El Senado dará prioridad en los próximos días a una medida que busca excluir a los convictos de agresión sexual en todas sus modalidades, secuestro y pornografía infantil, de ser evaluados bajo el programa de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), adscrito al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

El proyecto de la Cámara 2106 fue aprobado en votación unánime (47 votos) la pasada semana en la Cámara y hoy lunes, se le dará primera lectura en la sesión del Senado. La medida legislativa, de la autoría de la representante Jocelyne Rodríguez Negrón evitaría que convictos de estos delitos graves puedan ser considerados por la JLBP con el propósito de ser excarcelados y completar sus condenas en la libre comunidad.

La medida propone enmendar el Artículo 308 de la Ley 146-2012, según enmendada (Código Penal) y el Artículo 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada a los fines de reafirmar que las personas convictas por los delitos de agresión sexual en todas sus modalidades, -agresión sexual conyugal, actos lascivos, violación, sodomía, incesto-, secuestro, secuestro agravado y pornografía infantil, incluyendo sus tentativas, no podrán beneficiarse del privilegio de libertad bajo palabra, indistintamente de la fecha de la comisión del acto delictivo ni el código penal o la ley especial utilizada para dictar sentencia. Además, aclara que la Ley 85-2022 no aplicará retroactivamente a las personas convictas por estas actuaciones delictivas y que no surtirá efecto en el cálculo de su sentencia. El proyecto de ley fue radicado el pasado 9 de abril.

“Hay una preocupación muy grande en el país sobre estos casos recientes tanto de feminicidios como de ataques sexuales. La Cámara aprobó un proyecto y le vamos a dar prioridad. Se trata de un asunto sobre el cual el país está muy pendiente de cuáles son las medidas que sirvan para disuadir estos crímenes”, dijo ayer a Primera Hora el presidente del Senado, José Luis Dalmau, vía telefónica desde Orlando, Florida, donde participaba este fin de semana como invitado en las actividades del Desfile Puertorriqueño en esa ciudad.

Dalmau Santiago indicó que la pieza legislativa será evaluada por la Comisión de lo Jurídico, que preside el propio líder senatorial. “No tengo la pieza legislativa en mis manos, pero escuché el tema y lo que necesitamos es el análisis técnico”, agregó.

El legislador sostuvo que una vez la Comisión de lo Jurídico discuta la medida sus integrantes determinarán si habría necesidad de hacer el análisis del proyecto mediante memoriales o si sería llevado a vistas públicas. “No veo que la medida tenga problemas, pero hay que cumplir con el trámite legislativo. Creo que esta medida que sería un disuasivo, va a ser avalada (en el Senado). Todos los esfuerzos que podamos hacer para evitar estos casos van a contar con mi apoyo”, dijo Dalmau Santiago.

La autora de la pieza legislativa indicó por su parte, que espera que la medida sea aprobada con premura en el Senado y que el gobernador Pedro Pierluisi le imparta su firma.

La representante Rodríguez Negrón, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara, dijo que la medida busca hacer justicia a las víctimas de agresión sexual y de otros delitos. La legisladora indicó que antes de radicar la pieza de ley varias víctimas de un violador en serie condenado a 177 años de presidio y que busca ser evaluado en la JLBP se acercaron a su oficina legislativa. Sostuvo que se reunió con las víctimas y le “expresaron preocupación y el momento tan difícil que están pasando porque las están revictimizando en el proceso. Dijo también, que se reunió con la secretaria del DCR, Ana Escobar y con la JLBP.

“Esta pieza legislativa es radicada haciendo toda la investigación concerniente con el fin de que el gobernador pueda firmarla”, sostuvo Rodríguez Negrón.

“Hay que hacer justicia a las víctimas y es bien importante que se pueda poner un detente, porque ahora mismo hay un caso que es muy notorio y hemos estado evaluando en el proceso este caso -y previo a haber radicado este pieza legislativa- en el que hay una veintena de víctimas de agresión sexual que se están viendo afectadas en este momento porque ya este agresor está siendo evaluado para la posibilidad de ser liberado por la JLBP porque cumple con unos requisitos, y cabe destacar que esta persona es reincidente”, indicó Rodríguez Negrón.

Sostuvo que bajo los parámetros actuales de la Ley 85 de 2022 al cumplir con un mínimo de “20 ó 25 años de prisión estas personas pueden ser evaluadas por la JLBP para salir a la libre comunidad y lo que queremos es excluir estos casos de agresores sexuales y que cumplan la sentencia completa que les dicta el tribunal”.

La legisladora expresó que la medida legislativa busca que los agresores que cometen estos crímenes “lo piensen dos veces antes de incurrir en este tipo de conducta tan cruel y tan dura de sanar para las víctimas, no tan solo mujeres porque también hay hombres, niños y ancianos que han pasado por este tipo de situación”.