La Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) anunció que la agencia comenzará una nueva ronda de fiscalización para velar por el cumplimiento de los Planes de Acción Afirmativa requeridos bajo la Ley 212 de 1999, para Garantizar la Igualdad de Oportunidades de Empleo por Género.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas por la procuradora Lersy Boria Vizcarrondo, al momento todavía hay agencias y municipios que todavía no han cumplido con esos planes para el año 2020.

“Aunque el estado de derecho vigente en Puerto Rico es favorable a la equidad, el discrimen por razón de género en el empleo persiste y muchas ocupaciones continúan segregadas a base de esta motivación. Los Planes de Acción Afirmativa (PAA) buscan establecer un andamiaje detallado para que cada dependencia ejecutiva y municipal pueda garantizar la falta de discrimen contra las mujeres en el ámbito laboral”, comentó Boria en declaraciones escritas.

La próxima ronda de fiscalización tendrá lugar de julio de 2021 al 2025.

Según Boria, “esto forma parte del compromiso de esta administración para educar y ejecutar programas de protección, prevención y orientación contra la violencia de género. Muchos más servicios disponibles y dirigidos a apoyar las víctimas”.

“El gobernador de Puerto Rico ha sido enfático en que la violencia de género es una prioridad. Continuamos atentos y disponibles para asistir a las agencias gubernamentales, así como la empresa privada a cumplir con su deber. El establecimiento de estos planes es importante y aportará a demostrar el compromiso del gobierno con un espacio laboral libre de discrimen”, agregó Boria.

De acuerdo con la comunicación de la OPM, los municipios que incumplieron con la entrega de correcciones del PAA para el año 2020 fueron Aguadilla, Añasco, Arecibo, Dorado, Maricao y Toa Baja. También incumplió la Defensoría de Personas con Impedimentos.

Por otro lado, incumplieron con entregar el informe anual de la Ley 11 de 2009 los municipios de Añasco, Comerío, Naguabo y Patillas, así como la Administración de Servicios Generales, la Autoridad de Transporte Integrado, la Comisión de Juegos, La Compañía de Comercio y Exportación, la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, el Negociado de la Policía y la Oficina (Central) de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).

Según la OPM, “en comparación con los hombres, las mujeres ocupan posiciones de menor remuneración y estatus; tienen menos oportunidades de desarrollo y progreso; están discretamente representadas en los niveles gerenciales y de supervisión; y reciben un ingreso inferior aun cuando se desempeñan en ocupaciones de valor comparable”.

Además, la mujer es afectada de manera particular por el hostigamiento sexual y otras modalidades de discrimen asociadas a su condición de mujer, que tienen que ver “con su funcionamiento reproductivo, el embarazo, el alumbramiento, la crianza de los hijos y la llamada doble jornada de trabajo junto a las obligaciones sociales y familiares atribuidas a su género, tales como el cuido de adultos mayores y de familiares enfermos, entre otros”.