Para descentralizar el organismo de seguridad de la Isla, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, propuso hoy, jueves, mediante proyecto de ley, hacer una transferencia de responsabilidades del Departamento de Seguridad Pública a los municipios, así como crear la figura del “policía auxiliar”.

Según detalló en comunicado de prensa, para impulsar estos cambios presentó el proyecto de la Cámara 1715, junto a los presidentes de las comisiones camerales de Seguridad Pública y Autonomía Municipal, Luis Ortiz Lugo y Juan José Santiago Nieves, respectivamente. El mismo busca “autorizar al gobierno central a transferir a los municipios la responsabilidad de proveer los servicios de seguridad, protección e investigación mediante acuerdos colaborativos para unificar la fuerza policíaca y garantizar el financiamiento correspondiente”.

Ademas, la medida crea la figura del “policía auxiliar”, que será un profesional con mayor capacitación, autoridad y responsabilidad en ley en comparación con los guardias de seguridad, y que asistirá a la Policía cuando se suscite la violación de una ley penal, mediante el arresto de la persona sospechosa.

“Hoy tenemos menos agentes para realizar rondas preventivas, comparecer a escenas sospechosas, investigar crímenes violentos, diligenciar órdenes de protección, arrestar ciudadanos y entrevistar testigos. Esta pérdida es insustituible y la única solución permanente es continuar con la recuperación económica para priorizar la seguridad, fortalecer esta fuerza laboral, incluyendo sus unidades especializadas, y unificar la fuerza policíaca para ampliar la cantidad de efectivos por cada región”, señaló Hernández Montañez, en una conferencia de prensa celebrada frente a los cuarteles de la Policía estatal y la Policía Municipal de Dorado.

La exposición de motivos de la medida indica que la medida tiene dos propósitos fundamentales. El primero es “viabilizar que el estado pueda transferir a los gobiernos municipales, que voluntariamente acepten asumir los servicios de seguridad, protección e investigación delegados al estado mediante la Ley 20-2017, según enmendada, mediante convenios, acuerdos o contratos para unificar la fuerza policiaca, transferirle el personal, propiedad y el financiamiento requerido y garantizar el cumplimiento pleno con la Reforma de la Policía”.

Asimismo, busca “incorporar y autorizar a los gobiernos municipales a establecer acuerdos colaborativos con las agencias de seguridad para la protección de personas y propiedades muebles e inmuebles, según definidas en la Ley Núm. 108 de 29 de junio de 1965, según enmendada, para capacitar y pactar la utilización de los servicios de una figura denominada como ‘policía auxiliar’ el cual tendrá la autoridad para actuar como enlace con la Policía de Puerto Rico, a cambio de una supervisión continua proporcionada por el Estado y la concesión de un incentivo salarial conforme a la realidad fiscal del ayuntamiento”.

Según detalló Ortiz Lugo, “esta iniciativa no menoscaba la Reforma de la Policía; al contrario, la fortalece. La capacitación compulsoria requerida en esta medida es compatible con las exigencias del Tribunal Federal para viabilizar los cambios culturales, operacionales, investigativos y educativos que persigue esta reforma. Estas enmiendas han sido cuidadosamente redactadas para garantizar la protección de los derechos civiles mientras construimos comunidades más seguras, particularmente porque se ofrecerán adiestramientos avanzados sobre los límites en la interacción con los ciudadanos y se proveerán nuevas herramientas a este sector para insertarlos en la lucha contra el crimen”.

Por su parte, Santiago Nieves expuso que “los gobiernos municipales ampliarán su visibilidad para cumplir con la política pública para erradicar el crimen, sin comprometer los derechos ciudadanos, al capacitar a funcionarios privados que realizan una función pública sobre las instancias donde procede perfeccionar un arresto conforme a derecho. Además, tendrán mayor inherencia para fortalecer la seguridad en cada comunidad, al incorporar a los policías auxiliares dentro del plan anticrimen, sin comprometer el limitado presupuesto disponible para el pago de nómina”.

El presidente cameral resaltó que en el próximo presupuesto se incluirá una partida para fortalecer los recursos tecnológicos disponibles para realizar las investigaciones criminales que lidera la Policia para combatir el crimen, tales como: drones especializados, el sistema Shotspotter, cámaras corporales, reconocimiento facial, inteligencia artificial y sistemas de rastreo GPS, entre otros.

Igualmente, los legisladores manifestaron que la medida salvaguardará la autonomía, el control y la autoridad del Estado durante la etapa investigativa ante la comisión de un delito y seguirá siendo el principal y único enlace con el Departamento de Justicia para determinar si procede la radicación de cargos criminales. Asimismo, continuará liderando el proceso de capacitación de los policías auxiliares.

“La lucha contra el crimen debe ser la prioridad del gobierno. Esta medida aumentará significativamente la seguridad en todas nuestras comunidades, al proveer los mecanismos para garantizar los derechos de la ciudadanía, mientras se ejerce mayor prevención y supervisión para evitar la comisión de delitos”, concluyó Hernández Montañez.