta Examinadora de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), lo que provocaba una situación caótica, ya que muchas no recibían la aprobación hasta tan tarde como abril o mayo, sin poder hacer publicación alguna por meses. Al pasar la función de revisión a la OCE aprobó un reglamento, “que me parece muy sabio”, en el que dice a las agencias y municipios que no tienen que bajar la página, pero son responsables de revisar y eliminar de la misma “todo contenido de naturaleza político partidista”.

“Pero, ¿qué sucede? Hasta mediados y la tercera semana de enero, usted levantaba las páginas del Departamento de Obras Públicas, y de la propia Fortaleza, y mantenían todos los anuncios, aquellos que llevamos al tribunal, todos estaban vivitos y coleando en estas páginas”, reclamó. “Entonces, ahí tenemos a unos funcionarios violando la ley para beneficiar a un tercero, a un partido político, a la candidatura de Pedro Pierluisi”.

Insistió en que Fortaleza y el DTOP “en enero no cumplieron con lo que dice el reglamento de la Oficina del Contralor Electoral. Tenían que, antes de mantener arriba la página íntegra, eliminar todos anuncios, y no lo hicieron”.

Cruz afirmó que “Así que ahora ponemos este nuevo asunto en la tercera oficina que viene llamada a auditar cosas de los funcionarios”, pues ya lo presentaron ante la Oficina del Contralor; la OCE, “antes y después de la veda” electoral; y ahora también estaría ante la OEG.

Recordó que los funcionarios a cargo de esas oficinas son protegidos por la ley o por la Constitución, y “tienen un cargo por 10 años, precisamente para que actúen con independencia de criterio”, y sin temor a posibles represalias de parte del gobernador de turno.

Además, Cruz dijo que todavía está el caso ante los tribunales, que “fue resuelto en el Tribunal Superior durante esta semana, donde el tribunal determinó que desestimaba esta demanda”.

“Oficialmente les estoy comunicando que el Partido Popular está en desacuerdo, no tan solo con esa decisión, se aparta de una doctrina bien cimentada desde los años 90. Y se han instruido a la representación legal del PPD que apele este caso”, afirmó, recordando que “ese caso no tiene que ver con veda electoral, ese caso tiene que ver con violación a la Constitución y a una norma que promulgó la Oficina de la Contralora el 2022, de que funcionario público que autorizara gastos de publicidad en violación a la ley, los tiene que devolver de su bolsillo”.

“Ni esa ley, ni la Constitución, ni la veda electoral, pueden ser letra muerta”, insistió Cruz.

Se defiende la JP

Por su parte, el presidente del JP, Julio Lassús Ruiz, reaccionó a la querella en su contra que presentará el PPD, alegando que la misma “carece de fundamentos”.

“El pasado 4 de enero de 2024, la Oficina del Contralor Electoral aprobó nuestra solicitud para la publicación de la campaña ‘Así se hace Puerto Rico’. La JP ha sido proactiva en cumplir con la OCE y así lo continuará haciendo”, afirmó Lassús Ruiz.