La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentó hoy algunos de los elementos más importantes del presupuesto del fondo general para el año fiscal 2022, por un monto de $10,112 millones, que sometió la semana pasada a la Legislatura, y que toma en cuenta peticiones del gobernador Pedro Pierluisi, las tendencias de gasto del año fiscal 2021, solicitudes individuales de las agencias, decretos federales, otros gastos necesarios, así como el balance de liquidez disponible, según la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.

De acuerdo a la directora ejecutiva, esta propuesta de presupuesto también toma en consideración fondos federales disponibles que ahora el gobierno de Puerto Rico puede usar para remplazar pérdidas de ingresos como resultado de la pandemia del COVID-19 e incrementar fondos para programas elegibles relacionados al COVID-19.

“Hacemos esto sabiendo que, si se aprueba el plan de ajuste más adelante en el año, algo en lo que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en la corte de Título III, también comenzaremos a pagar servicio de deuda, algo que no se ha presupuestado, hasta tanto el plan sea confirmado”, acotó Jaresko.

De hecho, fue más lejos y dijo creer que, si eventualmente este presupuesto es enmendado para incluir el pago de servicio de deuda, contaría como el primero de los cuatro años consecutivos de presupuesto balanceado que se exigen en Promesa para eliminar la JSF.

Resaltó que, como en pasados años, el presupuesto se asegura de que estén los fondos necesarios para garantizar el financiamiento de servicios esenciales, como la educación pública, la seguridad y la salud pública, velando al mismo tiempo porque que el gobierno use los recursos disponibles de la manera más eficiente posible, considerando las limitaciones presupuestarias y el hecho que la isla está en bancarrota.

“El presupuesto para el año fiscal 2022 sometido por la Junta a la Legislatura y el gobernador fue confeccionado bajo esa realidad fiscal”, reiteró Jaresko.

Defendió los recortes en gastos contenidos en el presupuesto, argumentando que la mayoría son resultado de ajustes operacionales, consolidaciones de esfuerzos administrativos o ahorros por manejo centralizado de servicios. Afirmó que no hay reducciones en servicios críticos ni oficinas de servicios al pueblo.

Jaresko subrayó que, de hecho, este presupuesto tiene “el mayor nivel de gastos en el fondo general desde que ese estableció la Junta. El gasto está aumentando, no disminuyendo”.

“El presupuesto sometido refleja las prioridades que todos tenemos en común, la Junta de Supervisión, el gobernador, la Legislatura, y me atrevo a decir también el pueblo de Puerto Rico”, afirmó Jaresko.

Al repasar la propuesta, Jaresko recordó que lo que se somete ante la Legislatura es la partida del fondo general, que es una de las tres partes que componen la totalidad del presupuesto del gobierno, junto con los fondos federales y el fondo de ingresos especiales. Destacó que las agencias, al mirar el presupuesto, no pueden ver solo la partida del fondo general y reclamar que les están reduciendo presupuesto, sin tomar en cuenta ingresos especiales.

Dentro de los $10,112 millones, detalló Jaresko, 72% va a educación, seguridad pública, salud, desarrollo económico y pago de pensiones.

Asimismo, el presupuesto asigna unos $4,000 millones en fondos generales para bienestar social y gastos relacionados, incluyendo $11 millones para combatir la violencia de género; $70 millones en becas para diversos grupos, desde la UPR hasta escuelas técnicas y el Departamento de Educación; $15 millones para asistencia legal a poblaciones más desventajadas.

Jaresko subrayó que el presupuesto contiene “una porción significativa dedicada al desarrollo económico”. En esa partida se incluyen $450 millones procedentes del año fiscal 2021 que se usarán para expandir infraestructura de banda ancha; $170 millones para el Fideicomiso de Conservación, el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigacion, entre otros; 156 para reparaciones de carreteras, ferrys y otras mejoras en la Autoridad de Carreteras y Transportación; $91 millones para incentivos económicos a través del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; $40 millones para Turismo y mercadeo de eventos.

Además, la propuesta contiene $273 millones adicionales para atender solicitudes del gobernador Pierluisi. En esa partida están incluidos: $87 millones para la cuarta fase del programa Abriendo Caminos de reconstrucción de carreteras; $73 millones para pensiones; $26.6 millones para vehículos y equipo tecnológico para la Policía; $10.8 millones para combatir crímenes violentos contra mujeres y lograr una respuesta más efectiva ante situaciones de emergencia; $6.7 millones para mantenimiento de carreteras; $3.3 millones para contratar trabajadores sociales, técnicos de servicios de familia, y servicios de protección a menores; $3 millones para programas que incentiven uso de agrotecnología e implementen estándares laborales justos; $1.2 millones para iniciativas basadas en estudio del cambio climático; $1.2 millones para un programa piloto para desarrollar datos y política pública de infraestructura y crear una Comisión Asesora sobre Pobreza; $1.2 millones para contratar más abogados para manejar la acumulación de casos.

Jaresko aclaró que algunas solicitudes que mencionó el gobernador en la propuesta revisada de presupuesto que sometió ante la Legislatura el martes, no fueron acogidas, “mayormente porque no eran costeables, sabiendo que aun tendremos que incluir el pago de servicio de deuda que se exigirá para salir de la bancarrota”.

Por otro lado, Jaresko aclaró que la propuesta de la JSF contiene un precipicio fiscal en torno al financiamiento de Medicaid, que toma en cuenta “lo que sea que está legislado actualmente para el periodo que comienza el 1 de octubre de 2021”.

“Eso quiere decir que hemos presupuestado lo suficiente para que el gobierno pague los costos requeridos de Medicaid, basado en lo que incluye la legislación federal actual, que es un tope de $400 millones en Medicaid federal. Todos queremos, todos buscamos un trato justo e igualitario para Puerto Rico en el financiamiento federal de Medicaid. Sin embargo, no es responsable desde el punto de vista financiero ponerse a adivinar cuál de los infinitos escenarios posibles es el que aprobará el Congreso federal este año”, dijo Jaresko.

Aseguró que, una vez el gobierno federal tome su decisión, la JSF trabajará con el gobernador y el gobierno de Puerto Rico para tomar las determinaciones necesarias, basadas en las cifras correctas. “Eso no debe sorprender a nadie porque ya lo hemos antes”, afirmó.

De manera similar, la directora ejecutiva de la JSF, aclaró que este presupuesto no incluía todavía el pago de servicio de deuda, porque el tribunal aún no había confirmado el plan sometido para tal fin, y el proceso todavía estaba en una etapa que podría ver incluso litigios en contra. Agregó que, una vez la corte emita su fallo a favor y confirme el plan, ese pago sería incluido en el presupuesto. Estimó que la cifra de ese pago rondaría entre $600 a $700 millones anuales por los primeros años.

Por otro lado, Jaresko recordó que los tres paquetes de alivio federales por el COVID-19 han asignado sobre $13,000 millones al gobierno de Puerto Rico, y sobre 40,000 millones incluyendo asistencia a individuos, negocios, hospitales y otros. Puso los ejemplos de la Universidad de Puerto Rico que recibirá $440 millones, la mitad para ayuda a estudiantes, mientras que los 78 municipios recibirán $1,200 millones, variando entre poco menos de $3 millones a casi $70 millones según el municipio.

Jaresko insistió en que, hasta que el gobierno no tenga más ingresos, y eso “permita tener más gastos, tenemos que evitar las prácticas del pasado de gastar más de lo ganamos, sobreestimar ingresos y gastar más de lo necesario. Eso fue lo que llevó a Puerto Rico a esta difícil situación financiera. Por eso se adoptó (la ley federal) Promesa. Y adoptar presupuestos fiscalmente responsables es lo único que va a lograr que la Junta se vaya de una vez y por todas”.

Por último, Jaresko destacó que “estos gastos no son tipo de financiamiento que uno encuentra en un presupuesto de austeridad. Austeridad implica recortar programas, despedir gente. Y les recuerdo que no ha habido despidos en los pasados cuatro años ni se contemplan para este”.