El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis A. Ferrao Delgado se opuso hoy, en la Cámara de Representantes, al proyecto que impulsa la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria (CMRU) para establecer una nueva ley en la gobernanza del sistema universitario público del país.

La medida, que en 2021 fue derrotada por un voto en el Senado, fue radicada por petición nuevamente el pasado año, esta vez, bajo la firma del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez. Se trata del Proyecto de la Cámara 1314.

“Luego de evaluado el proyecto, nos vemos impedidos de avalar el mismo, conforme fue redactado. Tal como mencionamos previamente, del mismo surgen ciertas disposiciones que ponen en peligro la acreditación de la UPR y de conformidad con las leyes que rigen una corporación pública. Además, no se proveen los recursos económicos necesarios para su ejecución”, expresó Ferrao Delgado en una vista pública ante la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, que evalúa la pieza legislativa.

El Presidente de la UPR dijo que “para nosotros (el proyecto de ley) no va cumplir con los estándares 6 y 7″ de la Middle States Comission on Higher Education (MSCHE, por sus siglas en ingles). “La UPR está acreditada por la Middle States y tenemos responder a los estándares de la Middle States”, sostuvo.

Sonia Valentín, ayudante de la Presidencia de la UPR en el área de acreditación, dijo que el estándar 6 se refiere a la suficiencia de fondos y sostenibilidad. “La Universidad ha recibido recortes enormes y el proyecto no propone unos pasos específicos para levantar esos fondos excepto volver a la fórmula que la Universidad tenía antes y la suficiencia de fondos no está garantizada”, dijo Valentín.

En cuanto al estándar 7, sobre estructura de gobernanza, indicó que “no es clara la distribución de autoridad y poderes en las juntas universitarias y la figura del presidente está debilitada”.

Pero, el CMRU ripostó que un estudio detallado de los distintos requerimientos de la MSCHE encontró que, “lejos de poner en peligro las acreditaciones, el PC 1314 fortalece sustancialmente la capacidad de la UPR para cumplir con las expectativas y requerimientos de dicha agencia”.

El comité, que estuvo representado por los profesores Juan Manuel Martínez Cruzado y Ethel Ríos Orlandi y la estudiante, Yesenia Acevedo Rivera, expuso que el estándar 7 establece que el cuerpo rector de la institución no debe permitir que influencias externas interfieran en sus responsabilidades de gobierno. “En la UPR estas interferencias externas son mayormente político partidistas”, sostuvo Martínez Cruzado y agregó que la pieza legislativa establece una estructura de gobernanza “articulada y transparente”. Dijo además, que “están poniendo a la Middle States como el cuco”.

La profesora Ríos Orlandi indicó, por su parte, que el proyecto “no se limita a fondos públicos para operar la UPR” sino que se hace acopio en la búsqueda de fondos externos “para que le sirva al país a corto y largo plazo”.

“Resultan preocupantes las prioridades que con sus acciones ha demostrado la alta gerencia de la UPR cuando han dedicado mucho más tiempo y esfuerzo a oponerse al P.C 1314 en vez de abogar por la asignación de un presupuesto estable y robusto que le permita a la UPR cumplir cabalmente con su misión y desarrollo futuro”, reclamó a su vez, la estudiante Acevedo Rivera.

La medida propone derogar la Ley Universitaria de 1966 y busca garantizar autonomía al primer centro docente del País, afectado por los recortes presupuestarios. También busca dotar al sistema público universitario de los recursos necesarios para el cumplimiento de su misión. La pieza de ley, impulsada por sectores universitarios, busca eliminar la Junta de Gobierno de la UPR y que la Junta Universitaria, integrada por 34 personas, nombre un comité ad hoc con “representación igualitaria de estudiantes, personal docente y personal no docente”, que iniciará el proceso de búsqueda y consulta para elegir al dirigente del nuevo organismo.

La propuesta dispone que el nuevo comité estaría compuesto por 13 miembros, de los cuales siete serían seleccionados por el gobernador de una lista que le sometería la Junta Universitaria, sujetos al consejo y consentimiento del Senado.

Martínez Cruzado, quien es profesor de genética del Recinto de Mayagüez de la UPR, dijo que la propuesta busca transformar la gobernanza de la UPR para que sea una universidad con la suficiente autonomía para servir como un centro de pensamiento, útil para darle ideas y planes al gobierno de Puerto Rico en el desarrollo socio económico y político del País.

“Nosotros estamos aquí porque creemos en una universidad que es pública, que sea accesible y que sea autónoma y que tenga la libertad y el ambiente académico necesario para desarrollarse en un proceso académico a base de méritos, para los profesores, estudiantes y gerentes académicos”, sostuvo Martínez Cruzado, quien ha cabildeado la medida en la Legislatura.

“Es crear una universidad con mayor autonomía en los recintos y unidades con un sistema de gobernanza descentralizada y sin intromisiones políticos partidistas”, sostuvo.

Una pieza legislativa similar (Proyecto del Senado 172), fue derrotada por un voto, en el Senado, en noviembre de 2021. Uno de los votos en contra fue del presidente del cuerpo legislativo, José Luis Dalmau. También rechazaron la propuesta, la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve y los novoprogresistas: Thomas Rivera Schatz, Carmelo Ríos, Henry Neumann, William Villafañe y Wanda Soto.

El cuatrienio pasado, de 2016 a 2020, quedó engavetada otra medida dirigida a los mismos fines

La pieza legislativa cuenta con el apoyo del estudiantado del Recinto de Río Piedras, que en Asamblea General avaló que la misma fuese radicada en la cámara baja.