La primera pieza legislativa del cuatrienio, de la autoría del senador popular José Luis Dalmau Santiago, se trata de una resolución concurrente que busca reconocer “la heroica labor de todos los profesionales de la salud” en respuesta a la pandemia de COVID-19.

La resolución fue presentada hoy al mediodía y está radicada en el contexto de la emergencia global causada por el coronavirus SARS-CoV-2. La medida ordena que se devele en el primer piso del Capitolio una placa que incluya los nombres de todos los profesionales de la salud que han perdido la vida a causa del virus.

“En la primera línea de defensa contra el COVID-19 están nuestros profesionales de la salud que han puesto su vida en riesgo al realizar heroicamente su trabajo, y defendernos a todos y todas de este letal virus. Han tenido largas jornadas de trabajo por meses, no han visto a sus familiares, han visto cómo otros compañeros han muerto, y no han cesado en su compromiso por salvaguardar la salud de todos los residentes en Puerto Rico”, reza la medida.

Hasta el momento, 13 enfermeras y enfermeros han muerto a causa del COVID-19, además de 11 médicos.

Leyes de cabotaje

La segunda medida presentada por Ramón Ruiz Nieves, solicita a la comisionada residente Jenniffer González Colón a realizar “todas las gestiones pertinentes y presente legislación ante el Congreso de los Estados Unidos de América para que Puerto Rico sea eximido de la aplicación de las leyes de cabotaje dispuestas en la Ley Jones de 1920″.

La exposición de motivos de la medida señala que la Ley Jones “limita el tránsito marítimo de Estados Unidos y sus posesiones y/o territorios”.

“Esto implica, que todo transporte marítimo entre nuestra Isla y cualesquiera otros puertos de Estados Unidos, tiene que realizarse en buques que hayan sido construidos y de matrícula norteamericana. En esencia, requiere que las mercancías transportadas entre los estados, territorios y posesiones de Estados Unidos sean a través de la marina mercante norteamericana; registradas o con franquicias otorgadas por autoridad de Estados Unidos; de tripulación de ciudadanos norteamericanos; y que los dueños de las embarcaciones sean personas naturales o jurídicas estadounidenses. Esto, nos obliga a utilizar exclusivamente la marina mercante de los Estados Unidos de América, la cual es la más costosa del mundo”.

La aplicación de las leyes de cabotaje en la isla, que supuestamente le cuestan a Puerto Rico $426 millones anuales, es respaldada por, entre otros sectores, los gremios que agrupan trabajadores de la industria marítima.

“No debe haber duda alguna que la Ley de Jones de 1920, es una legislación arcaica y proteccionista de unos intereses que se han perpetuado gracias a los beneficios económicos que la misma les provee. Es una legislación no apta para el Siglo XXI, que restringe el libre comercio entre las naciones, y una que desfavorece totalmente los postulados de oferta y demanda. Por otro lado, no debe existir temor alguno de que las compañías navieras bajo la protección de la Ley Jones de 1920 desaparezcan o se afecten, ya que si son eficientes y confiables los comercios que reciben sus servicios seguirán contratándolas, aún sin la aplicación de esa legislación restrictiva e independientemente de la eventual entrada de la debida y saludable competencia en nuestro mercado sobre dicha actividad”, sostuvo Ruiz Nieves.