El presidente de la compañía 313 LLC, Ricardo Vázquez Hernández, se mostró hoy evasivo en responder muchas de las preguntas que le realizaron los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre las gestiones e incidencias que llevaron a su empresa a completar unos contratos de sobre $3.6 millones con el Departamento de Salud (DS) para la compraventa de más de 100,000 pruebas serológicas de COVID-19. Ante lo ocurrido, el cuerpo podría acudir hoy mismo al tribunal para levantar el argumento de que el deponente asumió una actitud de obstrucción a la justicia en la investigación legislativa.

Vázquez Hernández -quien infructuosamente intentó que su comparecencia se llevara a cabo como una vista ejecutiva- catalogó como “impertinentes” sobre 25 preguntas que le realizó el presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, amparado en que las mismas violaban confidencialidad y “secretos de negocio”. Bajo este argumento no respondió a qué precio 313 LLC adquirió con la compañía mexicana Zogen Genética las también llamadas pruebas rápidas marca Nova Test, utilizadas clínicamente para detectar anticuerpos del coronavirus en las personas.

Cabe señalar que Vázquez Hernández, quien dijo ser “managing member” de 313 LLC, habló todo el tiempo en tercera persona pues, según argumentó, estaba en la vista en representación de la empresa que preside pero no en su carácter personal. Además, a preguntas de los legisladores dijo que el 1 de junio fue entrevistado en calidad de “testigo” por el Departamento de Justicia en una pesquisa que lleva a cabo esa entidad sobre posibles irregularidades en la compraventa de pruebas de COVID-19, mientras acotó que no podía “negar o confirmar” haber sido entrevistado por las autoridades federales.

El Departamento de Salud realizó a partir del 20 de marzo -y en un periodo de siete días posteriores- dos órdenes de compraventa con 313 LLC, una compañía incorporada en el 2018 y sin ninguna experiencia en ventas de equipos de salud. De hecho, el negocio con la agencia gubernamental fue el primero que realizó 313 LLC desde su incorporación hace dos años.

Dos días antes -el 18 de marzo- Vázquez Hernández acudió al Departamento de Estado para informar que a la empresa se unían tres nuevos socios: Miguel García, Juan Suárez Lemus (activista del Partido Nuevo Progresista y su socio en el Grupo Lemus) y Wilfredo Rodríguez. Además, ese día presentó un recurso corporativo para incluir la venta de productos de salud entre las gestiones a realizar por 313 LLC. Un día después, para el 19 de marzo, los portavoces de 313 LLC estaban en comunicación con la empresa mexicana Zogen Genética para informar que les interesaba comprar pruebas rápidas. Según el entrevistado la idea era venderla al gobierno, a un hospital o cualquier otra organización que las requiriera en medio de la emergencia de la pandemia. El grupo de socios lo vio como una oportunidad de negocio. Unas 24 horas adicionales, para el 20 de marzo, se concreta la primera orden con el Departamento de Salud, a través de Adil Rosa, secretaria auxiliar de Administración del Departamento de Salud. El empresario negó que él o algunos de sus tres socios haya tenido contacto o comunicación sobre el tema de las pruebas rápidas con algún funcionario del gobierno antes del contrato.

En el primer acuerdo contractual con el DS, 313 LLC le vendió al gobierno 1,500 pruebas por $45 cada una y la segunda ocasión le vendió $100,000 por $36 por cada unidad, para un total de $3,667,500.

Trascendió que, aunque la órdenes de compra en ambas ocasiones estipulaban un adelanto de 60% del total de la transacción y un 40% al concretarse la entrega, el DS pagó al 100% el costo antes de cualquier “delivery”. Aunque la primera orden se entregó en su totalidad; de la segunda aun quedan pendiente 51,000 kits pues Salud rechazó las mismas al advenir en conocimiento de que, aparentemente, se las habían vendido a sobreprecio de lo que establecía entonces el mercado y que requerían renegociar el precio. Informes indican que pruebas similares pudieron haberse adquirido por el gobierno en $15, mientras que el costo directo a los manufactureros era de $3.

A preguntas del legislador Denis Márquez, el empresario negó algún socio de 313 LLC haya solicitado el pago total de $3.6 millones o algún otro adelanto económico por concepto de las 100,000 pruebas rápidas

¿Alguno de ustedes sabe por qué le pagaron $3.6 millones por adelantado al gobierno de Puerto Rico?, preguntó Márquez. “Honestamente, no tengo la más mínima idea”, dijo el deponente.

“O sea, ¿esto es por obra y gracia del Espíritu Santo, de Yemayá (diosa del mar), de Oshun (diosa del amor), de Guatajá, de Mahoma, (el hecho de) que alguien decidió darle $3.6 millones a una empresa de fondos públicos? ¿Y, usted me dice a mí que nadie sabe?, ¿ninguno de ustedes sabe?, cuestionó el legislador al inquirirle al empresario si él o alguno de sus socios intentó devolver el dinero pagado por adelantado sabiendo que no era parte del convenio contractual que se había firmado. Además, la entrega del último paquete de pruebas se entregó fuera de la fecha establecida de entre 5 a 7 días. De hecho, al momento, 313 LLC mantiene una demanda contra el gobierno, que se ha negado a recibir la totalidad de la segunda orden de 100,000 pruebas, pues el Departamento de Salud busca renegociar el precio inicial de $36, además de que la agencia se ampara en que se incumplió con los plazos de entrega.

Vázquez Hernández-quien dijo ser abogado desde el 2015- no quiso responder si conoce a Juan Maldonado (representación legal de Apex General Contractors en la compra de otra orden de pruebas con el DS y su ex socio cuando ambos laboraban para Grupo Lemus, de Juan Suárez Lemus) y rechazó dar información sobre cuál es su posición en otras corporaciones o empresas, entre estas Alister McKinley (precisamente, una compañía incorporada en Estados Unidos por Maldonado y que luego fue registrada en Puerto Rico) así como de Vertical LLC, Vertical Consulting Group y Galaxy Games. Estas tres últimas companías aparecen incorporadas a nombre de Vázquez Hernández.

Acudirán al tribunal

Mientras, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, adelantó que entre hoy y mañana el cuerpo legislativo acudiría nuevamente al tribunal para estipular que el deponente no respondió a preguntas claves en la investigación incurriendo en “obstrucción a la justicia” y violación al Código Político de 1902.

“Nos parece que el deponente no ha cooperado en el proceso investigativo… es importante conocer cuál fue el precio de adquisición de las pruebas y a cuánto se le vendió al pueblo de Puerto Rico”, dijo Morales en un aparte con la prensa al indicar que el interés es obtener copias de las facturas.

“Ya estamos en conversaciones con los abogados para acudir al tribunal hoy o mañana… vamos a evaluar también otras preguntas evadidas… entendemos que esto es una obstrucción a la investigación que realiza la Cámara de Representantes”, sostuvo al aclarar que se le debe pedir autorización antes de ir al tribunal al presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

Morales dijo que el deponente también se negó a mencionar sus vínculos con otras empresas, aun cuando el correo electrónico de una compañía externa a 313 LLC (Vertical Consulting Group) se utilizó como parte del proceso de orden de compra de los “rapid kits” con el DS.

“Al pueblo de Puerto Rico le debe causar más que frustración, coraje, que la persona a la que se le otorga más de $3.6 millones venga aquí a obstruir la investigación y no dar información (que se le requiere)”, dijo al agregar que las repercusiones de la actitud de Vázquez Hernández quedan a discreción del juez que vea el caso pero que entiende que podría imponérsele desde una multa o hasta cárcel si se demuestra la “obstrucción en la investigación”.

Manifestó que cualquier intervención del tribunal no va a interferir en que el informe final de la investigación (ya se entregó una primera parte) se complete para el próximo viernes, al tiempo que advirtió que serán varias las personas referidas a las autoridades estatales y federales.

En caso de que el tribunal emita un fallo a favor del cuerpo legislativo, se analizará si se cita a Vázquez Hernández a otra vista pública.

“Si creemos pertinente otra vista pública lo vamos a hacer así. Lo importante aquí es que se sepa la verdad”, reiteró.