El Procurador del Ciudadano, Edwin García Feliciano, denunció la nueva estructura tarifaria de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que implicaría un aumento en el costo del servicio del agua potable a partir del próximo 1 de julio.

Cuestionó, además, la razón por la que “se le exige al ciudadano compensar con su bolsillo la ineficiencia de las agencias, corporaciones públicas o empresas que rinden servicios esenciales”, pues exigió un detente para proteger el presupuesto del hogar.

“Ni un aumento más debe ser la consigna. No podemos permanecer indiferentes a que sea el ciudadano el que siempre tenga que sacrificarse, mientras las corporaciones se echan hacia atrás esperando que sea este el que rescate sus operaciones. ¿Pero cómo?”, cuestionó.

Según la directora ejecutiva de la AAA, Doriel Pagán Crespo, un cliente residencial con servicio de agua y alcantarillado consumiendo 10 metros cúbicos o menos al mes, pagaría $28.15 o $1.33 más que el costo actual por ese nivel de consumo. Asimismo, un cliente comercial con consumo de 10 metros cúbicos o menos, vería un aumento de $2.64 en su factura mensual, pasando a pagar $55.99 al mes.

Otros podrían ver una reducción en los costos, como es el caso de un cliente residencial con servicio de agua y alcantarillado consumiendo 13 metros cúbicos al mes, quien pagaría $44.17 o $2.80 menos al costo actual por ese nivel de consumo.

Entre los cambios que contempla la nueva estructura tarifaria figura la incorporación del Cargo Por Cumplimiento Ambiental y Regulatorio y el Cargo Especial al cargo base y cargos por consumo. Según la AAA, de esta manera se simplifica la factura y se lleva la estructura tarifaria a los estándares de la industria incluyendo sólo dos conceptos, un cargo base y cargos por consumo.

García Feliciano rechazó que se le imponga este aumento al consumidor “principalmente para compensar el líquido que pierde la corporación por hurto, averías, salideros o roturas”.

“Me parece curioso que la corporación no muestre agilidad en atender las reparaciones, porque las cubre pasándole el costo al ciudadano. ¿Cómo se pretende condonar la ineficiencia castigando al que debe recibir un servicio de excelencia y calidad?”, dijo al recordar que la propuesta inicial de aumento solo alcanzaba el 2% y nunca estuvo bajo discusión llegar al 5%.

También criticó que las acometidas, que miles de ciudadanos hacían por esfuerzo propio, ahora la AAA les pretende imponer un cargo de $1,800.

Explicó que esto es un costo añadido de $1,100 sobre lo que cuesta en la actualidad al abonado residencial y de $2,097 por lo que paga ahora el comercial y que el cargo será obligatorio, “porque ya nadie podrá hacerlo por su cuenta, como suele ocurrir ahora en proyectos o sectores marginados y en desventaja social”.

“Otro ejemplo de lo que es insensibilidad con los dueños del patrimonio que administra la Autoridad”, declaró, al tiempo que alertó se impactará significativamente el costo de las viviendas.

Por su parte, Pagán Crespo instó a los clientes a enviar sus comentarios sobre las recomendaciones del oficial examinador. Tendrán hasta el próximo 26 de mayo para someter sus comentarios al correo electrónico tarifas2022@acueductospr.com o mediante correo postal a la dirección PO Box 360181, San Juan, PR 00936-0181.

También señala a LUMA

García Feliciano también señaló a LUMA Energy, al estimar que “cuya única razón de existencia fue supuestamente, atender la ineficiencia que se le adjudicaba a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”, pero que “la realidad práctica es que nadie está satisfecho con esta operación, pero el consorcio no vacila en solicitar constantes aumentos para compensar pérdida de ingresos”.

Señaló, además, que, tras semanas de trabajo legislativo para lograr dar paso a una moratoria en la crudita, se sigue sangrando el bolsillo del ciudadano porque el anunciado alivio no llega.

“Si el impedimento son errores en la legislación, nada puede impedir que en un proceso ‘fast track’ se elimine el contratiempo. El pueblo lo espera”, acotó.

Por lo tanto, defendió nuevamente la creación de un fondo de mitigación de $200 millones, para ayudar al ciudadano mientras siga la crisis del petróleo causado por la guerra en Ucrania. Este fondo podría nutrirse del exceso de los ingresos que produce la crudita.

“El pueblo vive desesperado mientras nada detiene esta tragedia. Urge un consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo para ponerle fin a estos abusos. ¿Hasta cuándo?”, acertó.