El Capitolio. Con el propósito de ponerle fin al tranque legislativo en relación a la derogación de la Ley 80, se crearía un nuevo mecanismo legal para que los empleados despedidos sin justa causa reciban una mesada.

La medida vendría a calmar las asperezas entre la Legislatura y el gobernador, quien negoció con la Junta de Supervisión Fiscal derogar la Ley 80 a cambio de que el ente federal certificara el presupuesto del año entrante que contemplaría aumentos en La Fortaleza y en El Capitolio.

El Proyecto de la Cámara de Representantes 1662, fue presentada por los legisladores novoprogresistas Joel Franqui Atiles, Michael Abid Quiñones Irrizarry, José ‘Che’ Pérez Cordero, Guillermo Miranda, José A. Banchs Alemán y el portavoz alterno de la mayoría, Urayoán Hernández Alvarado.

Esta nueva ley sustituiría la Ley 80, pero mantendría las protecciones de despido injustificado. Por otro lado, exonera al patrono de pagar la mesada mediante la creación de un seguro el cual respondería por el pago.

Por tanto, de probarse que su despido fue injustificado, el empleado recibirá una indemnización por los años de servicios prestados a la compañía. Para esto el empleado deberá acudir al Departamento del Trabajo dentro de 30 días posterior al despido injustificado y radicar una querella. El Departamento adjudicará la querella y de probarse su alegato podría ser elegible para un pago de hasta $20,000. 

Esta alternativa tendrá que ser contemplada en el Senado que esta semana derrotó la propuesta de Miguel Romero que iba a enmendar la Ley 100 para añadir protecciones laborales.

Según aseguraron los legisladores en un parte de prensa, este dinero será sufragado por la póliza que paga el patrono al Fondo del Seguro del Estado.

“Actualmente nos encontramos en un dilema histórico con la Ley 80 y necesitamos poder encontrar alternativas donde la mesura y el consenso gobiernen, que vayan acorde con nuestra realidad jurídica para evitar que un alto costo en litigios que afecten más nuestra economía, expresó Franqui Atiles.

El seguro de terminación de empleo ilegal favorecería al patrono, sostuvieron. El mismo establece que con el pago de la prima que actualmente remite al Fondo del Seguro del Estado, tendrá un beneficio adicional cuando añada a su cubierta este mecanismo.

El representante Quiñones añadió que, “esta propuesta armoniza y atiende las preocupaciones genuinas de cada una de las partes. Representa además una luz a final del túnel ante la incertidumbre que generaría un litigio con la Junta”.

Por su parte, Pérez Cordero explicó que “esta medida es el resultado de una semana de esfuerzo coordinado con nuestro equipo de trabajo quienes nos reunimos con todas las partes, entre estas, representantes de la Junta de Supervisión Fiscal, el gobernador Ricardo Rosselló y el presidente del senado, Thomas Rivera Schatz. También lo dialogamos con el presidente de la Cámara. Atendimos cada uno de los nuevos planteamientos”.

Asimismo, Miranda Rivera expresó que “la medida 1662 tiene la capacidad de subsanar diferencias y alcanzar un acuerdo que redundará  en lo mejor para Puerto Rico”.

Por otro lado, Banchs indicó que “en un Puerto Rico que no existiría la Junta de Supervisión Fiscal debería tomarse como buena esta propuesta ya que acerca a un punto medio todas las partes”.

Mientras Hernández Alvarado expresó, “estamos garantizando una protección justa al empleado que fue despedido sin justa causa y, a su vez, fomentamos el crecimiento económico al liberar al patrono de tener que pagar una mesada".