La Federación de Alcaldes de Puerto Rico celebró la presentación en el Senado de su petición que permitiría incorporar policías estatales retirados a los cuerpos municipales sin suspenderles la pensión y con una remuneración por sus servicios.

El líder del organismo y alcalde de Camuy, Gabriel “Gaby” Hernández, se refirió al proyecto de ley Núm. 1595, presentado por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, que se basa en un reclutamiento voluntario.

“Los municipios necesitamos personal para cubrir turnos, retenes, mantener el patrullaje y atender las llamadas de emergencias de los ciudadanos. Esta medida permitiría incorporar policías con experiencia que todavía tienen la capacidad y la disposición de servir, sin exigirles que renuncien a su pensión. Contar con esos agentes ayudaría a reforzar la vigilancia en las comunidades y la respuesta a emergencias, servicios que tienen un efecto directo en la seguridad y la calidad de vida de nuestros residentes”, explicó Hernández.

La medida crearía el Programa VALOR, “cuyo propósito es atender las necesidades de personal municipal mediante el reclutamiento voluntario de oficiales retirados y facilitar que estos complementen sus ingresos y, cuando el empleo tenga la cobertura federal correspondiente, completen sus créditos del Seguro Social”.

El programa, indicó Hernández, admitiría a pensionados del sistema de rango de la Policía de Puerto Rico que se hayan retirado por edad o años de servicio y lleven al menos un año fuera del servicio activo.

“Al solicitar inicialmente, tendrían que acreditar un mínimo de 27 y menos de 40 créditos del Seguro Social. La participación sería voluntaria para el retirado y para el municipio. El proyecto no establece edad mínima ni máxima, pero exige aprobar evaluaciones físicas, mentales, psicológicas y de conocimientos policiales. Excluye a pensionados por incapacidad y requiere cumplir las condiciones sobre antecedentes, investigaciones pendientes, conducta y autorización para poseer y portar armas”, añadió el líder de los alcaldes azules.

“La experiencia del oficial permite aprovechar una preparación en la que Puerto Rico ya invirtió. Aun así, cada aspirante tendría que demostrar que puede ejercer las funciones policiales y que conoce las normas vigentes. La evaluación y la certificación quedarían a cargo de la policía estatal, mientras el municipio asumiría la supervisión de su trabajo dentro del cuerpo”, sostuvo Hernández.

La Policía tendría 60 días para resolver las solicitudes completas de certificación de elegibilidad. Ese documento duraría dos años y su renovación requeriría repetir las evaluaciones. Además, la agencia convalidaría la preparación previa del participante y podría exigir un curso de actualización de hasta 40 horas, junto con la educación continua correspondiente. Los alcaldes efectuarían los nombramientos especiales a propuesta de sus comisionados municipales, mediante contratos escritos de hasta un año, renovables según la certificación y los fondos disponibles. Los participantes ejercerían como agentes municipales, con rango, uniforme, placa y facultad para efectuar arrestos, sujetos a la cadena de mando y a las normas de disciplina y uso de la fuerza.

En cuanto a la remuneración, el retirado conservaría íntegra su pensión y el municipio pagaría por los servicios del nuevo puesto. El pago municipal, independientemente de la pensión, tendría que cumplir con el salario mínimo y las horas extras aplicables y no podría exceder la remuneración asignada al rango municipal. Por ello, la suma de pensión y remuneración no equivaldría necesariamente al antiguo sueldo en todos los casos. El empleo podría ser a tiempo completo o parcial.

“Cada municipio evaluaría cuántos agentes necesita y qué puede pagar con su presupuesto. La propuesta establece una remuneración por el trabajo y mantiene la pensión a cargo de la entidad de origen. Eso permite considerar el reclutamiento sin trasladar al ayuntamiento la obligación de retiro del participante”, detalló el ejecutivo municipal.

Los municipios financiarían los empleos con fondos propios presupuestados o propuestas federales mediante ordenanza y reembolsarían a la Policía el costo de las evaluaciones de los participantes que nombren. El cargo PayGo permanecería en la entidad de la cual se retiró el agente. El nuevo servicio no aumentaría la pensión gubernamental ni generaría beneficios adicionales en ese sistema de retiro.

“Hay retirados que necesitan completar sus créditos y el programa busca ofrecerles esa oportunidad mediante un empleo municipal. Para hacerlo, primero hay que confirmar la cobertura del puesto e informar al participante. Esa orientación debe ocurrir antes de que acepte el nombramiento, para que conozca si el trabajo le permitirá avanzar hacia ese beneficio”, indicó.

La medida también exigiría que los municipios informen anualmente cuántos participantes nombraron, sus rangos y funciones, las horas trabajadas, la remuneración y las fuentes de fondos. El superintendente consolidaría los resultados y los remitiría a la asamblea legislativa para evaluar la operación del programa.