El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón radicó legislación para que la Cámara de Representantes investigue la compra venta de dos parcelas en terrenos de la reserva natural Punta Bahía Ballena, en Yauco.

La Resolución de la Cámara 723 ordena a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales del cuerpo legislativo a realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto ambiental que tendría la construcción en estas tierras protegidas, que son hábitat de especies endémicas en peligro de extinción y la viabilidad de que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) adquiera estos terrenos mediante expropiación forzosa o compraventa.

“Resulta imprescindible actuar afirmativamente en protección del ambiente y de nuestros recursos naturales. Lo contrario implica exponer a las generaciones futuras al peligro de sufrir daños exponenciales en términos de seguridad humana e integridad ecológica. A esos efectos, es responsabilidad de la Asamblea Legislativa establecer una política pública clara, inequívoca y estricta para proteger nuestra zona costanera”, indicó el autor de la pieza legislativa.

En su edición del pasado 28 de marzo, Primera Hora reseñó que las dos parcelas, de cinco cuerdas fueron adquiridas en febrero pasado al precio de $1millón por un puertorriqueño residente en La Florida, José Albino Rodríguez y un amigo de éste, natural de la India.

Albino Rodríguez confirmó a este diario que tiene planes de construir residencias eco amigables en los terrenos de la zona protegida en Punta Ballena, una de las tres reservas naturales del Bosque Seco de Guánica, que también se extiende a terrenos de Yauco y Guayanilla.

El biólogo, Miguel Canals Mora, quien por muchos años era el encargado del Bosque Seco, fue quien levantó bandera sobre la venta de las dos parcelas, lo que también ha generado oposición de organizaciones ambientalistas como Protectores de Cuencas y Para la Naturaleza. Además, se expresó en contra, el alcalde de Yauco, Luis (Luiggi) Torres.

Canals Mora alertó que cualquier construcción en la reserva natural podría afectar el ecosistema del sapo concho, el guabairo, el lagartijo de rabo azul, el lagartijo del Bosque Seco, el tinglar y otras especies endémicas amenazadas.

El biólogo sostuvo que por 20 años el DRNA trató de adquirir la titularidad de estos terrenos que permanecían en manos privadas, pero no logró hacerlo a través del Programa Patrimonio Natural.

Márquez Lebrón sostiene en la exposición de motivos de la medida legislativa que históricamente las comunidades y científicos dedicados a estudiar y preservar los recursos naturales del archipiélago puertorriqueño han advertido sobre los riesgos que presentan las construcciones en las costas.

“Para atender esta problemática, radicamos proyectos de ley para establecer la política pública del gobierno de Puerto Rico sobre la protección, administración y manejo sabio de la zona costanera y para establecer una moratoria de construcción en la zona costanera. Estas medidas legislativas responden a la necesidad de atender el aumento desmedido y desregulado de construcciones y proyectos que ponen el peligro nuestros recursos naturales”, indicó el legislador.

“La más reciente amenaza de destrucción de nuestra zona costanera surge con la venta de dos parcelas que componen 10 cuerdas de terreno dentro de la Reserva Natural de Bahía Ballena en la colindancia entre Guánica y Yauco con el propósito de construir viviendas privadas. Bahía Ballena fue designada Reserva Natural por el DRNA y la Junta de Planificación. Los dos terrenos adquiridos se encuentran enclavados dentro de tres reservas naturales: al norte, la Reserva Natural de la Biósfera de Guánica, hacia el sur la Reserva Marina de Guánica y al oeste la Reserva Natural de Bahía Ballena”, sostiene Marquez Lebrón en la pieza legislativa.

De ser aprobada la resolución, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara tiene un término de 90 días para rendir un informe.