Enojo, preocupación, tristeza, frustración y, en uno que otro caso, resignación.

Esas eran las emociones que vivían ayer empleados públicos y jubilados tras el anuncio de cambios en el Sistema de Retiro de los Empleados del ELA, que incluyen aumento escalonado en la edad para pensionarse y recortes en los beneficios.

La situación de Marcelino Cruz, de 73 años, es estremecedora. Apenas una semana atrás quedó viudo, está operado del corazón y hace poco le encontraron un tumor en la vejiga.

Su cheque debía ser de alrededor de $800, pero como muchas otras personas, a lo largo de su vida laboral tuvo que pedir préstamos para poder sobrevivir y los sigue pagando, por lo que en realidad recibe una entrada neta de alrededor de $400 cada mes.

“¿Por qué si me van a bajar la pensión, no me bajan también la luz? Es que no me da. ¡Si la factura me llega como de 200 pesos! Todo lo que me sobra de pensión se me va en pagar agua, luz y gasolina. Y mi esposa murió el jueves pasado, la ayuda de ella también se acaba. Quizás me toque algo, pero no es lo mismo”, lamentó el hombre, quien trabajó durante 30 años en lo que hoy es el Departamento de Recreación y Deportes y Parques Nacionales.

“Y dicen que también van a dar menos de plan médico... cuando yo pensaba en retirarme, pensé que iba a ser más feliz, pero no”, agregó, al tiempo en que criticó a todos aquellos políticos que se suben el sueldo.

Blanca Iris Márquez se retiró el año pasado luego de haber estado la mayor parte de sus 30 años como empleada de mantenimiento de la escuela Cruz Salguero, en Carolina. Su cheque de pensión es de unos $600 mensuales, con los que tiene que pagar casa, agua, luz y teléfono.

“Ahora mismo me veo un poquito apretá... y cuando supe ayer, me preocupé”, expresó al tiempo en que dijo que no recibe nada de seguro social, por lo que su pensión gubernamental es su única entrada.

El agente Ricardo Arroyo Nieves todavía no está en edad de retirarse, pero es de los que en julio podría ver una reducción en su sueldo y, además, se alargaría ocho años su espera, si es que quiere acogerse al beneficio máximo de pensión. Ante esa perspectiva, ha cogido más fuerza su deseo de irse de la Isla.

“Me parece esto malísimo. Me gustaría que se pongan en los pies de los pensionados y vean los sacrificios que hay que hacer”, indicó el policía de 28 años.

Mientras, el gobernador Alejandro García Padilla defendió el plan de recortes diciendo que, de no tomar estas acciones, no habrá dinero para pagar las pensiones en el 2014.

El mandatario indicó que quisiera tener la facultad para encarcelar a los funcionarios que tomaron las malas decisiones que llevaron a la debacle del sistema, que se nutre de las aportaciones de unos 69,318 servidores públicos y sostiene a unos 116,700 pensionados.

Asimismo, indicó que considerará las medidas sometidas por la representante novoprogresista Lourdes Ramos para atender la situación.Precisamente, Ramos –quien el pasado cuatrienio dirigió una comisión para investigar la crisis en el sistema– criticó las medidas anunciadas y aseguró que existen muchas opciones para no afectar lo que reciben los retirados y que no se consideraron.

Según el primer ejecutivo, la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, y funcionarios del Banco Gubernamental de Fomento viajaron ayer a Estados Unidos para informar a las agencias que evalúan el crédito del Gobierno puertorriqueño sobre las nuevas medidas y evitar una nueva degradación.

Por su parte, la portavoz cameral de la Palma, Jenniffer González, anticipó que su delegación presentará varios proyectos para atender la crisis y no quiso opinar sobre lo anunciado.