El presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez, anunció la radicación de nueve proyectos de ley ante el Senado con el fin de atender asuntos fiscales, administrativos y de desarrollo local que impactan directamente a los 78 municipios de la isla.

Durante una conferencia de prensa, el también alcalde de Camuy explicó que las medidas legislativas fueron diseñadas para garantizar la continuidad de servicios esenciales y fortalecer la sostenibilidad económica de los gobiernos municipales. Según Hernández Rodríguez, las propuestas también buscan promover mayor eficiencia, autonomía y transparencia en la administración pública local.

Uno de los proyectos más destacados propone congelar la aportación al Fondo de Redención del 1.03%, un mecanismo que transfiere parte de los recaudos del CRIM al pago de la deuda del gobierno central. La medida establecería un tope de $126.7 millones, lo que representaría un ahorro de $7.9 millones anuales para los municipios, especialmente tras la eliminación del impuesto al inventario sobre medicamentos recetados que les costó más de $21 millones en ingresos.

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Otra propuesta clave es enmendar el Código Municipal para que el CRIM asuma la cobranza de la patente municipal por servicios de telecomunicaciones prestados fuera de Puerto Rico, actualmente administrados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esta enmienda permitiría a los municipios recibir directamente esos recaudos, estimados en $1.1 millones anuales, y acceder a $2.4 millones acumulados entre 2020 y 2025 que permanecen sin utilizar.

“Los municipios transfieren más de $450 millones al gobierno central, incluyendo aportaciones a ASES, al PayGo y otras instrumentalidades, y no podemos permitir que, mientras se aprueban leyes de alivio contributivo, se vacíen las arcas municipales sin ofrecer una compensación justa. Queremos proteger los recursos y servicios de los 78 municipios por el bienestar de la ciudadanía”, dijo.

Entre las medidas presentadas también se incluyen propuestas para mejorar la seguridad y salubridad municipal, como autorizar a los ayuntamientos a recoger neumáticos desechados directamente desde las gomeras y cobrar por el servicio, y reconocer formalmente al comisionado de la Policía Municipal como funcionario del orden público. Esta última medida también establece el cargo de subcomisionado para fortalecer la estructura jerárquica de las policías municipales.

Además, se presentó una reforma técnica al Código Municipal de 2020 para simplificar procesos internos y fomentar la descentralización, así como una enmienda a la Ley de ASES para evitar el pago doble de aportaciones patronales. Finalmente, se propuso que el CRIM reciba todos los ingresos por licencias de máquinas de juegos de azar, con el objetivo de distribuirlos de manera uniforme entre los municipios conforme a la Ley 53-2021.