Tras la efectiva emisión de $3,500 milllones en bonos, el Gobierno ha anticipado que el próximo paso será impulsar una abarcadora reforma del aparato gubernamental que genere eficiencias y permita recortar el gasto público.

Con ese objetivo, el senador novoprogresista Larry Seilhamer presentó un par de medidas para impulsar la revisión de las agencias y corporaciones públicas desde la Asamblea Legislativa. El Proyecto del Senado 980 crearía la Comisión para la Evaluación y Reestructuración de Corporaciones Públicas, mientras que el Proyecto del Senado 981 establecería la Comisión para la Evaluación y Reestructuración de las Agencias.

Ambos grupos de trabajo funcionarían con cinco integrantes, y tendrían 180 días para presentar un informe ante la Legislatura con sus recomendaciones sobre cómo optimizar la eficiencia y la productividad en las instrumentalidades públicas, cómo reducir la burocracia y el gasto público eliminando procesos inefectivos, y sobre posibles consolidaciones y transferencias de entidades públicas que no cumplan los parámetros de la gestión gubernamental de estos tiempos.

"Recae sobre la Asamblea Legislativa la responsabilidad ineludible de configurar la estructuración de cada agencia, instrumentalidad o corporación pública que administran los limitados recursos públicos. La precaria situación fiscal que atraviesa el Gobierno y la falta de controles ameritan que la Asamblea Legislativa adopte medidas rigurosas y concretas para lograr la recuperación económica y sanear la administración pública", rezan las exposiciones de motivos de ambos proyectos de ley del portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado.

Cada comisión estaría compuesta por la contralora Yesmín Valdivieso o su representante; un representante designado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, un miembro nombrado por la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, y dos representantes del interés público designados por los presidentes legislativos, uno de los cuales tendrá que ser un abogado o abogada "de reconocida capacidad profesional, probidad moral y conocimientos en el campo de la administración pública y la gestión gubernamental".

Las comisiones propuestas tendrían la facultad de requerir a las agencias todos los documentos de índole programática, fiscal, gerencial y operacional, y podrían tener acceso a registros, informes, presupuestos, sistemas electrónicos de información o a cualquier otro material relacionado con los programas que manejan las entidades públicas.

Asimismo, podrían coordinar con el titular de la agencia o corporación pública el acceso a las instalaciones físicas de la dependencia gubernamental, y podrían convocar reuniones con personal gerencial, administrativo u otros funcionarios que puedan brindar información pertinente.

Los proyectos de ley también facultan a las comisiones a efectuar evaluaciones de los estándares, las políticas y los procedimientos en las instrumentalidades para determinar su eficiencia y efectividad, y fijar parámetros y guías "coherentes de las funciones y deberes, compensación y beneficios del recurso humano".

Tanto el gobernador Alejandro García Padilla como miembros de las delegaciones del Partido Popular Democrático en ambos cuerpos han anticipado que se aproxima una reestructuración gubernamental que podría incluir la eliminación o reducción de beneficios y la fusión de programas y servicios de diferentes agencias.

El primer ejecutivo, sin embargo, ha reiterado que su plan no contempla el despido de empleados públicos.