Un alto índice de pobreza que ronda el 40%, el hambre y la inseguridad alimentaria, representan grandes desafíos en el Puerto Rico del siglo 21, convergieron ayer economistas y portavoces de organizaciones comunitarias que, a diario, asisten con alimentos y otros servicios de primera necesidad a personas y comunidades vulnerables en el país.

El economista y catedrático de la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), José Caraballo Cueto, uno de los ponentes en el foro “Tenemos hambre de soluciones”, propuso varias medidas para atajar la falta de alimentos y la pobreza, entre ellas, revivir la propuesta de la fenecida ex primera dama, Luisa “Piti”, Gándara de imponer un impuesto a las bebidas carbonatadas, reducir el impuesto de ventas sobre uso (IVU) de 11.5% a 10% y, por la vía administrativa, que a las personas que se benefician de la reforma de salud se les permita trabajar sin que se “les penalice” por recibir asistencia social.

“El modelo actual de ponerlos a escoger entre el programa social o trabajar no está funcionando y por eso tenemos unas tasas de pobreza tan altas en Puerto Rico”, subrayó Caraballo Cueto en el foro auspiciado por el Banco de Alimentos que se celebró en el Centro para Puerto Rico, en Río Piedras.

El economista dijo que extender el alcance de la reforma de salud daría flexibilidad a muchas personas de ocupaciones de bajos ingresos, como cajeros, despachadores, meseros y trabajadores de la construcción no diestros.

“Por ejemplo, una persona que quiera ir a trabajar a un proyecto de construcción le van a pagar $15 o más la hora y eso, automáticamente, lo descalifica del programa de Medicaid en Puerto Rico, que aquí le dicen la reforma. La persona tiene que escoger entre trabajar tres, seis meses en ese proyecto y quedarse permanentemente sin el acceso a la salud o por lo menos varios años, o quedarse en la economía informal” indicó.

Detalló que, en la esfera federal, la propuesta se conoce como Welfare to Work y “se está haciendo ahora mismo con los trabajadores agrícolas”.

El economista también emplazó a legisladores a que revivan la propuesta que impondría un gravamen a las bebidas carbonatadas y esos recaudos utilizarlos para asistir a los comedores sociales y bancos de alimentos en su encomienda de reducir el hambre en Puerto Rico.

“Vamos a penalizar lo que no alimenta para hacer disponible comida que sí alimenta”, dijo al lanzar la propuesta a la Legislatura.

Caraballo Cueto dijo que la última vez que se midió el hambre en Puerto Rico fue en 2015.

“Lo hizo el Instituto de Estadísticas y encontró que el 22% de la población en Puerto Rico pasa hambre al menos una vez al día y esto fue en el 2015, cuando no había desastres ni pandemia”, sostuvo el académico, quien además abogó por que en situaciones de emergencia por desastres no se cierren los comedores escolares.

“Cuando cierran los comedores escolares lo que se hace es aumentar sobre todo el hambre en la niñez, y mi propuesta es que cuando hay desastres, en vez de cerrar el comedor lo que tienes es que ampliarlo, para que personas que no sean miembros de la comunidad escolar también puedan ir a recibir un plato de comida”, aseveró y destacó que además del acceso a la comida, también se debe medir la calidad nutricional.

“En la medida en que los precios son altos, las personas empiezan a consumir bienes de menos calidad y eso también puede repercutir en condiciones de salud como la diabetes, entre otras, en el futuro y al final, eso le cuesta al gobierno”, sostuvo.

Dijo que si no se toman medidas “vamos a seguir viendo la persistencia de esa pobreza alta en el país que incluso en medio de este crecimiento económico en Puerto Rico, está creciendo la pobreza y eventualmente, eso nos afecta a todos de una forma u otra”.

Agregó que si una persona tiene un negocio y no consigue empleados se afecta su producción, si hay más pobreza aumentan los problemas sociales y el éxodo de la población.

En torno al IVU, el economista sostuvo que por tener un impacto regresivo tiene un impacto mayor sobre las personas más desventajadas.

“Las clases sociales más bajas lo pagan en una proporción mayor, así que reducir el IVU es ayudar a las clases sociales más bajas en este período de inflación”, dijo para agregar que muchas personas han tenido que reducir su consumo de alimentos por los altos precios de los alimentos.

La directora ejecutiva del Banco de Alimentos de Puerto Rico, Mary Jo Laborde, expuso que en la isla hay inseguridad alimentaria.

Dijo que hoy día, cuatro de cada diez niños, no tienen una sana alimentación. “Nosotros tenemos un programa que se llama la Mochila Alegre, que atiende ese problema, niños cuya única comida caliente en el día es la que reciben en el comedor escolar. Por eso en el panel se planteó la importancia de no cerrar los Comedores Escolares en situaciones de emergencia porque hay miles de niños que dependen de esa alimentación”, recalcó Laborde.

El director ejecutivo de Comedores Sociales de Puerto Rico, Giovanni Roberto, quien asistió como espectador, por su parte, dijo que tras el huracán María y la pandemia ha aumentado la demanda de comida caliente y de repartición de alimentos en comunidades pobres.

“Nosotros tenemos un programa en el que repartimos compras gratuitas en Caguas y todas las semanas recibimos como 10 a 15 solicitudes semanales y las solicitudes de otras comunidades organizadas también se han ampliado. La semana que viene vamos a visitar un grupo en Yabucoa que está tratando de organizar un comedor”, agregó el líder comunitario.