La comunidad dominicana en Puerto Rico, al igual que en otros países, está preocupada ante el inminente cierre de las oficinas de la Junta Central Electoral (JCE) en el exterior de la República Dominicana.

El gobierno dominicano se dispone a cerrar las oficinas de ultramar de la JCE citando recortes de presupuesto por parte del presidente Danilo Medina.

"Estamos muy preocupados. Estamos pidiéndole al gobierno que desista de la idea, porque es un derecho ganado por el cual se ha luchado bastante", expresó José Rodríguez, de la Comisión de Derechos Civiles de la Comunidad Dominicana en Puerto Rico.

El nuevo cónsul dominicano en Puerto Rico, Franklin Grullón, confirmó que las oficinas de la JCE en la Isla figuran entre las que cerrarán a partir del 31 de enero próximo.

"Tenemos la esperanza de que no se concrete o que sea algo transitorio", sostuvo Grullón.

"Mientras esperamos, hemos estado en comunicación con la Dirección General de Pasaportes para ver cómo podemos coordinar la expedición de pasaportes para los que no tienen cédulas aquí en la Isla", agregó.

Entre los servicios que ofrece, la JCE emite actas de nacimiento, cédula de identidad, cédula electoral y certificados de matrimonio, entre otros. Para obtener un pasaporte de su país, los ciudadanos dominicanos necesitan la cédula de identidad.

La decisión de cerrar las oficinas ultramarinas de la JCE ha provocado indignación dentro de las comunidades dominicanas en varios países, desde Puerto Rico y los Estados Unidos, hasta Europa, pues les dificulta o casi imposibilita obtener los documentos legales que requieren para atender sus necesidades migratorias.

"Por correo no se puede. Cuando tienes necesidades apremiantes, necesitas ir a una oficina", dijo Rodríguez. "Ellos alegan que es por los costos (que cifran), pero nosotros pagamos algunos de los costos más altos por obtener actas de nacimientos, por las cédulas y pasaportes. La oficina de aquí es una de las más que dinero le deja a la JCE", añadió.

En Puerto Rico, se estima que la comunidad dominicana alcanza la cifra de 500,000 personas.

Además de los trámites de documentos, Rodríguez le añade que con la movida se le cierran las puertas al voto por los dos diputados residentes en la Isla, que representan ante el gobierno dominicano a los ciudadanos que residen en Puerto Rico, Islas Vírgenes estadounidenses y británicas, Venezuela y Panamá, entre otros. En total hay siete diputados de ultramar.

En Nueva York, directivos de la Asociación de Bodegueros en los Estados Unidos amenazaron con un boicot contra el envío de remesas y la compra de productos dominicanos en sus negocios, de mantenerse la decisión de cerrar las oficinas de la JCE en el exterior de República Dominicana. Se ha calculado que los dominicanos fuera de República Dominicana envían anualmente más de $3,000 millones en remesas.

"Gracias a que esa Junta existe y tenemos poder del voto, tenemos una representación a través de la cual podemos expresar nuestras necesidades en Puerto Rico y de la cual se hacen eco en el Senado (en República Dominicana)", señaló Rodríguez.

"Si quitan la JCE, ¿a dónde vamos a ir a votar? ¿Pagar un pasaje? Nadie lo va a hacer", afirmó. "Esto es una violación a nuestros derechos civiles y no nos vamos a quedar de brazos cruzados", planteó.