La aprobación de las guías de pensión alimentaria dejaría de ser una potestad de la Administración para el Sustento de Menores (Asume), y pasaría a manos de una comisión multisectorial que contaría con representación de padres o madres custodios y no custodios, con custodia compartida o con el hogar "intacto".

Ello, si se convierte en ley un proyecto presentado este lunes por el representante popular Carlos Vargas Ferrer, que no solo crearía el nuevo organismo, sino que le daría fuerza de ley a algunas definiciones de uso común en los procesos de alimentos que hoy se utilizan por disposición reglamentaria.

Vargas Ferrer, uno de los principales críticos de la gestión de Asume, aseguró que el Proyecto de la Cámara 2077 no busca minar la función de esa instrumentalidad pública, pues dejaría en sus manos la preparación de las guías mandatorias de alimentos, sino que aumentaría la participación de diversos sectores en el proceso a través de la comisión.

 "No se le resta la facultad a la Asume de preparar las guías. Todo lo contrario, se sigue reconociendo su peritaje sobre el tema. No obstante, debido al alto interés público que revisten las guías sobre el País, debe ser política pública integrar a todas las ramas de Gobierno y a otros sectores profesionales, académicos y privados en la discusión", comentó el legislador durante una conferencia de prensa.

La Comisión para el Análisis y Aprobación de las Guías Mandatorias estaría compuesta por 15 integrantes, entre los que figuran progenitores custodios, no custodios, con custodia compartida y que continúen la vida en pareja.

"De esa forma, nos aseguramos que los miembros de todas las estructuras familiares estén representados en la comisión", subrayó el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

Completan el grupo propuesto jueces, oficiales administrativos, un contador público autorizado, un abogado litigante, el titular de la Asume, el director ejecutivo de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), oficiales examinadores, especialistas en pensiones y dos miembros de la Asamblea Legislativa. Todos serían designados por el Ejecutivo, la Legislatura y la Rama Judicial. Hoy el proceso lo encabeza Asume en coordinación con la OAT.

Vargas Ferrer resaltó que el modelo que persigue implementar cobraría efecto el próximo cuatrienio, por lo que no alteraría la revisión de las guías que ya comenzó la Asume. Enfatizó que la pieza legislativa establecería fechas específicas para aprobar las nuevas guías, pues al presente se supone que ocurra cada cuatro años, y las guías vigentes datan del 2006.

"Esta comisión que sugerimos tiene que estar nombrada antes del 30 de junio del 2017. Tan pronto se inicie la nueva administración, la que sea, el administrador de Asume tiene que estar claro que lo primero que tiene que hacer es activar esta comisión y revisar las guías", sostuvo Vargas Ferrer.

De esa forma y de manera subsiguiente, cada segundo año de una nueva administración o de un Gobierno que revalide, las guías mandatorias de pensiones alimentarias deben quedar aprobadas al 30 de junio.

El proyecto de ley incorpora términos que hoy se manejan de manera reglamentaria como "pensión alimentaria básica" y "pensión suplementaria", así como "reserva mínima", "imputación de ingresos", "persona custodia" y "persona no custodia", el concepto "menor", "gastos suplementarios", entre otros.

También define el término "dependiente" como todos aquellos hijos de la parte alimentante, y obligaría a que en el cómputo de la pensión alimentaria básica se realice un ajuste para incorporarlos a todos.

Incluye, además, el concepto "pensión alimentaria adicional", que se aplicaría en aquellos casos en el que un padre o madre alimentante oculte alguna fuente de ingresos con la intención de que el cómputo de su obligación sea más bajo. En esos casos, a discreción del tribunal, se le ordenaría pagar una cantidad de dinero adicional equivalente al 10% de la suma total de la pensión alimentaria básica o suplementaria, según aplique. Este nuevo pago estaría vigente por 12 meses.

De igual forma, Vargas Ferrer propuso que las vistas públicas que se realicen para discutir el borrador de las guías se celebren en instalaciones municipales en lugar de en los tribunales.

Según datos provistos por el representante durante la rueda de prensa, en Estados Unidos, en 25 jurisdicciones la responsabilidad de ratificar las guías de pensiones alimentarias recae en las legislaturas estatales, en 18 se establecen mediante acción judicial, y en siete se determinan a través de una agencia del Ejecutivo, como ocurre en Puerto Rico.