La gobernadora Jenniffer González Colón informó este lunes la firma de dos medidas legislativas que fueron convertidas en ley.

Según explicó la mandataria mediante declaraciones escritas, las piezas legislativas convertidas en ley fueron el Proyecto del Senado 318 y el Proyecto del Senado 372.

En particular, el Proyecto del Senado 318, de la autoría del senador Juan Oscar Morales Rodríguez y la coautoría del senador Rafael Santos Ortiz, enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, conocida como la “Ley del Departamento de Salud”, para facultar al secretario de Salud a ordenar la expedición de licencias provisionales a profesionales de la salud y médicos cuando exista una emergencia de salud pública declarada por el presidente de los Estados Unidos, la gobernadora de Puerto Rico o el propio secretario de Salud.

“Con esta legislación aseguramos que Puerto Rico cuente con las herramientas necesarias para responder con agilidad y eficacia ante emergencias de salud pública. La protección de la salud de nuestra gente requiere que podamos ampliar rápidamente la disponibilidad de profesionales capacitados cuando más se necesitan”, expresó González Colón en declaraciones escritas.

Por su parte, el Proyecto del Senado 372, de la autoría del senador Carmelo Ríos, enmienda la Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico con el propósito de “fortalecer los procesos de licitación y contratación gubernamental”.

Según detalló la mandataria, entre las disposiciones principales de la Ley 118-2026 se encuentra la definición formal de “licitador participante”, limitando esa categoría a aquellos proponentes que hayan cumplido con todos los requisitos establecidos y presentado sus ofertas dentro del término dispuesto. Asimismo, establece que cuando una oferta sea rechazada por haberse presentado fuera del plazo establecido, dicha determinación constituirá una decisión final para ese licitador, iniciando desde ese momento el término para presentar cualquier impugnación correspondiente.

“Esta legislación muestra la transparencia, la sana administración pública y la protección del dinero de los contribuyentes. Al establecer reglas claras para los procesos de subasta, garantizamos mayor certeza jurídica, competencia justa y una gestión gubernamental más eficiente”, cerró diciendo la primera ejecutiva del país.