El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago radicó hoy tres medidas legislativas dirigidas a evitar que funcionarios y funcionarias nombrados por el gobernador de turno permanezcan por tiempo indefinido en sus cargos aun cuando sus nombramientos han vencido.

“Esto no es un ataque ni una guerra. Propongo que las reglas de juego estén escritas”, dijo el líder senatorial al anunciar las medidas en conferencia de prensa en el Capitolio.

Dalmau Santiago indicó que espera que el gobernador Pedro Pierluisi vea la propuesta legislación desde el punto de vista de que él es el gobernador, pero en el futuro vendrán otros gobernantes.

“No importa el color de quién esté en Fortaleza eso ha ocurrido”, dijo en referencia a casos como el de la Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, que siguen en sus puestos y sus nombramientos expiraron.

El legislador indicó que se ser convertidas en ley, las medidas aplicarían a los jefes de agencias y miembros de juntas que tienen términos específicos y se ha interpretado que pueden permanecer en sus puestos.

Las medidas no aplican únicamente al cargo de Contralor, pues la Constitución de Puerto Rico dispone que el incumbente estará en la silla hasta que se escoja su sucesor. Aunque sigue en el cargo, a la contralora Yesmín Valdivieso se le venció el término de 10 años en julio de 2020.

Dalmau Santiago sostuvo que con los nombramientos vencidos “se burla la separación de poderes, se burla el cargo al no disponer por ley qué pasa cuando vence el término”.

“Lo que buscamos con estas medidas legislativas es darle certeza al proceso de nombramiento, estableciendo de forma clara y uniforme los criterios para determinar la fecha de asumir el cargo y de cese en sus funciones de las personas designadas a ocupar puestos que requieran el consejo y consentimiento del Senado”, dijo.

Citó un caso de diciembre del 2021 en que el Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió una controversia presentada por el Comisionado del Proyecto Dignidad donde se debía responder si los funcionarios que dirigían la CEE podían o no, continuar desempeñando sus funciones legalmente, luego de culminar el término dispuesto en la ley. Esto al amparo de una “cláusula de continuidad” indefinida (conocida como “holding over”), o sea cuando el texto de la ley establece que dicho funcionario desempeñará las funciones del cargo hasta tanto su sucesor sea confirmado.

Dalmau Santiago sostuvo que el Supremo “reconoció también” que es una prerrogativa de la Asamblea Legislativa, en su función constitucional de legislar, la de aprobar estatutos con disposiciones o mecanismos para vindicar los intereses de las instituciones del gobierno.

“Con esta decisión emitida por el Tribunal Supremo puede darse la situación que un Gobernador no actúe ante un nombramiento cuyo término haya vencido bajo el fundamento de quien ocupe el cargo puede continuar desempeñando el mismo en virtud de una “cláusula de continuidad”. O sea, un Gobernador que se quede cruzado de brazos, sin enviar al Poder Legislativo un nombramiento para posiciones como la Presidencia de la CEE, el Panel del Fiscal Especial Independiente, el Director Ejecutivo de Ética Gubernamental, la Procuradora de las Mujeres, entre otros, puede extender de forma indefinida el cargo del funcionario bajo una “continuidad” del anterior término”, indicó el Presidente del Senado.

“Dicho de otro modo, podríamos tener funcionarios previamente confirmados en sus cargos por términos de 20 o 30 años si es que el Gobernante de turno o sus sucesores no envían al Senado una designación de un nuevo nombramiento para dichas posiciones. Esta situación claramente lacera el poder constitucional del consejo y consentimiento del Senado en los nombramientos”, sostuvo.

Dijo que el P. del S. 774 tiene el propósito de “corregir” lo que ha sido una práctica de la Asamblea Legislativa por años, al aprobar proyectos de ley que disponen sobre unos términos específicos de los funcionarios designados por el Gobernador, pero que incluyen unas disposiciones para extender los límites de las funciones de su incumbencia hasta que su sucesor sea confirmado.

“Con esta medida, se dispone que la permanencia del funcionario en su puesto no podrá exceder después de finalizada la próxima sesión ordinaria, o sea la sesión siguiente a la que expiró su término. De esa forma se le brinda al Primer Ejecutivo un tiempo razonable para designar al sustituto en el cargo, sin menoscabar la facultad constitucional del consejo y consentimiento del Senado. De la misma forma, se dispone como una voluntad expresa e inequívoca de la Asamblea Legislativa, que todos los funcionarios y funcionarias que en la actualidad ocupan sus cargos en función de una cláusula de continuidad, cesarán de ocupar la misma, finalizada la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa luego de entrada en vigor esta Ley”, explicó el líder legislativo.

Indicó que las otras dos medidas, el P. del S. 808 y 809, tienen el propósito de establecer una fecha cierta en la cual un funcionario confirmado por el Senado asume las funciones de su cargo en aras de eliminar la incertidumbre que existe de cuándo es que la persona ocupa formalmente el puesto y así definir claramente el momento en el cual expira el término de su nombramiento.

“Con esta legislación se define que la fecha de asumir el cargo, tanto para el caso de jueces(as) como de los demás puestos con términos definidos por ley, es el momento en el que el Gobernador expida en nombre del Estado Libre Asociado las credenciales de dicho funcionario. Se dispone, además, que el Gobernador tendrá un término de veinticuatro (24) horas para notificar de la expedición de dichas credenciales a la Oficina de Administración de Tribunales y al Senado, en el caso de jueces(as), así como al Senado en los otros funcionarios confirmados”, detalló el Presidente del Senado.

Dalmau Santiago dijo que entre noviembre de 2021 al día de hoy, Pierluisi ha enviado un centenar de nombramientos para consejo y consentimiento del Senado de los cuales se han retirado “dos o tres, se ha rechazado uno (Enrique Völckers Nin, a Prits) y el 33% fueron atendidos, quedan pendientes treinta y pico y 12 no han entregado los documentos”.