El secretario de Salud, Lorenzo González, rechazó que sea “letra muerta” el reglamento que firmó recientemente para imponer penalidades de $100 a ciudadanos que incumplan con el uso de mascarillas y otras directrices de prevención ordenadas por el gobierno para desacelerar los casos de COVID-19, pero las incongruencias entre las agencias son la orden del día y no hay evidencia de que se haya emitido al menos una multa a estos fines.

“Ya estamos garantizando que se cumpla con la orden y con la ley… te puedo decir que no es ninguna letra muerta. En las 13 regiones policiacas ya se están emitiendo multas”, aseveró el secretario de Salud.

En cambio, no pudo precisar la cifra de penalidades impuestas al momento desde que la orden ejecutiva 2020- 062 entró en vigor el pasado 22 de agosto. En el Negociado de la Policía tampoco se ha podido corroborar el dato. De hecho, el titular de la agencia, Henry Escalera, aseguró a este diario que todavía no están del todo preparados y la orden ejecutiva vence el 11 de septiembre.

Sin embargo, González sostuvo que después de varias reuniones efectuadas con varias agencias se llegó a un acuerdo en el que se determinó que las multas por violación al Reglamento 9210 -firmado el pasado 21 de agosto- es que sea la policía estatal el que emita la penalidad mediante unas boletas, cuya información será transferida a una plataforma en el Departamento de Salud y, posteriormente, pasaría a un proceso de cobro con el Departamento de Hacienda.

“Ya la policía tiene impresas las libretas de dar los boletos y esa información recogida en las boletas la vamos a ingresar a través de Salud en una plataforma que va directo a Hacienda. Antes se había contemplado que la multa se adjudicara a la licencia de conducir, pero decidimos que no. Así que el Departamento de Transportación y Obras Públicas ya no está en este panorama. Ahora es Hacienda, directamente, el encargado del cobro. Y esto como funciona es que la persona tiene que proveer su seguro social o licencia de conducir y si no emite su pago, pues tendría una deuda con Hacienda. Y en el caso de los turistas, que yo sé que esa era una preocupación, la persona aparecerá con una deuda con el gobierno de Puerto Rico y le afectará su estado crediticio”, dijo al agregar que lo recaudos provenientes de las multas irán al Fondo General.

Sin embargo, el comisionado del Negociado de la Policía dijo que aun cuando la agencia está preparada para hacer valer la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced la logística no está del todo completada.

“Ya el Departamento de Salud trabajó la plataforma para que los policías entren la información de las multas por no utilizar mascarillas y fue instalada en las 13 comandancias. Una vez a la semana se entregarán los boletos a personal de Salud. Al momento, el Departamento de Hacienda realiza las gestiones para implementar el sistema de cobro. Los policías utilizarán la libreta que de ordinario utilizan para expedir faltas administrativas por violación a la Ley 22, mientras se imprimen los boletos para estos fines”, indicó a este diario indicando que el proceso de emitir multas no ha comenzado todavía.

Primera Hora había adelantado que el nuevo reglamento que impone multas a los residentes o visitantes de la isla que no utilicen mascarillas en los lugares públicos o establecimientos – como una medida de prevención para desacelerar los contagios de COVID-19 en Puerto Rico- tenía algunas lagunas que debían ser resueltas. De hecho, el mismo secretario de Salud lo reconoció en una entrevista con este diario. En el caso de los ciudadanos la multa es de $100 y debe pagarse en 72 horas pues de lo contrario la cifra se duplica a $200. En el caso de los comerciantes la penalidad es de $500.

“El reglamento lo tenemos desde el domingo (23 de agosto) pero hay una logística que hay que aclarar. Por ejemplo, el interés es que la multa la genere la Policía de Puerto Rico y que la misma se adjudique a la licencia de conducir -como si fuera una multa de tránsito-, involucrando al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y que esa multa la cobre el Departamento de Hacienda. Pero, ¿qué va a pasar con los que no tengan licencias o con los turistas que incumplan? Con eso estamos bregando porque queremos garantizar que sea un reglamento efectivo y que no sea letra muerta”, sostuvo entonces González.

Reiteró que multar a los ciudadanos y comercios que incumplan es “la dirección correcta” para disciplinar a todos aquellos que no siguen las medidas y protocolos de distanciamiento y prevención de contagios de coronavirus que ha impuesto el gobierno mediante órdenes ejecutivas.

“Otro asunto que estamos discutiendo es qué hacemos con los niños menores… saber si se va a consultar con el Departamento de la Familia, por ejemplo”, agregó sobre el documento que sí tiene explícito que en el caso de que el infractor sea un menor de edad, será el tutor el responsable del pago de la multa.

El Reglamento 9210 dispone que a pesar de los esfuerzos del gobierno para prevenir y detener la propagación del COVID-19, se ha tenido que recurrir a medidas más restrictivas para garantizar que toda persona que esté fuera de su hogar -sea en espacios libres o cerrados- utilice la mascarilla. El uso de este producto protector no se requiere mientras se transite en un automóvil o cuando se encuentre acompañado únicamente de los miembros de la misma unidad familiar.

“El Gobierno de Puerto Rico ha llevado a cabo todos los esfuerzos y medidas necesarias para prevenir y detener la propagación del COVID-19, para salvaguardar la salud, la vida y la seguridad de los residentes de Puerto Rico. Sin embargo, esta enfermedad continúa amenazando nuestra seguridad. Así también, hemos visto como algunos residentes y visitantes ignoran las directrices impartidas por las autoridades, y no siguen las regulaciones impartidas con el propósito de evitar la propagación de este mortal virus”, lee la reglamentación.

“Ante las dificultades presentadas, urge establecer medidas más restrictivas para la protección de la salud pública de todos en Puerto Rico. Asimismo, es imperativo establecer, de forma clara y contundente, las consecuencias del incumplimiento con tales medidas”, se agrega en el documento que, además del uso de mascarilla, hace hincapié en que todo ciudadano debe guardar distanciamiento social de más de seis pies.

El reglamento también refuerza que los ciudadanos se abstengan de coordinar o participar en eventos o actividades que impliquen la conglomeración de personas sin el debido distanciamiento social. Además se reitera que cualquier persona expuesta a una persona con diagnóstico de COVID-19 debe notificar inmediatamente a su patrono y al Departamento de Salud. También puede llamar al Sistema de Vigilancia Epidemiológico de los municipios.